jueves, 12 de noviembre de 2015
Economía y Negocios
Francisco Selame
Socio de PwC
Una de las reglas básicas de interpretación de la ley contenida en el Código Civil establece que las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, conforme al uso general de las mismas.
Paradójicamente y quizá por una simple comodidad, los tribunales han interpretado esta regla faltando precisamente al principio contenido en ella, estableciendo de manera uniforme y consistente que en Chile somos grandes conocedores del castellano y que por tanto usamos las palabras, ciñéndonos rigurosamente alas ricas y cultas definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Lo anterior equivale a sostener que los legisladores comparten el conocimiento de los grandes gramáticos de España, o bien redactan las leyes con el Diccionario en mano.
Siguiendo este criterio el SII generó recientemente una gran polémica al extender el IVA a los exámenes radiológicos, sólo porque “laboratorio” es definido por la Real Academia en términos muy amplios y de la misma manera ha gravado sin mayor justificación económica y por décadas determinados gastos de las empresas, sólo porque el vocablo “necesario” es sinónimo de imprescindible.
Así, y a la vieja usanza, desde la señorial sede de los Jerónimos en Madrid, a más de doce mil kilómetros de distancia y sin sospecharlo, los académicos-legisladores de la Real Academia Española, nos despachan con regular periodicidad las nuevas leyes de indias, que acatamos con rigurosa obediencia.
