lunes, 08 de mayo de 2006
MAGDALENA WINTER D.
Reportajes del Lunes, Economía y Negocios
Pocos reconocen abiertamente hacer lobby en Chile. Hasta hace algunos años, sólo un par de firmas reconocía ejercer esta práctica. Sin embargo, el consenso en torno a que se la debe regular ha comenzado a iluminar esta deslegitimada industria.
"¿Lobby?" Bastó con pronunciar esta palabra para que muchos saltaran a la defensiva. "¿Hace usted lobby o ha contratado alguna vez los servicios de algún lobbista?", "Tajantemente no", nos respondieron muchos.
¿Nadie entonces hace lobby y nadie paga por estos servicios en Chile? Lejos de eso. Tímidamente, algunos lobbistas chilenos han comenzado a aparecer.
Aunque pocos lo admiten, las cifras no engañan. Una encuesta del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, realizado en 2005, revela que el 80% de los políticos reconoce haber sido sujeto de lobby en el último año y el 74% dice que ésta es una actividad "muy frecuente o frecuente" en Chile.
A esto se suma el hecho de que, en privado, la mayoría de las grandes empresas reconoce ejercer el lobby. Uno de los casos más publicitados fue el caso de Viña Santa Rita que solicitó en 2003 los servicios de Imaginaccion, liderando la oposición a la construcción del aeródromo de Buin.
El "lobby feroz" El problema del lobby, coinciden todos los entendidos, radica en el término mismo, puesto que es una palabra que ha sido "manoseada hasta el cansancio" y que en la imaginería popular se la relaciona con las más obscuras prácticas, como el tráfico de influencias y la corrupción.
Sin embargo, no tiene ninguna relación con eso. Según el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe del Solar, "el lobby es cualquier acción emprendida frente a una autoridad para buscar algún tipo de decisión, ya sea para un interés propio o de una tercera institución".
Aún más, quienes abogan por su regulación señalan que el interés general por el que velan las autoridades sólo se establece de forma adecuada cuando se conoce toda la información, lo que incluye los intereses de los privados.
En Chiletabacos, por ejemplo, señalan que "desde siempre nuestra empresa ha planteado su posición y puntos de vista a los parlamentarios y a las autoridades de manera directa y formal, puesto que nosotros somos quienes mejor conocemos nuestro negocio".
Lo importante, coinciden todos, es que el lobby se haga de la forma más transparente posible.
En noviembre de 2003, cuando ingresó al Parlamento el proyecto de ley que regula esta actividad, muy pocos en Chile reconocían abiertamente que practicaban el lobby. Los osados eran Imaginaccion -cuyo director es el ex ministro Enrique Correa- y la firma de comunicación estratégica, Burson Marsteller.
Sin embargo, las cosas han cambiado. Ad portas de que el proyecto sea aprobado -habiendo concitado el consenso de los parlamentarios según el senador de la UDI Hernán Larraín-, muchas otras han comenzado a reconocer que también lo practican y que, de crearse un registro de lobbistas en el futuro, se inscribirán.
Actualmente en Chile hay al menos una decena de empresas que se dedican a esto, además de otras actividades. La mayoría cobra como los abogados, por "hora de profesional trabajado", aunque hay empresas que tienen otros convenios. Las horas hombres, comentan en este mercado, pueden llegar hasta los US$ 260. Es el mismo formato que utilizan los abogados y las consultoras.
Los montos que mueve esta industria aún se desconocen. "En la medida que no haya gente que diga que hace lobby, cualquier número que uno pueda estimar va caer en la especulación pura", comentan en una firma de comunicación.
Actores de la industria
La industria del lobby está compuesta por diferentes grupos. Por un lado están las firmas que ofrecen este servicio a terceros y que cobran por ello. Entre éstas se encuentran muchas empresas de comunicación estratégica y estudios jurídicos.
Por el lado de las primeras, las que cuentan con una sección de asuntos públicos reconocen mayoritariamente que hacen lobby o que elaboran informes técnicos y gestionan reuniones entre sus clientes y las autoridades.
Emilio Sanfuentes, gerente general de Burson Marsteller, cuenta que, a la hora de comunicarse con cualquier autoridad o parlamentario, su política "es hacer explícito, en nuestra primera comunicación, el nombre del cliente y el tema sobre el cual queremos dar a conocer una posición o entregar información".
En Imaginaccion, la gerenta de Asuntos Públicos, Carmen Celedón, cuenta que la forma de proceder generalmente consiste en analizar la situación del cliente desde distintos ángulos -contexto, impacto, soluciones- y si se requiere pedir una reunión de trabajo con las autoridades, tener una conversación técnica y establecer una agenda de trabajo. Sólo en el área de asuntos públicos cuentan con unos 30 clientes permanentes, a los que se suman los que llegan por temas específicos.
Y aunque en los estudios jurídicos afirman que no ejercen lobby, "porque sólo representamos clientes en temas estrictamente legales", como dice Jorge Schaulsohn, algunos admiten que dependiendo de la ley que apruebe, tendrán que inscribirse en el registro de lobbistas.
Por otro lado están las asociaciones gremiales, que, según el mismo estudio anterior, son las más mencionadas por los políticos entre los distintos actores que ejercen lobby. Sin embargo, éstas han rechazado desde un comienzo que se defina su actividad como lobby, ya que estaría entre sus objetivos fundacionales el representar a sus asociados.
Respecto al lobby de ex funcionarios públicos, en los últimos días se ha suscitado una polémica por el nombramiento de políticos en directorios de grandes empresas, como el caso de Ximena Rincón y de Ricardo Solari en Provida y Alsacia, respectivamente.
Por esto, también la discusión sobre el lobby se ha extendido a la inhabilidad para ejercer esta labor hasta después de uno o dos años de dejado el cargo público.
Lo que sí está claro, es que se requiere una regulación. En este sentido, Soledad Altamirano, socia de Nexos Comunicaciones, acota que esto debió regularse incluso inmediatamente después de la vuelta a la democracia. "Es una lástima que no se regulara antes".
Esto, porque hay firmas como Extend que dicen no hacer lobby, "precisamente porque no está regulado".
En Hill & Knowlton Captiva, su gerente general, Felipe Edwards, señala que esto también va a "asegurar un acceso equitativo e igualitario a los procesos decisorios".
Así, la idea es seguir el ejemplo de Estados Unidos, país pionero en este tema, que ya en 1876 exigió registrarse a los lobbistas, y crear en Chile un registro de quienes ejercen esta actividad a nivel local.
Comente este artículo
