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Libro recoge las miradas de una treintena de especialistas:

Académicos UC arremeten en los puntos críticos del debate educacional

domingo, 10 de enero de 2016

Mariela Herrera Muzio
Reportajes
El Mercurio

Dicen que algo pasa. Participan en todas las comisiones e instancias de discusión del Gobierno y el Congreso, pero el resultado final en materia de reformas está lejos de recoger todas sus propuestas y advertencias. Por eso, ahora toman la palabra.



U n libro de seiscientas setenta páginas en el que se analizan, critican y proponen temas educacionales. Ese fue el resultado de un trabajo que se inició en septiembre de 2015, cuando el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, convocó a una treintena de académicos de la casa de estudios para que abordaran uno de los temas que ha cruzado el debate público en los últimos años: las reformas en el sistema educacional.

"Ideas en Educación: Reflexiones y Propuestas desde la UC" es el nombre del texto -de la Colección de Estudios de Educación que realizan el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) y Ediciones UC-, y será lanzado pasado mañana en la casa central de la universidad. En paralelo, el rector enviará el libro a ministros, parlamentarios, otras casas de estudios y diversos centros de pensamiento. "La idea es aportar con insumos para el proyecto de educación superior y para los cambios en curso o que se han hecho en los distintos niveles de la educación", explica Sánchez, quien se apura en precisar que el texto, donde participaron ocho facultades, no pretende ser una visión oficial de la UC, sino que distintas visiones que conviven en el plantel. Precisamente por eso se convocó a académicos representativos de diversas miradas.

El rector y cinco especialistas que participaron en el libro: Lorena Medina, Judith Scharager, Jorge Manzi, Ignacio Irarrázaval y Ricardo Rosas, explicaron a "El Mercurio" lo que les preocupa en el tema educacional.

-¿El mundo universitario no está al debe en este debate? Pareciera haber dejado más espacio a gremios como el Colegio de Profesores o federaciones de estudiantes.

-Medina: Tenemos presencia en todas las comisiones donde se toman decisiones de políticas públicas, pero desde la academia. Quizás como país estamos al debe en un mayor vínculo entre la academia, la sociedad y las decisiones de políticas públicas. Creo que debemos fortalecer esas conversaciones. Pero lo hacemos desde el mundo académico, que tiene sus particularidades que no son netamente políticas o del quehacer cotidiano.

-Manzi: En algunas leyes más que otras, ha habido espacio para los académicos. Existe otro problema, que es si somos capaces de comunicar de una manera efectiva el resultado de lo que conocemos. No siempre es tan fácil: nuestro mensaje es más dubitativo del que quisiera alguien que espera una respuesta muy tajante; casi nunca la evidencia es total y unilateral. Pero uno sí puede hacer advertencias de cosas que son fuera de foco, como cuando a algún parlamentario se le ocurren ideas que no tienen sustento y uno puede advertir que eso no existe en ninguna parte del mundo.

"El Gobieno funciona con una especie de caja negra"

Uno de los problemas que ven los académicos en los recientes proyectos que el Gobierno ha tramitado no es tanto que no los escuchen sino que, tras participar activamente en los debates con el Ejecutivo y en las comisiones en el Congreso, poco o nada de ese trabajo se ve reflejado en los textos finales.

Ejemplifica esto Ricardo Rosas, del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión. "Hicimos muchas propuestas sobre las minorías con discapacidad y con otros problemas de inclusión. Participamos activamente con los diputados. Se hicieron documentos por escrito, pero al final el Gobierno funciona con una especie de caja negra. Tanto así que en la propuesta de la ley de inclusión que se hizo el año pasado, la educación especial no existe. ¡Se les olvidó la educación especial! Tanto así que tuvieron que poner indicaciones. No sé quién hace esa interfaz. Hay equipos técnicos, políticos y académicos que hacen una buena propuesta, pero hay una interfaz con la implementación del proyecto de ley donde algo pasa que se pierde. Creo que ahí inciden las corrientes más ideológicas, subterráneas, los poderes fácticos... algo pasa".

Comparte esta mirada Manzi, y agrega: "Al final, independiente de todos los argumentos que uno haya puesto en la mesa, cuando se llega a la votación en la comisión, y peor aún, en la sala, casi nunca estos argumentos iniciales tienen peso".

Los académicos comparten también que han visto cierta desprolijidad en los mismos proyectos de ley, desde confusión de términos a falta de desarrollo de ideas que se ven destacadas solo en los enunciados. Así lo comenta Lorena Medina, de Educación. "Por ejemplo, se creó la subsecretaría de Educación Parvularia y, sin embargo, en el proyecto de ley de carrera docente -que se está tramitando- la educación parvularia es la menos trabajada. Es una paradoja tremenda".

Esto lo ve también Judith Scharager. "Me preocupa que cada vez que se hace una propuesta se parte de cero. En 2012, por ejemplo, vino un equipo técnico de la OCDE que hizo una evaluación del sistema y yo no he visto casi nada de sus propuestas recogidas en los proyectos de ley".

