Instituciones excluidas de gratuidad en 2016 analizan constitucionalidad del anuncio que dejaría fuera a 400 mil jóvenes vulnerables
miércoles, 22 de julio de 2015
Economía y Negocios
Nacional
El Mercurio
Junto con criticar "discriminación arbitraria" en la medida, iniciaron contactos con parlamentarios para buscar apoyo y que se modifique el anuncio presidencial.
Cuando la ministra Adriana Delpiano asumió, hace tres semanas, todos solicitaron una reunión con ella. Pero como aún no reciben una fecha de respuesta, aprovecharon el tiempo para reunirse entre ellos y aunar posiciones ante el anuncio del inicio de la gratuidad en 2016, que los excluye a casi todos. Así, la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Vertebral y Conifos (que agrupan a centros de formación técnica e institutos profesionales) -que reúnen a 70 planteles y suman más de 600 mil estudiantes- realizaron ayer una declaración conjunta pidiendo al Mineduc una mesa técnica en que distintos actores puedan dar sus opiniones sobre las propuestas del Gobierno antes de que ingresen al Congreso. "Dada la alta incertidumbre que los diversos anuncios han generado sobre el sistema, que impide tener una visión de mediano y largo plazo y perjudica el proceso formativo de nuestros alumnos, solicitamos conocer a la brevedad el proyecto de ley de reforma a la educación superior", afirmó Jaime Vatter, presidente de la CUP, quien criticó el anuncio del Gobierno de partir solo por las universidades del Consejo de Rectores y siete CFT e IP. Según detalló Rodrigo Cerda, presidente de Conifos, al tomar esta decisión 400 mil jóvenes del 60% más vulnerable del país quedarán fuera del beneficio, mientras que los que sí accederán a la gratuidad serán 264 mil. Gonzalo Vargas, presidente de Vertebral y rector del Inacap, agregó que "se ha hecho una discriminación por secretaría diciendo que a priori un grupo de instituciones sí va a entrar a la gratuidad sin que nadie garantice que sí cumplen requisitos". Es por eso que afirmó que están analizando con sus abogados la posible inconstitucionalidad del anuncio, dado que "se está vulnerando el principio de legalidad que debe tener el Estado con sus políticas". En paralelo, iniciaron contactos con los miembros de las comisiones de Educación y Hacienda, además de representantes de cada bancada política para buscar ser escuchados en la discusión del Congreso. Esto, porque aunque el ministerio abrió un plazo para recoger opiniones, los rectores criticaron que esto sea hasta el 20 de agosto y que el proyecto se envíe enseguida en septiembre. Con todo, las instituciones manifestaron su disposición a trabajar, su apoyo a que la acreditación sea obligatoria e incluso a cambiarse a fundaciones sin lucro, en el caso de planteles técnicos. Todo siempre que el Gobierno entregue claridad, oiga a los actores y apoye a los estudiantes sin "discriminación arbitraria".
