lunes, 13 de julio de 2015
Instituto del Emprendimiento U. del Desarrollo
El preocupante cuadro anémico que presenta la economía chilena amerita una
intervención que ataque más directamente las causas de la enfermedad y no
solo sus síntomas. La dosis de política fiscal expansiva aplicada este año
no solo ha carecido de efectividad sino que está incluso resultando
contraindicada, con efectos secundarios muy negativos. El problema de fondo
no es la débil demanda per se, sino que una oferta semiparalizada. Se
requiere un tratamiento que fortalezca la capacidad de crecimiento a través
de una mayor productividad, despejando los obstáculos que están frenando la
capacidad emprendedora. La recién creada Comisión de Productividad,
facultada para elaborar un diagnóstico y para presentar propuestas, debe
actuar con sentido de urgencia. Una buena forma de partir sería conocer su
opinión sobre el efecto de la reformas en marcha sobre la productividad de
la economía.
Todas las cifras relativas a la evolución de los niveles de actividad que
hemos conocido en el último tiempo dan cuenta de un progresivo deterioro de
la marcha de la economía chilena, configurándose un cuadro con
características que trascienden lo meramente coyuntural. Y si a esto se
agrega que la variación del IPC el mes pasado estuvo por encima de lo
esperado, elevándose a 4,4 % la inflación acumulada en los últimos doce
meses, la señal es clara en cuanto a que no queda más espacio para continuar
aplicando políticas expansivas. En lo que respecta al Banco Central, todo
parece indicar que los próximos movimientos en la tasa de interés –en un
horizonte de tiempo razonable- van a ser en una dirección al alza, y en el
ámbito de la política fiscal también se anticipa una moderación importante
en la expansión del gasto público para el próximo año.
El ministro de Hacienda ha dado un paso importante al reconocer esta nueva
realidad, ajustando para este año la expansión del PIB a 2,5% -cabe recordar
que en la elaboración del presupuesto 2015 se proyectó que la economía
crecería 3,6% este año-, y también dando cuenta de un deterioro en las
finanzas públicas superior al estimado inicialmente, situando el déficit
fiscal para este año en una cifra equivalente al 3% del PIB. El mensaje ha
sido claro en cuanto a que los recursos fiscales no van a ser suficientes
para sustentar financieramente la fiebre reformista en marcha, y ese es un
tema que debe ser procesado políticamente al interior del Gobierno y de la
coalición que lo apoya.
Sin perjuicio de lo valioso que resulta el sinceramiento de la situación por
parte de la máxima autoridad económica, ello no es suficiente para poder
salir del pantano en que nos encontramos. Falta todavía un sinceramiento del
diagnóstico, y un reconocimiento a que buena parte del problema radica en el
efecto que están teniendo las reformas impulsadas durante el último tiempo,
algunas ya aprobadas -como la tributaria- y otras en fase de discusión –como
la reforma laboral y el debate latente sobre una nueva Constitución. Si la
economía chilena se está deteriorando a pesar de que tanto la política
monetaria como la política fiscal están desplegadas a máxima potencia,
resulta obvio que el problema de fondo no está por el lado de la demanda
sino que de la oferta: los inversionistas y los emprendedores están actuando
con suma cautela ante un cuadro muy incierto, y ante un nuevo marco
tributario que, a su marcado sesgo anti emprendimiento, le suma serias
dificultades de implementación.
Así como muchos reconocen hoy día que la implementación y puesta en marcha
del Transantiago fue un error, con un costo fiscal que ha sido gigantesco,
sería un gesto enaltecedor de las actuales autoridades reconocer que se
cometieron errores en el diseño de la reforma tributaria, y, antes de que
sea demasiado tarde, mostrar voluntad de enmienda, sin renunciar al objetivo
último perseguido en cuanto a aumentar la recaudación tributaria en una
cifra equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB en estado de régimen. El
mismo objetivo se puede alcanzar ajustando la estructura tributaria de una
manera más eficiente, con un menor costo sobre el crecimiento económico de
largo plazo. Lo que hoy día urge es crear condiciones para que vuelvan a
impulsarse proyectos de inversión en el país y generar espacios para que las
ganancias de productividad alimenten con fuerza el proceso de crecimiento
económico.
Siendo evidente que la discusión sobre estos temas se ha politizado en forma
excesiva, pasando a un lejano segundo orden los argumentos de carácter más
técnico, una buena oportunidad para avanzar en estos temas la constituye la
reciente constitución de una Comisión Asesora Presidencial de Productividad.
Esta nueva instancia, concebida como un órgano permanente de carácter
independiente, se encuentra en una situación inmejorable para abordar estas
temáticas. Si bien ya recibió dos encargos por parte de la Presidenta –
propuestas para mejorar la productividad de la minería y medidas de fomento
a la capacitación laboral en las empresas-, en el decreto mediante el cual
se crea esta Comisión queda explícito que este organismo tiene atribuciones
para “realizar estudios, propuestas e informes en materias que se relacionen
con la productividad del país”, así como “analizar e identificar aquellos
obstáculos generados por la regulación o gestión del sector público…que
pudieran limitar o restringir el emprendimiento… y proponer las acciones
necesarias para su solución.” Esta nueva Comisión le haría un enorme favor
al país si, fiel al mandato que se le confiere, aborda la tarea de analizar
el impacto sobre la productividad de las reformas estructurales que está
implementando y que pretende implementar el actual Gobierno. Y, por cierto,
con sentido de urgencia.
