Fondos Mutuos
Cuando todo parecía indicar que la pugna del Servicio de Impuestos Internos (SII) con los hermanos Marcelo y Alberto Calderón (el primero ya fallecido) por la venta de un paquete de acciones de Ripley llegaba a su fin, todo volvió a comenzar. La Fiscalía de la Zona Oriente, en diciembre pasado, finalmente archivó una denuncia presentada en abril de 2014 por el SII cuestionando la señalada operación. Sin embargo, antes de que finalizara 2015 el organismo fiscalizador inició una nueva acción legal. En concreto, el SII presentó una querella en contra de Alberto Calderón, pero además involucró a los compradores de las acciones de la multitienda, Corp Group Inversiones, representada por Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañobeitía. Esta última fue presidenta del directorio de SMU y actualmente es vicepresidenta, mientras que Jorge Andrés Saieh es presidente del directorio de CorpBanca. ¿Qué es lo que cuestiona el SII? La querella tiene dos grandes aristas. En el caso de Alberto Calderón (accionista de Ripley y uno de los miembros de la familia controladora) la razón por la cual el SII lo vincula con la operación es porque él dio su autorización para que Marcelo vendiera una parte de sus acciones en Ripley hace casi seis años. Esta operación se hizo cuando Johnson atravesaba un complejo escenario y requería de liquidez. Ambos hermanos, antes de esa operación, tenían el 80% de las acciones de la multitienda, divididas en partes iguales, a través de una sociedad. Es por eso que cuando Marcelo tomó la decisión de vender la mitad de sus acciones, es decir un 20%, debió crear una nueva sociedad que fuese dueña de ese 20% para que el negocio se centrara solo en ese universo de acciones. La sociedad de los hermanos siguió a cargo del 40% de acciones de Alberto y del 20% de Marcelo. En la denuncia de abril de 2014, el SII acusaba una presunta evasión tributaria por las operaciones realizadas por Marcelo Calderón para radicar la propiedad de su 20% de acciones en una firma llamada Inversiones RIII, que pertenecía íntegramente a su rama familiar. Acusación que se reitera en la querella presentada recientemente, pero con un segundo ingrediente: ahora el SII suma al grupo Saieh, al cual el organismo no había denunciado en 2014, pero con quien tenía aún en proceso un juicio tributario por cobro de impuestos. En dicho juicio, el SII cuestiona también la figura tributaria. Esto, porque el grupo Saieh adquirió las acciones a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP), pero luego las traspasó a la Sociedad de Inversiones Conca, también de la familia Saieh. Por ende, para el SII el comprador no había sido el FIP sino que Conca. En la querella, sin embargo, el SII plantea otro argumento: reconoce que quien compró fue el FIP, pero advierte que la creación de este último obedeció a una actuación dolosa y con el único fin de reducir el pago de impuestos. "Pareciera que el SII cree que la participación de un FIP fue para evitar el pago de impuestos, lo cual es incorrecto, ya que el único efecto es -a lo más- una mera postergación de la tributación. Por tanto, no ha existido evasión ni elusión, ya que, como se indicó, los impuestos solo se postergaron hasta que las utilidades generadas sean retiradas", argumentó ayer uno de los abogados del grupo Saieh, Álvaro Mecklenburg. Además, el jurista calificó de "contradictorios" los argumentos del SII, toda vez que en el juicio tributario planteó que quien había comprado las acciones de Ripley era Conca y en la querella ese rol se lo atribuye al FIP. Perjuicio fiscal y pérdidas artificiales En su querella, el SII plantea, entre otras cosas, que el traspaso de acciones del grupo Calderón al grupo Saieh apuntó a evadir impuestos, lo que generó un perjuicio fiscal e, incluso en algunas fases del proceso, pérdidas artificiales. Mientras que en el caso del grupo Saieh advierte que los FIP no son contribuyentes de la Ley de la Renta, sino que son patrimonios de afectación cuyas utilidades tributan solo una vez que han sido percibidas. A juicio del SII, esta figura apuntó solo a evadir impuestos. En total, el perjuicio fiscal calculado por el SII producto de todas estas operaciones asciende a $26.844 millones, equivalentes a US$ 36,9 millones al valor de ayer del dólar. SEGÚN EL SII, EL TRASPASO DE ACCIONES DEL GRUPO CALDERÓN AL GRUPO SAIEH APUNTÓ A EVADIR IMPUESTOS, LO QUE GENERÓ UN PERJUICIO FISCAL. $26.844 mills. 20%
es el perjuicio fiscal total calculado por el SII producto de todas las operaciones relacionadas con la venta de acciones de Ripley.
fue el porcentaje de acciones de Marcelo Calderón en Ripley, que fueron vendidas con la finalidad de traspasar ese monto a Johnson. En ese momento, el empresario junto a su hermano Alberto tenían cerca del 80% de Ripley, a través de una sociedad llamada Inversiones R CPA (Comandita Por Acciones).