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Controversia por botadero minero en la alta cordillera:

Grupo Luksic recluta equipo jurídico de alto nivel para litigio en Argentina

domingo, 21 de diciembre de 2014

Economía y Negocios

El Mercurio

Andrés Jana, experto en litigios internacionales, comanda la defensa ante demanda interpuesta por la multinacional Glencore en Argentina. También la integran las ex senadoras Soledad Alvear y Olga Feliú, y el académico Hugo Llanos.



U n botadero minero ubicado a 4.000 metros de altura y en plena cordillera de Los Andes ocupa un rol protagónico en la disputa legal que desde hace nueve meses mantienen en Argentina el brazo minero del grupo Luksic, y Glencore, uno de los mayores gigantes de este sector a nivel mundial.

Ese tiempo tiene la demanda que el proyecto Pachón -ubicado en la provincia trasandina de San Juan- interpuso contra minera Pelambres, el yacimiento que Antofagasta Minerals tiene justo al otro lado de Los Andes, cerca de Salamanca, en la IV Región.

Pese al tonelaje de los involucrados y a los mecanismos activados en Chile y Argentina, la acción ha seguido su curso sin generar ruido mediático. Mientras, la minera chilena constituyó una defensa legal con brazos en ambos países. En Buenos Aires contrató al bufete Bomchill y en Chile ha formado un equipo que comanda Andrés Jana, experto en litigios internacionales, miembro de la defensa chilena frente a Perú en La Haya, y ahora para el reclamo boliviano en el mismo tribunal.

Integran también la defensa de Pelambres las ex senadoras Soledad Alvear y Olga Feliú -ex canciller, la primera, y actual presidenta del Colegio de Abogados, la segunda-, además del académico especializado en derecho internacional Hugo Llanos, entre otros expertos.

Una de sus primeras acciones legales, notificados de la demanda en mayo pasado, fue impugnar la jurisdicción argentina. "Los tribunales argentinos no tienen jurisdicción -afirman en Antofagasta Minerals-. El problema se origina en la ausencia de trazado físico al momento de construir el botadero y eso debe abordarse a través de los instrumentos con que para tal efecto cuentan ambos estados".

No piensa así Glencore. La multinacional, cuya cabeza en Chile es la ex subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, demanda el retiro de 27 toneladas de material y perjuicios económicos por el botadero que Pelambres construyó en 2004 y que dejó de usar en 2011, luego que algunos lugareños chilenos advirtieran que parte de dicha faena podía encontrarse en territorio argentino.

Botadero funcionó hasta 2011

El inicio de esta historia se remonta décadas atrás. Fue en los 70 cuando Pelambres recibió sus primeras concesiones en el sector, luego incrementadas por otras nuevas otorgadas en 1999 y 2003. En 2004, la compañía pidió autorización ambiental para instalar un botadero de mineral que físicamente se ubicó a unos kilómetros de la frontera, en territorio chileno de acuerdo con la cartografía entonces disponible.

Allí comenzó Pelambres a depositar los sobrantes a contar de 2006, constituyendo una superficie aproximada de 1.300 metros de largo y 400 de ancho que operó hasta mayo de 2011. En esa fecha, según sostienen fuentes de Antofagasta Minerals, lugareños comenzaron a advertir que el territorio en cuestión sería argentino. "Por prevención" se paró la operación del botadero e informaron a la Cancillería.

En la minera chilena atribuyen el entredicho a que el tratado suscrito entre Chile y Argentina fija el límite por las más altas cumbres de los Andes que dividen las aguas, "criterio que en ciertos lugares accidentados, como la zona en cuestión, no siempre ha sido fácil de determinar". Y agregan que en 2004, cuando se constituyó el botadero, solo existían dos hitos físicos -el de Pelambres y el Chalinga- que señalaban el límite a 4.000 metros de altura, "a una distancia de 3 kilómetros entre sí, con una laguna en medio que hacía más difícil determinar la dirección exacta del escurrimiento de las aguas".

Afirman que en 2008 se introdujo "un cambio en la cartografía física del Instituto Geográfico Militar, que no se modificó en la cartografía digital y del cual la empresa no fue notificada".

Para evitar confusiones, la autoridad chilena dejó de otorgar permisos en dicha zona. Y entre enero y febrero de 2012, una subcomisión mixta de peritos de ambos países realizó mediciones en la cordillera y procedió a señalizar la frontera en aquellas partes en que existían dudas de interpretación, densificándose el lugar con 10 monolitos. Así quedó de manifiesto que cerca del 40% del botadero de Pelambres se encontraba en territorio argentino.

Parte la disputa

Casi un año después, en diciembre de 2013, Glencore envió a Pelambres una primera carta solicitando el retiro del material acumulado. "¡Son 27 toneladas de material!", dicen en la minera chilena, que insiste en que la petición no tiene sentido, porque el botadero se ubicó en esa zona al comprobar que allí no existían recursos mineros y, por tanto, no habría perjuicios. Señalan que en las conversaciones que sostuvieron con abogados de Pachón se les habló de "compensaciones económicas por el problema medioambiental" y acusan que "ese es el verdadero motivo que hay aquí". Como prueba, esgrimen los cuatro botaderos que contemplaba el proyecto original de El Pachón y que Glencore debió reformular por los reclamos de ambientalistas argentinos.

