martes, 26 de agosto de 2014
Marco Gutiérrez
Economía y negocios
Empresas precalificadas afirman que es clave acceder a detalles de los acuerdos entre SCL y firmas operadoras del terminal, debido a que el 30% de los ingresos de la actividad del recinto provendrá de negocios comerciales.
Un conflicto que puede poner en riesgo el principal proceso de concesión de infraestructura en marcha en el país surgió entre los consorcios interesados en la relicitación del aeropuerto de Santiago y el Ministerio de Obras Publicas (MOP).
Las empresas interesadas y precalificadas para esta licitación exigen ver los contratos comerciales del actual concesionario SCL (ligado a Agunsa, que también compite en este concurso) para saber a qué escenario económico se enfrentan. Es decir, conocer si la relación contractual con restaurantes, retailers, firmas de logística y de transporte, entre otras, que funcionan en el terminal finaliza junto con el término de la concesión vigente —el 30 de septiembre de 2015— o hay acuerdos que se extienden más allá de esa fecha y bajo qué términos financieros.
Firmas que están participando del proceso de relicitación —cuya recepción de ofertas está prevista para el 18 de noviembre próximo— aseguraron que acceder a dicha información es clave para realizar ofertas económicas competitivas, considerando que debe compartirse con el Estado un mínimo del 60% de los ingresos y que el negocio comercial —no ligado a los vuelos— representará casi el 30% de la facturación del concesionario.
“Si no se transparentan los contratos, nadie se va a presentar”, aseguró un representante de uno de los grupos internacionales interesados. La fuente comentó que podría haber contratos que se hayan pactado más allá del 30 de septiembre de 2015 y que el pago de parte del arrendatario se haya hecho por anticipado. Otro integrante de un consorcio chileno y extranjero afirmó “que ya es tarde para tener la información y cumplir bien con la fecha de entrega”.
Si bien habría precalificados que podrían desistir de participar, otro efecto que comentaron es que debido al riesgo que enfrentan al no conocer la información, las ofertas sean menos ventajosas para los intereses del fisco.
El ex subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios cuestionó al MOP y dijo que “no ha sido lo suficientemente ágil para la entrega de información”. Sostuvo que puede haber contratos comerciales que pueden trascender a la concesión actual y que deben ser conocidos por los interesados en la relicitación.
La ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva afirmó “me parece grave que no se haya entregado esta información. No existe traba legal para ello”. Añadió que las actuales autoridades “han perdido tiempo valioso”.
Silva señaló que a inicios de este año, cuando ella estaba en el ministerio, recabaron la documentación y la idea era entregarla cuando la Contraloría tomara razón de las bases de licitación.
Disputa en la Suprema
La concesionaria SCL, en tanto, manifestó ante la Corte Suprema su rechazo a la resolución del Consejo para la Transparencia que le solicitaba mostrar contratos con operadores de carga. La firma rechaza que la entidad acogiera la petición de un particular, pues se trata de acuerdos entre particulares, comenta una fuente conocedora del caso.
Primero, SCL apeló de la decisión del Consejo ante la Corte de Apelaciones, la cual falló en su contra, y luego presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Cercanos a la firma indican que el Ministerio de Obras Públicas tiene copia de los contratos comerciales de SCL, pero solo para confirmar que se ajustan a las bases de licitación y no podría divulgarlos.
Desde Concesiones del MOP están evaluando este tema.
