PDI compró en US$ 2,8 millones un software espía cuestionado por ONGs
miércoles, 08 de julio de 2015
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El Mercurio
Se trata de una herramienta que obtiene información privada desde computadores y celulares, y que ha sido usada por otras naciones para espiar a periodistas y opositores.
Un hackeo a la empresa Hacking Team dejó al descubierto una realidad desconocida por los chilenos: la Policía de Investigaciones adquirió un software de espionaje electrónico por más de US$ 2,8 millones. Tal información se conoció el domingo pasado cuando hackers publicaron en internet más de 400 GB de datos de la empresa italiana Hacking Team, creadora de un software espía que se ofrece a policías y gobiernos. La herramienta monitorea desde la ubicación de una persona, su comportamiento de navegación, el contenido de sus chats y hasta sus conversaciones. Dentro de esos 400 GB de datos filtrados se encontraban cartas, planillas, compromisos de pago y listas de clientes que daban cuenta que la PDI adquirió el software Phantom por US$ 2,8 millones. El software diseñado por Hacking Team tiene distintos nombres clave, pero genéricamente se le reconoce como RCS (Remote Control Systems). En los manuales de esta herramienta se lee que puede interceptar datos privados extraídos tanto de computadores como de teléfonos inteligentes con distintos sistemas operativos. Pero para poder usarlo hay que instalarlo directamente en los dispositivos y para eso hay dos caminos: tener contacto físico con el equipo o infectarlo con una especie de malware, que instala el agente, que almacena y envía la información del investiugado. En 2013, Periodistas sin Fronteras incluyó a la empresa en su lista de "enemigos de internet" ya que "muchos medios de comunicación y expertos en seguridad informática han encontrado rastros del software de Hacking Team en países poco respetuosos con la democracia y los derechos humanos", señalan en su web. Lo ejemplifican con dos casos que afectan a periodistas en Marruecos y Emiratos Árabes. En marzo de 2015 Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, publicó un detallado informe técnico donde se apunta al software de Hacking Team como el responsable del espionaje a un periodista etíope, en noviembre de 2014, por parte de la Agencia de Seguridad de Redes de Etiopía (INSA). Según Citizen Lab, Etiopía es uno de los países africanos que más encarcela periodistas y ha sido responsable del cierre de 75 medios desde 1993. Wikileaks, en tanto, publicó una lista de empresas que crean Spy Files, que son archivos que permiten espiar y vigilar a personas, entre ellas está Hacking Team. El lunes en la noche, la PDI reconoció en un comunicado la compra del software a la empresa: "Fue adquirida en el marco de un proyecto de modernización del área tecnológica de la PDI, cuyo objetivo era incrementar sus capacidades operativas en la investigación de crimen organizado, terrorismo internacional y narcotráfico a gran escala, considerando que cada día la delincuencia organizada es más sofisticada y cuenta con importantes soportes logísticos y económicos". Organizaciones de derechos ciudadanos se han puesto en alerta tras conocerse los antecedentes. "Si no hubiera sido por la publicación de los documentos, no nos habríamos enterado de la adquisición de este software de espionaje. Nos preocupa el nivel de opacidad de esta compra, sobre todo por el alto costo que tuvo y por las implicancias de su uso en el ámbito de los derechos humanos", dijo a "El Mercurio" el abogado Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales. Lo que más le llama la atención, dice, es la facilidad con que una oficina de la PDI puede comprar un software que es diseñado, promocionado y vendido como una herramienta de vigilancia y cuya actuación ya ha sido cuestionada. "Tenemos que revisar como sociedad los controles y leyes que tenemos para regular estas compras y actividades. Aquí debiera operar el principio de proporcionalidad: la policía puede investigar el delito, pero no de cualquier forma. Aquí no puede regir 'el todo vale"', aclara Ruiz. Según informa Ruiz, la ONG Derechos Digitales solicitará información acerca de los fines con que se compró este software y en qué se ha utilizado. Consultados por "El Mercurio", la PDI señaló que no se referirá más al tema.
