lunes, 12 de enero de 2015
El País
Economía y negocios online
El diario español El País desarrolla una nota acerca de "la financiación ilegal de campañas electorales que afecta sobre todo a la derecha" en nuestro país.
Los antecedentes que se han conocido en las últimas semanas a través de la prensa, filtraciones de una investigación que lleva adelante la Fiscalía, son inéditos en la política chilena. Parlamentarios y excandidatos a la Presidencia pidiendo dinero por email para sus campañas a unos de los grupos empresariales más importantes del país, Penta, a cambio de honorarios por trabajos no realizados. El presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Ernesto Silva, informando por correo electrónico sobre el avance de un proyecto de ley a uno de los controladores de la compañía. El subsecretario de Minería del expresidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, recibiendo un sueldo extra de la firma mientras trabajaba para el Gobierno.
La trama cuyos antecedentes se van desvelando a diario, conocida como caso Penta, ha producido un profundo impacto. De paso, ha dejado al descubierto la precaria institucionalidad y legislación que regula el financiamiento político en Chile.
"¿Para los 1.000 metros finales, queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda la vida", escribió el senador de la UDI, Iván Moreira, el 25 de septiembre de 2003, en medio de la campaña parlamentaria, de acuerdo al periódico La Tercera. El destinatario era el exdirectivo del grupo Penta Hugo Bravo, que a las pocas horas le respondió: "Así va a hacer. Te haré dos de cinco. Total 10. Bototos [millones de pesos chilenos, equivalentes a 16.000 dólares]". El exejecutivo está desvinculado de la firma y su testimonio ha sido clave para la investigación del fiscal Carlos Gajardo, que este jueves anunció las primeras seis formalizaciones, entre ellas las de los dos principales accionistas del holding. Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, conocidos por sus relaciones políticas con la Alianza, el conglomerado de derecha, se enfrentan a los cargos de delitos tributarios y de soborno. El exsubsecretario de Minería de Piñera, a cohecho y lavado de activos.
Resulta difícil prever el alcance de las irregularidades de financiamiento político ilegal de Penta, cuyas principales inversiones se hallan en negocios de previsión social, seguros, el sector financiero, inmobiliario, la salud y educación, con activos de unos 20.000 millones de dólares. Pero al menos hasta ahora las donaciones ilegales han tocado sobre todo a dirigentes de la UDI, un partido de derecha conservadora con fuerte apoyo en los sectores populares. Existen, sin embargo, excepciones: antecedentes que vinculan como receptor de dinero al actual ministro de Obras Públicas, el democristiano Alberto Undurraga, respaldado públicamente por la presidenta Michelle Bachelet esta semana: "Ha entregado todos los antecedentes requeridos". También la información apunta al excandidato presidencial de la Nueva Mayoría, Andrés Velasco, exministro de Hacienda del primer Gobierno de Bachelet (2006-2010).
El escándalo político-judicial se destapó gracias a investigaciones derivadas de fraude tributario y no a la labor del Servicio Electoral (Servel), que no tiene ni las atribuciones ni los recursos para hacer cumplir la legislación que regula el gasto electoral. De acuerdo a la normativa vigente, las empresas pueden financiar la política con un máximo de un 1% de sus utilidades, obteniendo por ello exenciones tributarias. En la campaña presidencial y parlamentaria de 2013, por ejemplo, un 50% de los ingresos provino de las fuentes privadas y, de ello, un 87% se hizo llegar utilizando el mecanismo de donaciones reservadas.
La Fiscalía investiga a Penta, entre otros asuntos, por haber excedido el límite de dinero y por haber pedido a cambio boletas de honorarios fraudulentas para justificar los ingresos y de esa forma obtener rebajas en sus tributos. El senador Moreira, después de ser conocidos sus correos a los ejecutivos de Penta, reconoció en rueda de prensa haber utilizado este mecanismo "irregular" para obtener fondos.
El Gobierno de Bachelet envió hace algunas semanas al Parlamento un proyecto de ley sobre el financiamiento y gasto electoral que prohíbe las aportaciones de las empresas y, sin embargo, en pleno escándalo por el caso Penta, no contempla la reformulación del Servel ni sanciones drásticas para los parlamentarios que hayan incumplido la normativa.
