Aborto: Gobierno incluye la obligatoriedad de denuncia en los casos de violación
sábado, 29 de agosto de 2015
René Olivares
Nacional
El Mercurio
Con los cambios propuestos, la iniciativa pasó de no implicar gasto fiscal a costar más de $3 mil millones en su primer año.
Ayer, el último día del plazo acordado para ingresar las indicaciones al proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), el Gobierno envió al Congreso sus propuestas de cambios a la iniciativa. La Moneda planteó seis modificaciones. En ellas, recogió una de las mayores inquietudes planteadas por parlamentarios -especialmente de oposición- en la discusión en general del proyecto, pues este no establecía la obligación de denunciar a la justicia cuando el aborto se realizara apelando a la causal de violación. Ahora, informó el diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro (PS), "la indicación (del Gobierno) dice que los jefes de los centros hospitalarios públicos y privados tendrán la obligación de denunciar al Ministerio Público la invocación de la tercera causal, para que se investigue el delito". Además, una vez que el médico recurra a la justicia, la mujer deberá ratificar la denuncia antes de acceder a la interrupción del embarazo. "O sea, hay obligatoriedad de la denuncia para mayores de 18 años, y en el mismo esquema que rige en el Código Penal para las menores de 18 años", precisa Castro. Asimismo, y tal como el Gobierno se había comprometido con la DC para contar con su apoyo, se incorporó el llamado acompañamiento a las mujeres, que deberá estar disponible en todos los prestadores de salud, públicos y privados. Discernimiento "Se debe entregar plena información sobre las alternativas de interrupción del embarazo, junto a un programa social y económico. Y en el caso de la violación, proveer a la mujer de la información necesaria para que presente la denuncia. Se tiene que obligar al sistema a acompañar a la mujer en su proceso de discernimiento, incluyendo el posparto. El acompañamiento es voluntario, personalizado y respetuoso de la libre decisión. Y eso será una coordinación del Estado", explica Castro. Las otras cuatro indicaciones van en línea con los cambios anunciados por parlamentarios de la Nueva Mayoría. Por ejemplo, el Ejecutivo se hizo cargo de eliminar la frase "riesgo futuro" cuando se habla de la primera causal (riesgo de vida de la madre). Sobre la segunda causal, La Moneda añadió que la "inviabilidad fetal" debe ser "letal", e indicó que para determinar esa condición debe haber una ratificación de un médico con habilidades específicas. Además, el diagnóstico tendrá que constar por escrito y previo a invocar esa razón para realizar un aborto. "Con esto se acota el proyecto y ya no se podrá reclamar que se trata de legislar sobre el aborto libre", dice Castro. Por último, el Gobierno detalló el procedimiento que se deberá seguir cuando la mujer que requiere el aborto sufra de demencia o sea menor de 14 años, pues varios parlamentarios habían manifestado que no estaba claro en el proyecto. Ahora se explicita que en esos casos debe haber un representante legal que autorice la intervención. La ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó que las indicaciones del Gobierno fueron acordadas entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de la Mujer, la Secretaría General de la Presidencia y su cartera. A su juicio, fue "una oportunidad de fortalecer y robustecer dicho proyecto de ley". Con financiamiento Junto con estos cambios, La Moneda debió enviar un nuevo informe financiero, pues en el original se señalaba que no había afectación de recursos fiscales. Ahora se explica que, una vez aprobada la ley, en su primer año de vigencia se deberán gastar más de $3.300 millones. Ese presupuesto incluye desde lo que costará capacitar a los profesionales de salud de hospitales, consultorios y de la línea Salud Responde y la creación e instalación del programa de acompañamiento (para el que se estiman más de mil millones de pesos) hasta la compra de medicamentos, insumos y equipamiento para los procedimientos que se deban realizar. En el cálculo se estima que en el 70% de los casos se logrará aborto farmacológico o no quirúrgico, por lo que es necesario considerar el costo de los medicamentos, además de un gasto adicional en la plataforma telefónica del Ministerio de Salud, a raíz de las mayores consultas que, se estima, se generarán.
En los cambios participaron el Sernam, Salud, Justicia y Segpres.
