miércoles, 28 de enero de 2015
Felipe Bravo
Economista Banco Santander
Repetidamente hemos escuchado a las autoridades de Gobierno hablar de alianzas público- privadas o a las autoridades económicas referirse a conceptos como la estabilidad financiera o a normativas prudenciales. Todos estos conceptos difícilmente pueden ser rebatidos o cuestionados puesto que sin duda son necesarios para que nuestro país se encamine en la senda del desarrollo. Sin embargo, ni las autoridades ni los agentes privados parecen darse cuenta de los costos que estas acciones tienen más allá de su ámbito específico.
En este contexto, el panorama para la construcción no es del todo alentador. Y es que si bien en algunos casos las empresas del rubro podrán ajustarse a las nuevas condiciones de mercado -como mayores precios producto de la reforma tributaria y condiciones de financiamiento más restrictivas por parte de los bancos dada la nueva norma de provisiones-, en el caso de las viviendas de segmentos medios las alzas de precios parecen inevitables. Es precisamente en este segmento que el Gobierno planea expandir el número de subsidios DS1, beneficiando hasta 35 mil viviendas, por un monto extra de US$ 1.200 millones. De acuerdo a las autoridades, esto contribuirá con la creación de 90 mil empleos, siendo la mitad de ellos de carácter directo.
Sin duda aplaudimos esta medida, aunque lamentablemente es posible que todavía haya ruidos que afecten la recuperación de éste y otros sectores, y que sean necesarias nuevas medidas de apoyo. Así, si bien estas políticas representan un alivio extra para las familias de clase media, no está demás y resultaría socialmente menos costoso que las nuevas leyes o normas fueran tomadas considerando no sólo sus efectos parciales, sino que también los impactos colaterales. Al mismo tiempo, deberían tomarse en cuenta a los actores privados para así poder retomar mayores niveles de crecimiento y bienestar.
