Ues privadas dicen que nuevos criterios para la gratuidad 2016 son "más discriminatorios"
miércoles, 05 de agosto de 2015
Economía y Negocios
Nacional
El Mercurio
Rectores de estos planteles critican que se les exija al menos cuatro años de acreditación, mientras que algunas instituciones tradicionales no cumplen ese requisito, y podrán acceder sin inconvenientes.
"La solución dada a la injusta distribución de la gratuidad del año 2016 es más discriminatoria y arbitraria que la alternativa anterior". Así de crítica es la declaración de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) -que agrupa a 17 planteles- sobre los nuevos criterios que fijó el Gobierno para acceder a la educación superior gratuita el próximo año. Según el presidente de la organización y rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter, este nuevo mecanismo "intensifica la arbitrariedad", pues los recintos privados deben tener cuatro años de acreditación para acceder a la política, "mientras que hay planteles del Consejo de Rectores (CRUCh) que no cumplen con eso", como las universidades Arturo Prat, de Los Lagos, UTEM y Católica de Temuco, certificadas por tres años. Critica que estas exigencias se hagan sobre la base de "lo que se cree que será la ley" de gratuidad universal, sin que ellos hayan aún sido debatidos por el Congreso. Su opinión es sentida por el rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez: "Los criterios para acceder a gratuidad debieran ser comunes a todas, porque la calidad debe medirse con una misma vara", sostiene, y califica como "insólito e insostenible" que a las privadas se les pida un piso de acreditación: "Es decir, el Estado acepta menos calidad para una universidad del CRUCh que para una privada". También hace ver que se les obliga a tener niveles de participación estudiantil que ni siquiera se les piden a las estatales. "No existe argumento válido que justifique lo anterior. Claramente, esto constituye otra discriminación impresentable", concluye. El rector de la U. Central y ex ministro del primer Gobierno de Bachelet, Santiago González, también es duro: "No se está pensando en la vulnerabilidad de los estudiantes. (...) El Ejecutivo está cometiendo un error". El rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, subraya pese a que él fue elegido con participación de estudiantes y funcionarios, el plantel no accederá a la gratuidad por tener tres años de certificación. "Sería un criterio discriminador de calidad que se apliquen los cuatro años de acreditación para un sector y para otro no", sostiene. Otros rectores esperan a tener más detalles sobre los criterios. Es el caso de José Antonio Guzmán, de la U. de los Andes, quien opina que no se debe exigir participación estudiantil, pues "las universidades deben tener autonomía". De todas formas, valora el anuncio de incluir a planteles privados, pues "se está reconociendo el aporte que hacen al país". Más positiva fue la reacción de Jorge Baeza, rector de la U. Católica Silva Henríquez, pues dice que su institución cumple con los requisitos: "Ha primado un ejercicio de ciudadanía activa, donde se ha escuchado, dialogado y debatido el planteamiento de distintos actores de nuestra sociedad", afirma. Ayer, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó los alcances que tendrá la política: "Lo que estamos haciendo este año es adelantar un aspecto de la reforma de educación superior que tiene muchos otros elementos, como la creación de una Superintendencia y de una Subsecretaría de Educación Superior". Destacó que los alumnos que tienen becas y créditos mantendrán sus beneficios. Según el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, cerca del 20% de la matrícula de educación superior podría estudiar gratis el próximo año, pero advirtió que "eso dependerá de las instituciones que tomen la decisión de ingresar el próximo año al sistema".
El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que es necesario que se cree un marco regulatorio para los planteles y que haya transparencia en la gestión de recursos.