En Antofagasta Minerals sostienen que la empresa perdió incluso una parte de la concesión minera que se le había otorgado hacía más de 40 años al instalar los hitos y que hoy no podrían cumplir la petición de El Pachón. "Nosotros no podemos internarnos en esa zona, ya que se trata de territorio argentino; esto demanda una autorización y acuerdo entre ambos estados", señalan.

Los argumentos

Es la línea argumental que ha sostenido Pelambres en su defensa: la solución no sería judicial y "pasa por determinar un plan de cierre del botadero que debe ser acordado por ambos Estados, porque involucra los tratados mineros y la relación fronteriza entre ambos países".

No es la opinión de la contraparte. Esta es la respuesta que los directivos de El Pachón enviaron por escrito a las consultas de "El Mercurio":

"En diciembre de 2013, El Pachón solicitó a Minera Los Pelambres retirar de los terrenos de su proyecto -ubicado en Argentina, en la frontera con Chile- alrededor de 50 millones de toneladas de escombros y desechos mineros depositados ahí negligentemente por Minera Los Pelambres, sin nuestro conocimiento ni autorización".

"Ante la reiterada negativa de Los Pelambres y considerando que este es un conflicto entre privados, nos vimos en la obligación de iniciar una demanda civil ante la Justicia Federal de San Juan, Argentina, solicitando al juez que obligue a Minera Los Pelambres a trasladar, a un lugar de su propiedad y control, los escombros mineros, más neumáticos desechados y restos de hidrocarburos provenientes de su operación; a restaurar ambientalmente todo el espacio ocupado por la escombrera en nuestra propiedad, y a compensar cualquier otro daño que esta ocupación ilegal y arbitraria le haya causado a El Pachón".

"Actualmente, estamos efectuando análisis de suelo y agua para determinar el nivel de contaminación que los escombros y desechos de Los Pelambres han causado a nuestra propiedad".

Esta semana tres ejecutivos del proyecto de Glencore visitaron al gobernador José Luis Gioja, en San Juan, para informarle de la reactivación de El Pachón y la presentación de su Estudio de Impacto Ambiental en 2015. Una inversión de US$ 3.500 millones que el gobernador sanjuanino celebró.

El mismo proceso ambiental deberá seguir en Chile, por donde la minera quiere sacar el concentrado hacia el Asia Pacífico (ver recuadro).

Cancillería: "Tema entre particulares"

"El Estado de Chile estima que la situación de la Minera Los Pelambres constituye un tema entre empresas particulares, en el cual no le cabe responsabilidad", respondió oficialmente la Cancillería chilena al ser consultada por "El Mercurio".

Asimismo, señaló su disposición a "colaborar con las empresas involucradas, en la búsqueda de un arreglo razonable y de mutua conveniencia en relación al juicio que se sigue en el tribunal federal de San Juan, Argentina, en el entendido de que existe voluntad de ambas partes en ese procedimiento judicial por encontrar una fórmula de solución. Tal disposición ha sido comunicada a los representantes de ambas empresas".

Desde Buenos Aires, el embajador chileno, Marcelo Díaz, profundizó:

"Se trata de una controversia radicada en el ámbito de la justicia, que involucra a dos empresas, Pelambres y Glencore, cuyo proceso tiene una dimensión transfronteriza que seguimos y acompañamos, buscando que el camino del diálogo allane una solución satisfactoria".

Y agregó:

"Ambos gobiernos han conversado el tema, y a mediados de año convocaron a la comisión binacional establecida en el Tratado de Integración y Complementación Minera, que está analizando la situación y ha realizado diferentes acciones". En su calidad de embajador, también recibió en Buenos Aires a representantes de Pelambres y de Pachón, y posteriormente se reunió con el gobernador Gioja.

"Tenemos un diálogo fluido con la Secretaría de Minería argentina y con el gobierno de San Juan", agregó Díaz, sin dejar de recalcar que "la relación bilateral tiene diferentes mecanismos para resolver estos temas, los monitoreamos y acompañamos, pero los estados no son partes en este litigio".

Como parte de esas acciones viajará en los próximos días a la zona un grupo técnico del Sernageomin -dependiente del Ministerio de Minería-, como también lo hará su par técnico argentino: desde hace meses ambas carteras están coordinadas por este tema, concluyó el representante chileno.

"Los tribunales argentinos no tienen jurisdicción", sostiene la minera de los Luksic. Y acusa que el verdadero motivo que mueve a su contraparte es lograr "compensaciones económicas".

Glencore asegura que su objetivo es que la firma chilena limpie la zona, repare los daños ambientales y compense los posibles perjuicios que la ocupación de la zona haya producido. 

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