martes, 30 de junio de 2015
Académico FEN Universidad del Desarrollo
Siempre la Política Fiscal ha sido un elemento fundamental para la marcha
económica de los países y, naturalmente, lo es también para Chile. Sin
embargo, hoy este instrumento cobra una mayor influencia para nuestro país,
dadas las circunstancias que atravesamos. Me refiero, por ejemplo, al
reciente cambio del ministro de Hacienda, un hecho inédito desde el retorno
a la democracia. Al generalizado ambiente de desconfianza, alimentado por la
agenda de reformas del Gobierno que, a su vez, ha generado un deterioro en
las expectativas y en el equilibrio fiscal, activo nacional muy apreciado
dentro y fuera del país. La ley de presupuesto 2016 ofrece una oportunidad
para morigerar estos efectos negativos y rectificar errores.
¿Cómo llegamos a esta situación? Principalmente por el daño que la Reforma
Tributaria produjo en el crecimiento de la economía y especialmente en la
inversión. En efecto, la inversión acumula tres trimestres con tasas de
variación anual negativas a pesar de que, tanto la política monetaria como
el gasto público, han buscado revertir esos malos resultados.
Lamentablemente ellos no sólo afectan al crecimiento del presente año –que
se estima en torno al 2,5 por ciento- sino también el de los años venideros,
pues se espera que, hasta el término de este Gobierno, el crecimiento no
será superior al 3,5 por ciento. Todo lo anterior significa, entre otras
consecuencias, menores ingresos tributarios que los originalmente
proyectados por la autoridad.
¿Y qué ocurre con el gasto fiscal? Pues bien, la agenda en marcha del
Gobierno significa la utilización de recursos por alrededor de 4.300
millones de dólares. Si a ello sumamos los gastos que involucrarían las
nuevas iniciativas emblemáticas, que costarían alrededor de 5 millones de
dólares, estamos llegando a un desequilibrio fiscal de 3.000 millones de
dólares anuales, lo que equivale a enfrentar un déficit fiscal entre 1,5 y
2,0 puntos del PIB hacia el término de este Gobierno. Una cifra que
necesariamente deberá ser contrastada con la meta fijada respecto al balance
estructural para el 2018.
Afortunadamente, el nuevo ministro de Hacienda ha dado señales sobre el
deseo de mantener una Política Fiscal sana para volver al balance
estructural. Una actitud muy valorable pues en el actual ambiente de
incertidumbre la responsabilidad fiscal es un “ancla” fundamental para
mejorar las deterioradas expectativas. En este contexto, el titular de
Finanzas ha llamado a priorizar los gastos, decisión que inevitablemente
significará privilegiar algunas medidas y descartar otras menos urgentes,
como a nuestro juicio, lo es el establecimiento de la gratuidad universal de
la educación superior, pues ella equivale a regalarle cerca de 2.000
millones de dólares a quienes en el futuro serán los más ricos del país.
La jerarquización de las prioridades también representa una oportunidad para
potenciar el crecimiento económico. En efecto, ello es posible al
privilegiar el gasto de inversión del sector público, principalmente el
referido a infraestructura. Lo mismo conviene hacer respecto del gasto
público complementario a la inversión privada, es el caso por ejemplo, de
las concesiones o los subsidios que generen inversión como el de vivienda.
En suma, la disciplina fiscal debe volver y eso pasa por moderar el gasto
público y priorizar la inversión y la productividad.
