domingo, 19 de julio de 2015
Consuelo Cifuentes, Juan José Lyon y Cecilia Derpich Equipo
El_Mercurio
Ángel Ojeda Avilés, empresario y político, fue expulsado por el Partido Socialista español en agosto del año pasado tras una investigación de eventual fraude en cursos para desempleados en España. En Chile transformó su fundación, en un par de años, en una de las que más fondos para capacitación recibe del Estado.
E l 4 de agosto del año pasado fue detenido en Cádiz Ángel Ojeda Avilés, empresario y dirigente histórico del Partido Socialista (PSOE) acusado de fraude continuado en contra de la Junta de Andalucía, de la que 25 años atrás fue consejero de Hacienda y hombre influyente. Se le imputa una presunta apropiación de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y personas sin empleo que podría alcanzar los 48 millones de euros, es decir, casi 34 mil millones de pesos. La investigación partió en 2011, con una profesora que denunció que su firma había sido falsificada y que se había abultado su sueldo para justificar gastos ante los organismos estatales. Luego surgieron otros antecedentes, como irregularidades administrativas en los cursos, adulteración de listas de asistencia o "cursos fantasmas", así como el gran nivel de adjudicaciones de las empresas de Ojeda -que operaban en un entramado de diferentes nombres- las que supuestamente habrían sido favorecidas por un familiar relacionado con las adjudicaciones. La acusación destapó una masiva investigación sobre el uso de fondos para capacitación de trabajadores en todo el sur de España, que continua hasta hoy. Y Ángel Ojeda fue el primer alto cargo en ser detenido. El 17 de septiembre del año pasado, un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía de España al que "El Polígrafo" tuvo acceso advirtió al juzgado que lleva la causa en Cádiz, que Ángel Ojeda Avilés podría haber desviado fondos a cuentas en Luxemburgo -donde existe un fuerte secreto bancario- y a Chile, donde habría enviado 3,36 millones de euros (unos 2.365 millones de pesos) a través de Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad, SL. (ver recuadro). "El Polígrafo" siguió la pista de las inversiones de Ojeda Avilés en Chile, varias de las cuales incluso comparten dirección, representante legal y gerente financiero. Una de ellas, Fundación Cades, fue creada en 2012 y rápidamente se transformó en una de las OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación) que más fondos del Sence se ha adjudicado para cursos de capacitación durante los últimos tres años: 9.115 millones de pesos. Sin embargo, la fundación presenta graves deficiencias reconocidas incluso por su director. Entre ellas, que un número indeterminado de alumnos que terminaron los cursos no hayan recibido sus certificados por "problemas administrativos", falta de material básico para los talleres, mala calidad de los profesores e incluso la denuncia de la adulteración del sistema de control de asistencia a través de huella digital -que costó 1.200 millones de pesos al Estado- que hoy Sence reconoce que no se usa para los cursos de programas sociales por lo que se volvió al antiguo sistema de listas manuales. Las denuncias de estafa de los cursos en España y su relación con la Fundación Cades en Chile eran un secreto a voces en el mundo de las OTEC. En el Sence, en tanto, dicen no haber estado al tanto del tema hasta ser consultados para este reportaje y aseguran que solo consideran lo que ocurre dentro de Chile. Desde que fue detenido Ojeda Avilés en España -hoy en libertad-se han producido varios cambios en la administración y conformación de los directorios de sus inversiones en Chile, de las que se ha ido retirando pero dejando a cargo a personas de su confianza -como el actual gerente financiero de Prescal y de Fundación Cades, Federico Díaz Barby, un ciudadano español detenido por la Policía española y que se acogió a su derecho a guardar silencio y Adrián José Pascual Hernández, según el Diario Oficial, administrador y persona autorizada para usar la razón social de Prescal, también interrogado en España. En diciembre dejó la representación legal de las inversiones de Ojeda en Chile, José Miguel Ferrada (del estudio Poduje y Cía.) quien registró a Prescal Chile Ltda. en 2010 y a varias de las otras sociedades. Y hace un mes dejó su cargo Fadua Gajardo, la gerenta general y directora de la Fundación Cades, que también figuraba en varias empresas de Ojeda. La nueva administración encargó una auditoría externa de su gestión y estudia una querella en su contra por mal uso de fondos. Ella, sin embargo se defiende y asegura que "mi salida fue de mutuo acuerdo y me parece que esta posible querella es para desviar el foco".
