Los extranjeros se querellaron contra dos gestores, quienes a su vez se culpan mutuamente de los problemas:

Galt's Gulch, un megaproyecto inmobiliario en Curacaví, desata pugna y una veintena de norteamericanos recurre a la justicia en Chile

domingo, 20 de diciembre de 2015
Azucena González San Martín
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Se autodefinen como partidarios de una corriente de pensamiento que postula la mínima presencia estatal o de las regulaciones en sus vidas, y por eso transfirieron fondos a Chile para que un gestor, también americano, desarrollara una comunidad agrorresidencial para ellos. Pero todo salió mal y hace un mes tuvieron que recurrir a los tribunales, pues dicen que los estafaron.

El idílico paisaje campestre de Curacaví, cerca de Santiago, está siendo un mudo testigo de un conflicto de proporciones que hoy se ventila en varios tribunales de Chile. Y con la curiosidad de que la mayor parte de los protagonistas de esta historia son ciudadanos estadounidenses, que tuvieron el deseo de venirse a vivir a Chile a dicha zona rural, y dar vida allí a una comunidad agrorresidencial y autosustentable. Pero el proyecto -al que adhirieron más de 70 extranjeros- se transformó en una pesadilla. Porque varios de ellos hoy están enfrentados con los gestores de la iniciativa, en una disputa que tiene acusaciones cruzadas de estafa y defraudación, entre varios cargos, y que se libra al menos a tres bandas.

Además de los norteamericanos que reclaman por haber aportado su dinero para un proyecto que luego evidenció múltiples problemas, están en pugna dos gestores. Uno de ellos es también americano y el otro chileno, y entre ellos hay acusaciones mutuas sobre quién es el actual gestor de la iniciativa y el responsable de los problemas del proyecto.

Una de las acciones legales, una querella criminal estampada el 17 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Curacaví, resume al menos parte de esta complejísima trama.

Todo comenzó cuando un grupo de extranjeros se entusiasmó con la idea de ser parte de la mencionada comunidad, con la particularidad -relata la querella- de estar inspirados en la corriente de pensamiento que retrata la novela "La Rebelión de Atlas" (Atlas Shrugged, de Ayn Rand) y que plantea una vida sin regulaciones estatales e impuestos, y propugna la libertad absoluta del individuo.

Estos extranjeros comenzaron a transferir sumas de dinero a Chile al gestor del proyecto, quien se había constituido bajo la Inmobiliaria Galt's Gulch (IGG), además de otras sociedades "satélites" de la misma. El nombre hace alusión al protagonista del mencionado libro.

El plan era usar estos fondos para comprar predios -y derechos de aprovechamiento de agua-, para luego lotearlos entre los integrantes de esta naciente comunidad.

Pero el problema vino porque, según esta acción legal, nada de los términos de la propuesta se cumplió y muchos de quienes habían hecho llegar vía transferencia sus fondos no lo hicieron con los suficientes resguardos contractuales, no se asesoraron sobre las regulaciones inmobiliarias y urbanísticas de la zona, y ocurrió que, en la práctica, nunca hubieran podido desarrollar la iniciativa en los predios adquiridos, afirman.

Porque el 80% de los terrenos se emplazan o en laderas de cerro, con elevadas pendientes que hacen casi imposible el acceso peatonal o vehicular e impracticable alguna parcelación. O algunos terrenos están considerados como área protegida. Por si fuera poco, los contratos de compraventa suscritos por la inmobiliaria -al comprar los predios- no estipularon el traspaso de los derechos de agua de manera simultánea junto con los inmuebles, sino que estaba previsto dicho traspaso al pagar el saldo final del precio, lo que nunca ocurrió. Y se compraron a precios abultados, dice la querella. Solo a modo de ejemplo menciona que uno de los predios se compró a $3.500 millones, siendo que su avalúo fiscal es de $165 millones.

El abogado patrocinante de la veintena de extranjeros que se querellaron, Francis Lackington, reconoce que salvo algunos casos, los otros tienen contratos de promesa de compraventa con las más diversas figuras. En inglés o castellano, solo tres lo hicieron ante notario; unos escanearon los documentos y los enviaron por correo; otros tienen documentos firmados solo por ellos, pero no por la inmobiliaria. Algunos viajaron a ver los terrenos, pero otros compraron sin ver nada, ni hacer due diligence de lo que prometían comprar, y sin resguardos. Todo, en la lógica de su concepción de una sociedad, con una mínima regulación estatal, mínima tributación y mínimo marco regulatorio, explica el abogado.

