Un nuevo y polémico capítulo se vive en el marco de la construcción de Copasa, que se adjudicó a fines de 2012 la construcción del Estadio La De esa cifra -añadió la empresa-, unos $1.400 millones corresponden a La firma admite que pese a que El secretario de Planificación de la Municipalidad de La Serena, Carlos El funcionario indicó que la semana pasada Copasa les envió un documento
los estadios que han albergado la Copa América 2015. Esta vez se enfrentan
la empresa española Copasa y la Municipalidad de La Serena por dineros
pendientes relacionados con el desarrollo del recinto deportivo de esa
ciudad.
Portada, informó ayer que envió un nuevo requerimiento al alcalde de La
Serena, Roberto Jacob, solicitándole que libere el pago de los $2 mil
millones que -dijo- la municipalidad adeuda a la compañía por los trabajos
requeridos para la puesta en marcha del establecimiento que se inauguró el
17 de mayo y que albergó tres partidos de la Copa.
obras incorporadas en "Estados de Pagos" presentados; es decir, abonos que
se deben hacer cada mes después de que la Inspección Técnica de la Obra
(ITO) certifique el avance del trabajo. Los otros $600 millones se incluyen
en el concepto "Retenciones", que son dineros que el mandante retiene hasta
cuando el contratista entrega la obra.
el plazo de entrega de las obras era de 240 días, una serie de
"circunstancias totalmente ajenas a Copasa y que fueron atribuibles al
mandante" impidieron lograr ese objetivo. El jefe del Departamento de
Edificación de Copasa, Jorge Peñaranda, señaló que "la compañía está
evaluando con sus abogados iniciar acciones legales contra el municipio si
no obtenemos una rápida solución".
Cortés, afirmó que cuentan con los recursos para cerrar los temas pendientes
con Copasa, pero recordó que "esta obra no fue tan limpia ni eficiente".
Indicó que existen pendientes multas por atrasos en contra de la empresa por
cerca de $500 millones. A esto se añaden -dijo- otros $280 millones por
observaciones en la fase de recepción del estadio, debiendo el municipio
ejecutar ciertos trabajos con otros contratistas.
con cobros adicionales por $900 millones, que los obliga a revisar las
partidas de pago.