jueves, 05 de marzo de 2015
Daniel Aninat
Responsable de Infraestructura Santander GBM
Desde las primeras obras de infraestructura licitadas por el Estado hace 22 años, se han invertido más de US$ 15 mil millones bajo el esquema de concesiones. Durante este período, Chile pasó de ser pionero en la región a un país con una institucionalidad consolidada que requiere estándares cada vez más altos, y por ello también aumentar los valores de cada nuevo desarrollo de infraestructura.
Las necesidades de inversión para el período 2015-2018 establecen un desafío importante para el financiamiento de obras públicas por parte del Gobierno. Además del financiamiento que puede ser conseguido mediante el esquema de concesiones cercano a US$ 11.000 millones, existe un requerimiento de inversión pública directa superior a US$ 18.000 millones para el mismo período.
Es por este motivo que la Presidenta Michelle Bachelet ha hablado de incrementar la inversión pública en infraestructura en un punto porcentual, llegando a 3,5% en los próximos ocho años.
Sin embargo, hoy la larga experiencia existente en obras concesionadas en Chile presenta una alternativa de financiamiento para el Estado que no está siendo considerada en los planes de inversión futura.
El vencimiento de concesiones importantes, como por ejemplo Túnel El Melón, Aeropuerto Arturo Merino Benítez, u otras concesiones a plazo variable, permite considerar la puesta en valor de los activos y operación existentes. Esto significa, básicamente, exigir un pago en los procesos de relicitación por parte de los nuevos concesionarios hacia el Estado por toda la infraestructura existente que será adquirida.
Esta alternativa permite aumentar los fondos disponibles en Obras Públicas para inversión en infraestructura, sin aumentar la carga de deuda del país. Los nuevos concesionarios enfrentarían valores de inversión más altos, pues además de las nuevas obras deberían recuperar el valor pagado inicialmente. Por lo tanto, la forma natural de compensación serían plazos de concesión más largos, evitando un costo mayor al usuario o una carga adicional de subsidio del Estado.
Por un lado, el mayor valor y plazo y valor asociado a cada proyecto permitirían atraer el interés de las constructoras globales de primera línea, y además los recursos de los Fondos de Inversión de Infraestructura. Estos últimos, han demostrado un fuerte interés por activos amparados por la institucionalidad chilena, y al mismo tiempo un bajo retorno por los recursos invertidos.
Adicionalmente, la alta inversión funciona como un detractor para ofertas temerarias o actores financieramente débiles en los procesos de licitación.
Por otro lado, la experiencia en Chile ha demostrado que los plazos largos no permiten acompañar los requerimientos reales de crecimiento de demanda de cada concesión o los crecientes parámetros de calidad exigidos. Sin embargo, existen mecanismos que pueden gatillar inversiones adicionales como por ejemplo, el esquema de expansión obligatorio establecido recientemente en la nueva concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez.