"Este es un fraude por afinidad, dirigido a personas simpatizantes del movimiento libertario en Estados Unidos", agrega el abogado.

¿A quiénes responsabiliza la veintena de inversionistas querellantes?

Al también ciudadano americano avecindado en Chile Kenneth Dale Johnson, principal precursor de la iniciativa, y a varios miembros de la familia Del Real. Según esta querella, estos últimos -Mario del Real Castro y sus hijos Pamela y Alexander del Real Vergara- aparecen en escena cuando se usa una cuenta bancaria del Banco de Chile, ligada a Pamela del Real, para recepcionar los traspasos de los fondos que venían desde el exterior.

Según Lackington, la defraudación alcanza en total a más de US$ 10 millones, aunque sus 22 representados suman traspasos en pos del proyecto por unos US$ 5,5 millones. Agrega han debido pedir precautorias sobre todos los bienes para evitar que fueran "vaciados" los activos de la sociedad.

Gestor americano y chileno se acusan mutuamente de irregularidades

Si bien la mencionada querella va en contra de Johnson y Mario del Real, es entre estos dos últimos donde también se libra el conflicto.

Mario del Real explica que su relación con Johnson partió cuando por medio de un tercero le presentaron a Kenneth Johnson y este le aportó capital para Hacienda Los Andes, un proyecto de extracción y venta de agua, que Del Real quería llevar a cabo en dicha zona de la Quinta Región. Según Del Real, Johnson le aportó capital para iniciar los estudios de dicho proyecto hídrico y luego le ofreció comprarle una parte del proyecto, pero que sería en parte de pago con dos mil acciones de IGG, es decir, el 20% de la sociedad de Curacaví.

"Fue una permuta y él termina cediéndome las últimas acciones el 15 de abril de 2014, a cambio de los derechos de agua de la Hacienda Los Andes. La lógica de él era hacerse de la propiedad que yo tenía, que estaba sin problemas legales y me entrega un problema de una naturaleza que yo no evalué, con todos los problemas legales de terceros", asegura Del Real.

¿Qué explica que aceptara las acciones de IGG sin hacer un due diligence de lo que adquiría y de sus riesgos? "Confié en él. Me dejé encantar por él. Yo dije 'Curacaví es Curacaví y no es la cordillera de los Andes, ni un campamento minero", plantea Del Real, aludiendo a que pensó que algún proyecto inmobiliario podría llevar a cabo.

Sin embargo, Kenneth Johnson -oriundo de Michigan y quien cuenta que en el pasado trabajó en California en el negocio de bienes raíces- tiene una versión diametralmente distinta.

En el mismo predio cuenta a "El Mercurio" que fue Mario del Real, a través de terceros, quien se acercó porque estaba buscando inversionistas para un proyecto en Los Andes. Johnson y tres clientes suyos le aportaron unos US$ 400 mil, pero "perdimos el dinero", dice Johnson, añadiendo que Del Real nunca puso dinero en IGG. "Recibimos virtualmente nada de la familia Del Real, nada más que mentiras. Creemos que ese proyecto (el de Los Andes) fue un engaño de parte de Mario del Real".

Johnson tiene entablada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de Mario del Real y su hija Pamela del Real, y allí se explaya en las irregularidades que le imputa: falsificación de instrumento privado, estafa y apropiación indebida. En esta acción describe que lo hicieron firmar "mediante engaño documentos en blanco"; dice que aquel 20% de las acciones adquiridas por ellos en IGG tienen vinculación con que le dijeron que un extranjero no podía tener el 100% de las acciones, pero que les serían devueltas; también plantea que hubo apropiación indebida y que jamás Del Real loteó el terreno, como había ofrecido.

"Yo soy el socio fundador del proyecto inmobiliario, el dueño de la mayoría de las empresas del proyecto, pero la familia Del Real está haciendo reclamos fraudulentos sobre la propiedad de una de las empresas", remata.

Del Real dice que Johnson habla español

Pero exhibiendo documentos, Del Real retruca señalando que él mismo -en el marco de dicha querella en su contra- aportó abundante documentación sobre las cesiones de acciones de IGG, así como de los documentos del proyecto de Los Andes. "El desconoce las firmas. Ese es el origen del problema. El señor Johnson concurrió personalmente. Firmó 27 documentos que él desconoce. Él dice no saber español, pero habla perfectamente español. Utiliza intérpretes para hacerse el cucho ", dice Del Real.

El abogado que representa a los querellantes extranjeros, Francis Lackington, reconoce que tiene dudas.

