Cómo se busca información de casos de derechos humanos en el archivo del Ejército
domingo, 13 de septiembre de 2015
IVÁN MARTINIC
Nacional
El Mercurio
El auditor general de la institución reconoce que hay antecedentes que no se han podido encontrar y respecto de los cuales tampoco hay actas de incineración, como ordena el reglamento.
Cada lunes, el general Waldo Martínez recibe un "acusete". Así le llama el auditor general del Ejército a la minuta que su equipo le prepara semanalmente con el avance de la búsqueda de información sobre casos de violaciones a los derechos humanos requerida por los 24 ministros instructores que indagan más de mil causas pendientes entre Arica y Punta Arenas. Si alguien en la institución demora en contestar, el "acusete" avisa que es hora de insistir. Desde su oficina, en el edificio Ejército Bicentenario, el general Martínez -ex integrante de la Corte Marcial y redactor del fallo del caso del avión CASA 212 que capotó en Juan Fernández- canaliza las peticiones que les envían desde tribunales. Cada vez que recibe un requerimiento -hasta el jueves iban 304 en el año-, Martínez oficia al Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército, el lugar donde realmente se pesquisan estos antecedentes. Aunque está abierta a investigadores civiles, se trata de una dependencia que pocos conocen en detalle. Está en el entrepiso del ex Edificio de las Fuerzas Armadas, en Zenteno 45, adonde ha regresado el Ministerio de Defensa, y apenas dos pisos debajo de la oficina del ex juez Alejandro Solís, contratado por la cartera justamente para agilizar la entrega de información a sus ex colegas. Al lugar se ingresa por una puerta pequeña y un pasillo poco iluminado que difícilmente permiten imaginar las dimensiones del archivo: un pasillo estrecho, pero de 70 metros de largo, cruzado por vigas tan gruesas que obligan a caminar agachado, como dentro de un submarino. Allí hay 86 estantes con, entre otras cosas, 86 mil carpetas de antecedentes personales (CAP) de oficiales de 1900 a 2009 y seis mil procesos de justicia militar en tiempos de guerra (1973-1975), rescatados de un incendio que destruyó otros en una dependencia de la II División en 1989. Los jueces también suelen pedir listas de Revista de Comisario (relación de los miembros de una unidad en un período determinado) y antecedentes de personas específicas, que también se guardan en el archivo. No hay, en cambio, datos de patrullas que hayan estado en cierto lugar y momento. "De ese detalle no queda constancia. No se puede guardar todo (en las unidades); a los cinco años todo se incinera", explica el coronel Gabriel Rivera, jefe del Departamento de Historia, aludiendo al reglamento sobre dicha práctica. -¿Y los archivos de la Dirección de Inteligencia Nacional y de la Central Nacional de Informaciones? "No hay nada de la DINA ni de la CNI, porque no dependían del Ejército, sino del Ministerio del Interior", responde Rivera. "Distinto es que militares las integraran. Sí está la carpeta y la hoja de vida de un funcionario del Ejército que estuvo en comisión de servicio en la DINA o en la CNI", añade. -Y, entonces, ¿dónde están los archivos de la DINA y la CNI? "Si lo ve desde un punto de vista lógico, deberían pasar de un organismo de inteligencia a otro", agrega el general Martínez respecto de la actual Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Asegura, no obstante, que "nunca ha habido una situación en que me hayan preguntado dónde quedó la documentación por la que usted pregunta". Respecto de las incineraciones, el auditor general admite que hay información "que no está y no hay ninguna acta de incineración" respecto de ella, lo que informó a los magistrados. En ese escenario, Martínez dice que la llegada del ex juez Solís "es esencial", porque aporta experiencia, criterio jurídico y una visión de cómo llegar a la información. "Lo que más me interesa como miembro del Ejército y como ciudadano es que haya la certeza de que la información que se está dando es la que existe, que no hay algo que se esté ocultando", plantea. Admite, con todo, que "también hay una frustración de los ministros de que muchas de las respuestas que damos son que no tenemos antecedentes. Y lo entiendo. Y esa parte tratamos de que sea la menor posible".
Desde julio, vía Ley de Transparencia, el Ejército ha recibido 19 peticiones de este tipo de información de abogados, periodistas y centros de estudio.
