Gremio pide a la Corte Suprema terminar con la precalificación de jueces
viernes, 23 de octubre de 2015
CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio
Además, llamó a sus asociados a abstenerse de participar en comisiones previas a sus evaluaciones.
Las reformas acordadas en el sistema calificatorio y en los nombramientos de jueces hace un año por el Pleno de la Corte Suprema, en las Jornadas de Reflexión en Chillán, aún causan críticas al interior de la Asociación Nacional de Magistrados. El presidente del gremio, Álvaro Flores, solicitó, en una exposición que realizó la semana pasada ante el máximo tribunal, que se eliminen la comisión precalificadora y los cambios en los nombramientos de los jueces, lo que se abordará este fin de semana en las jornadas de Reflexión en Jahuel, en la Región de Valparaíso. "La sucesión de Autos Acordados, entre ellos los que han reformado el Código Orgánico de Tribunales, ha sido abrumadora para los tribunales de primer y segundo grado, y ha generado gran malestar", aseguró Flores en su intervención. La creación de la comisión de preevaluación -que este año entrará a regir para los jueces- es lo que genera más molestia. En este órgano participan ministros de las cortes de apelaciones del país y, además, se incorporó la participación de representantes de los estamentos evaluados que solo tendrán derecho a voz. El gremio hizo un llamado a todos sus asociados a abstenerse de participar en estas comisiones, y renunciar a ellas si ya hubieren sido designados. La cuestionada regulación, según los magistrados, "entrega facultades de calificación a funcionarios que la ley no considera para esa función". Esto motivó una presentación, la semana pasada, a todas las cortes de apelaciones del país para que los magistrados se pronuncien y se abstengan de calificar a jueces y demás miembros del Escalafón Primario, aplicando la mencionada acta. Además, se reiteró el llamado a los asociados a abstenerse de participar en las comisiones o renunciar a ellas, y en el caso de que esto no fuere posible, calificar a todos los funcionarios -cualquiera sea el escalafón al que pertenezcan- con nota siete (7), con fundamento en que al no estar autorizado por ley a realizar esa tarea y no poder excusarse de tener que cumplir una función ilegal, la ejecuta causando el menor daño posible. La primera en renunciar fue la ministra de la Corte de Concepción Carola Rivas, que investiga el caso Matute. La magistrada argumentó que las actas "se apartan de la Constitución y las leyes, naciendo mi obligación de representar dicha situación, puesto que de realizar la función sin objeción, estaría vulnerando los artículos 6 y 7 de la Constitución". En la Corte de Copiapó, en tanto, en un voto disidente, el ministro Antonio Ulloa era partidario de "no dar curso a una comisión (precalificadora) no prevista por el legislador". En la misma línea, en Arica, Iquique, Valparaíso, Rancagua y Concepción no hubo candidatos a integrar dichas comisiones. En Puerto Montt y La Serena, en tanto, las resoluciones de sus plenos dieron cuenta de que dada "la organización jerárquica del Poder Judicial, se estará a lo ordenado por la Excma. Corte Suprema". Mientras que en Santiago la propuesta se resolvió con un "téngase presente".
El presidente del gremio, Álvaro Flores, se mostró confiado en que la Corte Suprema ponderará los argumentos de los jueces.
