Expertos afirman que limitar rentabilidad de las farmacias vulnera garantías constitucionales y libre competencia
miércoles, 25 de noviembre de 2015
Antonio Collados
Economía y Negocios
El Mercurio
La medida implicaría que el Estado no solo intervenga como actor en el mercado, sino que además imponga condiciones a la participación de los privados en este.
Distintas reacciones hubo ante el anuncio del subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y de algunos senadores oficialistas de la comisión de Salud, en orden a que en virtud de recientes indicaciones hechas al proyecto de "Ley Medicamentos 2" las farmacias podrán adquirir medicamentos a la Central de Abastecimiento (Cenabast), con la condición de que no obtengan utilidades más allá del 10%. Entre los expertos hay quienes consideran que la medida vulnera garantías constitucionales, y quienes acusan la expansión del Estado imponiendo condiciones a la actividad del sector privado. Según la directora del Centro de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz, la iniciativa vulnera una serie de garantías constitucionales, entre ellas el derecho de propiedad, la libertad de emprendimiento, y el orden público económico, que es el ordenamiento del cual emana la libre competencia. "Me parece que es la imposición de un precio de reventa, lo que es anticompetitivo y constituye una figura ilegal", asegura Cruz. Explica que es ilegal, porque el poder del mercado lo tiene el que vende -en este caso el Estado- que es el único que tiene acceso a esos medicamentos, y las farmacias no tendrán otra opción que comprar. Agrega que una de las figuras que más se han castigado internacionalmente es la imposición de precios de reventa, que al limitar la rentabilidad es per se una conducta contraria a la libre competencia. "Es como una colusión vertical, porque lo hacen unilateralmente, deciden qué rentabilidad va a tener cada farmacia, eso es una violación a las leyes del mercado, que es condenada en todo el mundo", afirma la académica. "Si optamos por un modelo estatista, en que no vamos a permitir que el mercado funcione, y vamos a regular la rentabilidad de las empresas, la libre competencia pasa a ser simplemente un instrumento político, y se destruirá el mercado de las farmacias", sentencia. Condiciones a privados La economista senior de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, en tanto, planteó que ve con preocupación la tendencia de que el Estado, a pretexto de solucionar los problemas que pueda haber en algunos mercados, no solo ingrese a ellos como actor sino que además condicione la participación de los actores del sector privado, como ocurriría en este caso, al limitar su rentabilidad. Agrega que en educación también se ha pretendido restringir la actividad privada, y que la ampliación de giro de la empresa estatal Metro, así como la voluntad fiscal de ingresar a la generación eléctrica son señales en ese mismo sentido. "Estamos caminando peligrosamente en esa dirección", dijo Jiménez. En opinión de la economista, la solución a los mercados con distorsiones pasa por transparentar los precios para que todos puedan acceder a los medicamentos que ofrecen los laboratorios, lo que es resorte de la Fiscalía Nacional Económica, que debe preguntarse por qué el mercado muestra dispersiones de precios. Fuentes de la industria farmacéutica señalaron que si bien ven con buenos ojos toda medida que permita mejorar el acceso de la población a sus productos, al no verse directamente afectados por la medida no les corresponde opinar. Desde la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, en tanto, señalaron que por su estrecha relación con Cenabast no les corresponde pronunciarse sobre el tema. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, manifestó que al gremio le preocupa que el Estado intervenga un mercado y, eventualmente, afectando a las farmacias más pequeñas. "Si se mete el Estado a fijar las utilidades de las empresas, ese ya es un nivel de estatismo encubierto", dijo Mewes. "Vemos con mucha preocupación que el Estado asuma actividades comerciales, dejando su rol subsidiario, aparentemente eso entraría en conflicto con la Constitución", aseguró.
Expertos dicen que al regular la rentabilidad de la empresas, la libre competencia pasa a ser un instrumento político.
