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Inversiones financieras del PS y empresas del PC serían las más afectadas por ley que regulará las platas políticas

domingo, 19 de julio de 2015

Pablo Obregón C.
El_Mercurio

El PS mantiene importantes activos en el mercado financiero (bonos corporativos, por ejemplo) y el PC figura en el boletín comercial como socio de una inmobiliaria. El Partido Radical, en tanto, está en proceso de absorber los inmuebles administrados por la inmobiliaria Mosaico y en la DC afirman que la sociedad Círculo Azul se hace cargo de las sedes, pero no genera renta.

A mediados de junio, y de manera desapercibida incluso para el Gobierno, un grupo mayoritario de parlamentarios de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a impulsar una moción que permitía el aporte limitado de empresas a los partidos políticos, con un máximo anual de $12,5 millones.

El 1 de julio, la moción fue aprobada por nueve de los trece diputados que integran esa comisión y, recién entonces, en La Moneda cayeron en cuenta de que parlamentarios de la propia coalición oficialista habían patrocinado esa idea, la que apuntaba en la dirección contraria del proyecto que empuja el Gobierno y que establece que las empresas no podrán hacer aportes a la política.

Con estos elementos sobre la mesa, la colisión entre La Moneda y el Parlamento estaba garantizada: el Ejecutivo fustigó a los autores de esa indicación y anunció que se mantendrá firme en su proyecto original: prohibir cualquier aporte de empresas a la política y frenar la polémica indicación, cuyos principales artífices fueron los diputados Leonardo Soto (PS) y Fuad Chahín (DC).

Con el paso de los días, no obstante, las aguas fueron aquietándose y los propios parlamentarios reconocieron que el espíritu de su propuesta había sido mal entendido en La Moneda. Aseguran que no buscaban mantener abierta una ventana para que cualquier empresa transfiriera recursos a la política, sino que permitir que las inmobiliarias, sociedades comerciales y de inversión pertenecientes o vinculadas a los propios partidos o a sus altos dirigentes pudieran seguir administrando los activos de las distintas colectividades políticas y canalizando los excedentes que ese patrimonio pudiera generar.

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