UDI acusa "abuso" del Gobierno por apuro legislativo de enero
sábado, 09 de enero de 2016
P. V.
Política
El Mercurio
Presentarán moción para impedir que se otorge urgencia a proyectos 30 días antes del receso.
Tres proyectos de ley de discusión inmediata y otros ocho con suma urgencia en la Cámara de Diputados. Mientras, en el Senado, dos iniciativas con discusión inmediata y 14 con suma urgencia. Todos estos proyectos de ley deben ser tramitados en ocho y seis sesiones, respectivamente. Ese es el diagnóstico que realizan desde la UDI en torno a las prioridades fijadas por el Gobierno de despachar algunas reformas durante enero. "Nadie el país puede creer que las leyes con tramitación ´ exprés ´ sean buenas, ya que por razones obvias no existe el tiempo suficiente para ser analizadas en profundidad y, por ende, sale una legislación imperfecta. Finalmente, esas iniciativas son objeto de críticas fundadas", manifestó al respecto la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann. En ese sentido, la diputada catalogó el apuro legislativo impuesto por el Gobierno como "una mala práctica que debe ser frenada" y dijo que hay un "abuso de sus atribuciones". Su par Juan Antonio Coloma afirmó que, con lo que está ocurriendo, se produce un "efecto buzón". "La discusión de un proyecto debe contar con la opinión de expertos, de gremios, profesores, entre otros, y nada de eso sucede con esta forma de legislar", dijo. Moción parlamentaria Algunos de los proyectos con urgencia suma o simple en el Parlamento son la corrección a la reforma tributaria, la reforma laboral, la despenalización del aborto en tres causales y la iniciativa sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Las críticas de la UDI se dan en una semana en que ha habido otros cuestionamientos en torno al apuro legislativo de parte de algunos parlamentarios de la DC. De hecho, el senador Andrés Zaldívar señaló que existe una "sobrecarga" en el Congreso. Por esta razón, los diputados de la UDI presentarán una moción -por la cual se modifica el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional- para impedir que el Ejecutivo califique con discusión inmediata o suma urgencia proyectos de ley 30 días antes de que se inicie el receso legislativo de febrero.
