Gobierno hace suya la "doctrina Escobar"

domingo, 19 de abril de 2015
Economía y Negocios

El Mercurio

Si el año pasado el nombre del ex director de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, causaba recelos en el Gobierno por sus críticas a la reforma tributaria, por estos días las menciones que de él se hacen en La Moneda resultan mucho más positivas. Y son los planteamientos del abogado a propósito de las investigaciones del Ministerio Público sobre financiamiento de la política los que han concitado la atención de Palacio. Concretamente, sus afirmaciones -vertidas en diversas entrevistas- en cuanto a que no existiría delito en las conductas que indaga la fiscalía.

Distintos miembros del Gobierno hoy citan a Escobar cuando se habla de cómo dar solución a la crisis que se iniciara con la llamada arista política del caso Penta. Incluso, funcionarios del Ejecutivo han tomado contacto con el profesional para ahondar en sus planteamientos, y los vinculan con la declaración que el actual director del SII, Michel Jorratt, formulara esta semana a "El Mercurio", en cuanto a que en la mayoría de los casos que involucran a políticos no debiera haber querellas por parte de la institución. Aunque el planteamiento de Jorratt tiene matices respecto de Escobar, en el Gobierno sostienen que ambos apuntan finalmente a lo mismo, en cuanto a descartar la legislación tributaria como vía para perseguir judicialmente eventuales irregularidades en el financiamiento de la política. Como se sabe, en materias impositivas solo el SII tiene facultad para ejercer la acción penal, y si este estima que no corresponde recurrir a ella, la fiscalía se vería en principio imposibilitada de actuar contra los políticos.

En el oficialismo admiten que en los últimos siete meses, Impuestos Internos ha dado señales contradictorias en estas materias, las que atribuyen a un problema de gobernabilidad dentro de la institución y al rol que en ella juega la subdirección jurídica. De hecho, algunos acusan una suerte de "promiscuidad" entre dicha área del SII y la fiscalía, y hasta le atribuyen responsabilidad en la filtración de antecedentes hacia el exterior. Por eso creen que los últimos dichos de Jorratt y la decisión de la Presidenta Bachelet de darle titularidad en el cargo lo empoderarán para ordenar el servicio.

A su vez, el hecho de que -pese a las revelaciones sobre boletas pagadas en 2012 por la empresa de Giorgio Martelli (ver página 6) al alto funcionario- la oposición no haya levantado mayores cuestionamientos a la determinación de la Mandataria, es vista en el mundo político como una muestra de que en los hechos se estaría ya cerca de un acuerdo transversal para zanjar el tema. Dicho acuerdo pasaría por el apoyo del conjunto de los partidos a los proyectos que impulsará el Gobierno para modificar el sistema de financiamiento de la política. De hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se ha dedicado en las últimas semanas a buscar piso para asegurar la tramitación expedita de las iniciativas. En ese contexto, las recientes palabras de Jorratt son comparadas por algunos con la decisión que a principios de la década pasada, en medio del caso MOP-Gate, adoptó el entonces director del SII, Juan Toro, en cuanto a declarar que los sobresueldos pagados a ministros no eran obligatoriamente tributables.

Con todo, aún existen dudas respecto de si efectivamente se está cerca de una salida a la crisis. Por una parte, no es clara la línea que seguirá la fiscalía y si esta intentará perseguir penalmente a algunos políticos recurriendo a figuras no contempladas en la legislación tributaria, como el cohecho. La otra incertidumbre es en qué medida las sucesivas revelaciones sobre boletas de miembros del Gobierno, incluido el propio Peñailillo, podrían echar abajo lo que hasta ahora parece un frágil acuerdo.