Y ahonda sobre el tema de la calidad, aspecto en el que Scharager se ha especializado. "En el proyecto de ley se lee que el propósito es asegurar la calidad y además se propone la Superintendencia de Educación Superior, pero después definen otra institucionalidad que dicen que va a garantizar la calidad y en sus funciones ponen 'fiscalizar'. Se confunden todas las funciones que están descritas y los mecanismos que aparecen son fiscalizadores y no que garantizan la calidad. Aquí desapareció la calidad de los programas y está muy volcado a lo estructural".

Agrega:

"La calidad no solo tiene que ver con dejar entrar a la universidad a personas con necesidades especiales o con menos competencias de ingreso, sino que tiene que ver con cómo la universidad se arregla para transformar a esa persona en un profesional, en un ciudadano con más herramientas. Eso no está en ninguna parte. Todo se queda en el recuento, en el estándar, no se ve si el chiquillo aprende o no".

-Se dijo que, con el proyecto de gratuidad, por las condiciones que ponía, se arriesgaba la autonomía de las universidades. ¿Aún ven ese riesgo?

-Sánchez: Siempre hemos dicho que la ley de gratuidad tienen que ser medidas que aumenten la equidad y la calidad del sistema universitario, y no aumentar el control o los énfasis de control. El Estado va a poner recursos en instituciones, pero eso no significa controlar los proyectos educativos, las temáticas que al interior se entreguen. Por supuesto que tiene que haber un marco regulatorio, pero uno de los elementos fundamentales para el sistema de educación superior es la autonomía de los proyectos educativos. No podemos aceptar un proyecto que regule y que controle la universidad, nuestra misión e identidad tiene que ver con nuestros propios principios, no con principios que nos ponga el Estado desde afuera.

"La ley corta de gratuidad empezó de manera muy negativa con dos elementos muy claros: obligar a cierto tipo de gobierno universitario y limitar el crecimiento de las matrículas; eso desapareció en la discusión, porque muchos actores (como nosotros) consideramos que no era aceptable. Otro elemento era la sustentabilidad económica que, si bien se avanzó, no fue suficiente para asegurar estabilidad a largo plazo".

-Irarrázaval: Muchas veces la libertad de enseñanza se ve más bien como una posición filosófica, y en el tema de la equidad y la diversidad, es algo práctico porque no hay una "función de producción perfecta" para esto. ¿Qué hace que un chiquillo vulnerable se llegue a graduar en 5 años? No lo sabemos mucho. Puede ser refuerzo en algunas áreas, apoyo sicológico, refuerzo para los profesores. No hay una fórmula perfecta y si el Estado dice "vamos a un modelo más equitativo" y a la vez rigidiza la "función de producción", ahí estamos complicados. Cada universidad tienen que verlo y debiese ser medida por el resultado final: cuántos chiquillos del 50% más pobre se gradúan en un plazo de 5 o 6 años.

-Rosas: Además, un modelo de gratuidad aún no bien definido o con aranceles de referencia mucho más bajos de los que tenemos acá, es un alto riesgo, porque universidades más complejas en algún minuto van a tener que renunciar al sistema si es que eso sigue así.

"El Ejecutivo tendrá que priorizar"

Los académicos han seguido con atención la tramitación del proyecto de ley de carrera docente y esperan que se conozca en marzo el texto que el Ejecutivo presentará sobra la reforma a la Educación Superior.

Con eso en carpeta, que aseguran no es poco para debatir y estudiar, esperan que el Gobierno priorice algunos proyectos y se tenga una mirada de más largo plazo.

-¿Cuáles son las expectativas de los próximos debates que se vienen en Educación?

-Irarrázaval: El Gobierno tendrá que priorizar y creo que ya se ha ido aprendiendo en estos dos años y, además, el Congreso ya está poniendo un "parelé". No hay capacidad para discutirlo todo en profundidad y estos temas son muy de fondo, como ver la implementación de la ley de inclusión. También me gustaría ver cómo están funcionando el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, la agencia, la superintendencia, antes de empezar a renovar cosas. Y la prioridad que debe tener la educación inicial.

-Sánchez: Espero que el proyecto de Educación Superior esté centrado fuertemente en mejorar la calidad del sistema, esto es, regulación, evitar los malos proyectos, y mejorar la calidad de manera sustantiva con elementos claros de equidad y de nuevas oportunidades para estudiantes que puedan acceder y mantenerse en la educación superior. Si estamos avanzando en gratuidad y vamos subiendo los umbrales tenemos que asegurar que cada paso que damos sea sustentable en los próximos 10 a 15 años. Echar pie atrás en estas políticas es muy doloroso para las familias y las instituciones.

-Manzi: Creo que la Ley de Educación Superior va a pasar para más adelante y sería una buena idea que se discuta como una solución de largo plazo y no como otra ley corta. Y la prioridad de este año tiene que ser calidad partiendo desde la enseñanza preescolar y escolar. Y en esa dirección es clave la política docente.

-Medina: El proyecto de carrera docente tiene varios avances, tiene una mirada sistémica y continua de la formación de un profesor. Las mejoras para las condiciones de los profesores también son un gran avance y reconocimiento, porque también es una cuestión de valoración social. Y espero que se mejore el proyecto en aspectos como la educación preescolar. Para que esto ocurra, mientras no haya una mayor regulación de las instituciones y los programas que forman profesores, cualquier cosa que se haga va a ser súper compleja, por la desigualdad que se produce al tener diferencias en la formación de profesores.

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