"Hay dos alternativas: que el señor Kenneth Johnson está desde el comienzo actuando con Mario del Real para montar esta estafa, o bien, que Kenneth Johnson fue víctima de Mario del Real. Eso es una posibilidad. La investigación del Ministerio Público llegará a determinar cuál es la realidad. Lo que sí tenemos claro es que Del Real es autor de esta estafa", dice Lackington.

Un reputado abogado de la plaza que se vinculó con IGG debido a una asesoría puntual señala -bajo reserva- que ellos nunca tuvieron claro quiénes eran los reales socios de IGG, pues cuando pedían esta información, nunca les fue proporcionada, siempre bajo el argumento de que estaban en proceso de enterar la estructura accionaria. "Fue curioso, por decirlo de alguna manera, pero nunca tuvimos acceso porque como los registros de accionistas son instrumentos privados, si ellos no lo daban, no teníamos cómo", confidencia este abogado.

¿Cuál será la solución para los clientes externos, en medio de este conflicto?

"Yo quiero terminar el proyecto para los clientes o devolverles el dinero. Nada más. Estoy luchando por la propiedad de las acciones de la compañía. Del Real está tratando de vender y quedarse con el dinero", dice Kenneth Johnson. Agrega que lo único que ha podido hacer es seguir trabajando en el proyecto que, dicho sea de paso, para él guarda más relación con la alimentación orgánica y la protección del medio ambiente que con los libertarios. "No soy político, nunca he leído el libro", agrega.

Johnson asegura que obtuvieron las aprobaciones para la primera subdivisión del terreno en octubre de 2014, y que de acuerdo con la zonificación, hasta donde él entiende, se pueden hacer parcelas de 10 hectáreas. "Estábamos trabajando en completar el mapeo (...) y también investigando la adición de parcelas más pequeñas en el futuro", agrega. "Siempre ha sido la intención de nuestro proyecto de bienes raíces honrar todos los contratos u ofrecer el retorno de los fondos de todos los contratos que no podamos completar", dice. Pero agrega otro antecedente. Que tras aquella primera aprobación, el predio fue objeto de un ataque que atribuye a un grupo de extranjeros, quienes atacaron el fundo, robaron y causaron daños, razón por la que también tiene entablada otra querella en Curacaví. Cabe señalar que entre los extranjeros aludidos por Johnson en dicha acción solo uno es, a su vez, querellante en la acción que patrocina Francis Lackington.

Según Johnson, en esa querella incluirán a la familia Del Real. Dice que ayudaron a quienes causaron dichos daños.

Pero Del Real lo niega. Asegura que se trató de un grupo de inversionistas, quienes llegaron a Chile y en la práctica se tomaron la justicia por su mano, vendiendo los activos que pudieron encontrar, "y se saciaron de la estafa que les ocasionó Johnson. Yo no participé en eso", dice Del Real.

"Nosotros no somos responsables de la venta fraudulenta que realizó Johnson", agrega, aludiendo a que los extranjeros transfirieron los dineros a otra sociedad ligada a Johnson, no a IGG.

Plantea que quienes puedan acreditar que efectivamente le pagaron a IGG se les reconocerán sus derechos. Y si el predio no se puede subdividir, puede entregar una participación.

"Cuando yo entré a la Inmobiliaria, me enteré que él (Johnson) nunca había subdividido. El plano que tenía Johnson era virtual. Había hecho parcelas a su antojo, pero sin una regularización, ni autorización. No se pueden subdividir parcelas de cinco mil metros. Por lo tanto, el proyecto era inviable. Se puede subdividir a 10 hectáreas, 500 hectáreas y sobre 500 hectáreas, no menos que eso", recalca Del Real.

"Yo soy el socio fundador del proyecto inmobiliario. El mayor propietario de las compañías del proyecto, pero la familia Del Real está haciendo reclamaciones fraudulentas de la propiedad de una de las compañías".
Kenneth Johnson

"Este es un fraude por afinidad, dirigido a personas simpatizantes del movimiento libertario en Estados Unidos (...) Muchos de los inversionistas tienen contratos de promesa sobre bienes chilenos sujetos a leyes extranjeras, para que no puedan demandar".
Francis Lackington, abogado patrocinante de la querella

"Él me vendió una empresa quebrada, con muchos problemas legales (...) Me la he sufrido toda, porque he sido el culpable ante los tribunales de toda esta brutalidad. Johnson no ha medido el daño que nos ha hecho. Defendernos nos ha costado mucha plata y estoy endeudado. Yo no he hecho nada".
Mario del Real