Caso Pollos: Corte Suprema ratifica multa de US$ 60 millones por colusión de las tres principales empresas productoras
viernes, 30 de octubre de 2015
Economía y Negocios
El Mercurio
A cuatro años de que estallara el escándalo por el caso Pollos con un requerimiento de la FNE, finalmente la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de 2014. El dictamen multó con US$ 60 millones a Agrosuper (que posee cerca del 56% del mercado); Ariztía (29%) y Don Pollo (8%). Esto, por coludirse para limitar los volúmenes de producción por intermediación de la Asociación Productores Avícolas (APA), gremio que reúne a las firmas productoras. Los alegatos ante la Corte por este caso finalizaron en marzo, en medio de declaraciones cruzadas. Mientras la Fiscalía Nacional Económica (FNE) insistía en la existencia de un cartel, las compañías acusadas aseguraban que la resolución del TDLC presentaba "vicios", ya que supuestamente no acreditaba los hechos basales, no consideraba los cambios de normativa de libre competencia y no tomaba en cuenta las pruebas. Pero, ayer el máximo tribunal del país rechazó los recursos interpuestos por la empresas involucradas y ratificó el requerimiento de la FNE. Además de la multa, la Suprema resolvió disolver la APA, tal como demandaba la sentencia original. Esto fue considerado como una "sanción gravísima e injusta" por parte de las firmas durante las reclamaciones. Agrosuper reaccionó a través de un comunicado en el que señaló que lamentan que la Corte "no haya acogido los argumentos técnicos, económicos y jurídicos, avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la FNE en su requerimiento". Asimismo, la APA manifestó que consideran que el fallo "no se ajusta a la veracidad de los hechos". Y agregó: "la decisión representa una equivocada señal para el sector y para todas las asociaciones gremiales que funcionan en el país, pues afecta el derecho que estas tienen a trabajar con autonomía, respeto y libertad". Ariztía tildó de "injusta y desproporcionada" la decisión ya que, según señaló, su empresa "a lo largo de toda su historia ha actuado con estricto apego a las leyes". La SNA se mostró a favor del fallo y lamentó que "hayan pasado tantos años antes de que exista una FNE que haya asumido en plenitud el rol fiscalizador insustituible que le corresponde en una economía abierta y competitiva".
