Se querellan por venta de terreno de familia de diputados Boric y Morano
viernes, 06 de noviembre de 2015
Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio
Según los denunciantes, la propiedad fue comprada por el Serviu en $1.140 millones y su avalúo fiscal es de $3 millones 277 mil.
El abogado Mario Zumelzu, querellante en el caso Caval, llegó ayer a Punta Arenas para patrocinar una querella criminal que interpondrá esta mañana en el Juzgado de Garantía, contra quienes resulten responsables por tráfico de influencia. Ello, por la venta al Serviu de un terreno avaluado por el fisco en tres millones 277 mil pesos, cuya compra fue autorizada por 1.140 millones de pesos. La propiedad es del padre del diputado Gabriel Boric (Izquierda Autónoma), Luis Boric Scarpa; de la esposa del parlamentario Juan Morano (DC), Patricia Büchner Herrero, y de Julio López Herrero. El uso de suelo del predio fue cambiado de agrícola a urbano en el año 2004, cuando era alcalde de Punta Arenas el hoy diputado Juan Morano, indican los querellantes. Esta es la primera acción destinada a judicializar un caso que sembró dudas desde que se planteó en el Consejo Regional de Magallanes, y finalmente fue incluido en una moción del 13 de julio de este año. El acta da cuenta de un acalorado debate donde concejales que se abstuvieron (5 de 11) denunciaron amenazas para aprobar la compra, destinada a construir ahí viviendas sociales. El abogado Mario Zumelzu, que en esta querella representa al concejal de Punta Arenas y también abogado Juan José Arcos Srdanovic (Partido Regionalista Independiente), advirtió que "como muchos casos en Chile, se hace especulación inmobiliaria para cambio de uso de suelo para más tarde venderlo al fisco, usando la necesidad de construir vivienda social. Esta especulación se asemeja al caso Caval. Y se plantea el tema de la influencia de políticos en el negocio". Reacción de parlamentario Boric Consultado Gabriel Boric, manifestó su total disposición a ser investigado en su rol de parlamentario. "Los funcionarios públicos, y particularmente los parlamentarios, debemos estar disponibles al escrutinio público. En mi caso, me parece positivo que exista un interés por fiscalizarme y estoy plenamente disponible para colaborar en todo lo que sea necesario. Respecto del terreno en cuestión, es una compraventa realizada por mi padre con dos personas antes de que yo naciera (1985), y que hasta donde entiendo fue solicitada por el Serviu debido a la expansión de la ciudad y las condiciones particulares del terreno. Los recursos fueron aprobados por el Core en sesiones públicas con todos los antecedentes a la vista. Como es evidente que si yo interviniera en esto existiría un flagrante conflicto de interés, no he realizado actuación alguna sobre este proceso, por lo que desconozco los detalles y características de la oferta del Serviu". -¿Es cierto que en junio presentó unos oficios pidiendo que se ejecutaran las obras sociales que la Presidenta había dicho, en particular las viviendas sociales, justo un mes antes de que se votara la moción en el consejo regional? -Como parte de nuestro rol fiscalizador, a fines de junio enviamos 10 oficios a distintos servicios de la Región de Magallanes, preguntando por el avance de distintas promesas de campaña de la Presidenta Bachelet. Oficiamos a la Junji, al Senama, al Servicio de Salud, al IND, al Sernam, al Consejo de la Cultura y al Serviu. Ninguno de estos oficios, ni ninguno que hayamos enviado en otro momento, tienen relación con el terreno que se pretende investigar.
"Afirmo categóricamente que no he realizado ninguna actuación en esto", dijo Gabriel Boric.
