A principios de octubre llegaron hasta Teatinos 120, donde se encuentra el edificio del Servicio de Impuestos Internos (SII), los socios de Caval, Natalia Compagnon -nuera de la Presidenta- y Mauricio Valero. Ambos habían sido citados para declarar ante el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet) acerca de dos rectificaciones que habían sido revisadas por los fiscalizadores. La idea era dar su versión por la arista tributaria del caso Caval, investigación que se inició luego de la compra y venta de los terrenos por parte de la sociedad vinculada a Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Según cercanos a Caval -quienes confirmaron el hecho a "El Mercurio"- la fiscalización del SII se inició a partir de una revisión del Servicio por "inconsistencias" en la declaración de impuestos anuales a la renta de los años tributarios 2013 y 2015, que corresponden a los años comerciales 2012 y 2014, respectivamente. En el primer caso, se realizó una rectificatoria de $121 millones, la cual fue pagada el 25 de febrero de 2014. En el segundo punto, hubo una revisión que se realizó en marzo de este año, donde no hubo un pago, ya que tenían una devolución de impuestos, dicen esas mismas fuentes. Los cuestionamientos, que están contenidos dentro de la investigación penal que sustenta el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, están centrados en el año tributario 2013. Fue en ese periodo donde Caval tuvo ingresos por cerca de $1.500 millones, que corresponden en gran parte por asesorías pagadas por el empresario Gonzalo Vial Concha. Una auditoría de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía había detectado "inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordante con el ingreso de $1.531 millones, ni el resultado tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos". Estos datos por parte del SII le llegaron el 15 de julio pasado al fiscal Toledo, quien había hecho una solicitud de información en junio pasado sobre las declaraciones de renta entre los años 2012 y 2014 de la Sociedad Exportadora de Gestión Caval Limitada. Toledo ya ha tenido reuniones con el Servicio en el marco del caso, una de las cuales ocurrió el 11 de junio. El SII se encontraría evaluando interponer una acción penal contra Caval por delitos tributarios. Facturas de Cordero Otro de los temas por el cual fueron consultados tanto Compagnon como Valero tiene que ver por la utilización de facturas de la sociedad Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada -de propiedad del militante UDI Patricio Cordero- por parte del contador de este último, Roberto Castro, quien estaría concertado previamente con Valero. Según se detalla en la querella interpuesta por Cordero contra Valero por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil se "emitieron y utilizaron facturas de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada sin su autorización ni conocimiento (de Cordero), documentos que por cierto no reflejan servicios realmente prestados, con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de la sociedad de Valero, Exportadora y de Gestión Caval Limitada, y con ello rebajar su base imponible para efectos tributarios". El monto total de los documentos ingresados es $160 millones y fueron emitidos el 22 de agosto de 2012 hasta el 7 de marzo de 2014.
Luis Toledo también solicitó al SII que informe los vehículos e inmuebles que poseen Juan Díaz (asesor del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín) y su hijo, Ignacio, a partir del año 2011.