martes, 12 de agosto de 2014
Francisco Rosende
Profesor titular Universidad Católica de Chile
Últimamente resulta difícil explicar a los observadores externos la dinámica que ha ido adquiriendo el debate de políticas públicas en nuestro país. En efecto, es bastante incomprensible el objetivo expresado por importantes grupos de la coalición gobernante de modificar drásticamente una estrategia económica que ha hecho posible sostener un importante crecimiento del producto por habitante y una drástica caída de los índices de pobreza en las últimas décadas.
Cabe recordar que en el pasado se adoptó en Chile un sistema caracterizado por una considerable intervención del gobierno en la economía, el que, con frecuencia, era justificado por la búsqueda de menores índices de pobreza y una distribución del ingreso más igualitaria. Los resultados de dicha estrategia son bien conocidos. Esta terminó ahogando la capacidad de crecimiento de la economía, al tiempo que el desencuentro entre las expectativas de progreso que se generó en la comunidad y el desempeño que observó la economía, llevó a recurrentes episodios de desequilibrios macroeconómicos. Ilustraciones de las consecuencias de dicho enfoque desafortunadamente subsisten en la región y sus consecuencias las sufren, especialmente, los sectores más vulnerables de estas economías.
Considerando las contundentes lecciones que entrega la evidencia en distintas economías, incluyendo la nuestra, ¿cómo se explica el cambio de enfoque que se aprecia en la formulación de políticas públicas en Chile en el último tiempo? En mi opinión, la respuesta a dicha interrogante es una mezcla de: consideraciones ideológicas, la búsqueda de rentas a través del establecimiento de barreras a la competencia o a la evaluación del desempeño sobre la base de criterios de eficiencia, y una lectura descuidada de la evidencia.
Respecto a la influencia de los factores ideológicos, esta resulta evidente en diversas iniciativas. Dentro de estas cabe destacar la idea de elevar fuertemente la presencia del gobierno en la oferta educacional; la reforma al sistema de salud a través del cobro de nuevos impuestos que permitan financiar el crecimiento de la oferta del gobierno en ese sector; la creación de una AFP estatal y otras que van en dirección similar.
Detrás de propuestas como las mencionadas no existen estudios rigurosos a disposición de la opinión pública que permitan justificar su implementación, sino que esencialmente se aprecia una renovada fe en la capacidad de los gobiernos para asignar recursos. Así, el propósito de aumentar la presencia del gobierno en la economía parece ser un objetivo en sí mismo, más que una respuesta elaborada a los desafíos que nuestro país deberá enfrentar en materias económicas y sociales.
En lo que se refiere a la influencia de los grupos de presión y su impacto en el crecimiento, la historia muestra que esta es una amenaza recurrente para la disciplina en el diseño de políticas públicas. Ejemplos recientes en este sentido abundan en diversas economías europeas, donde por un prolongado período se fue construyendo una compleja red de regulaciones, la que terminó rigidizando el funcionamiento del mercado laboral, al tiempo que se deterioraban las perspectivas de crecimiento. Como era previsible, dichas restricciones favorecieron esencialmente a los que tenían un empleo, al tiempo que se dañó fuertemente la posibilidad de acceder este a quienes se encontraban desocupados y a aquellos que se incorporarían en el futuro a la fuerza laboral.
El riesgo de replicar un cuadro similar en nuestra economía a través de las iniciativas que se conocen en materia laboral no es menor. Por otro, en sectores tan sensibles para la construcción de una sociedad con mayor igualdad de oportunidades —como son educación y salud— se aprecia una persistente resistencia al establecimiento de una estructura de incentivos que premie el logro de resultados en el sector público, lo que plantea un severo obstáculo al avance en estos ámbitos.
Por último, a menudo se aprecia en el debate de políticas públicas la hipótesis de una insensibilidad de las decisiones económicas de las personas a muchas intervenciones de la autoridad. De hecho recordemos que hasta pocos meses era frecuente escuchar que una drástica alza en la carga tributaria de las empresas no afectaría negativamente el ahorro ni la inversión. Si bien excede largamente el espacio de esta columna una discusión de esta hipótesis, me parece que la evidencia que entrega la misma economía chilena en las últimas décadas la desmiente contundentemente. Por lo mismo, me parece que sería un grave error formular políticas sobre la base del supuesto que las personas no reaccionaran ante las señales o (des)incentivos que estas incorporan.
Que un país que ha visto próximo el desarrollo se vea amenazado por tales riesgos no es inusual, lo que sí será difícil de explicar es que no se logre resistir dichas presiones y reasumir la estrategia que ha probado su eficacia.
