martes, 05 de agosto de 2014
Marco Gutiérrez
Economía y negocios
El gravamen a la carga transferida que incluye el proyecto equivaldría a 11% de las ganancias, un 9% a una compensación asumida en abril de 2013 y otro 25% al bono por el fin de conflicto de enero pasado.
Inconstitucional y como un golpe fuerte a la rentabilidad del sector califican en las empresas portuarias concesionadas el impuesto que incluye el proyecto denominado “Ley corta”, que pretende costear mejoras en las condiciones laborales y en la institucionalidad del sector. En particular, la iniciativa busca pagar a los trabajadores media hora de colación reclamada para el lapso 2005-2013, demanda que motivó en enero pasado un paro que duró un mes.
El proyecto de ley que se debate en el Senado incluye un aporte económico a beneficio fiscal que harán las compañías portuarias, el cual asciende a US$ 0,2 por tonelada de carga general transferida y a US$ 0,1 por tonelada de granel sólido o líquido. Así, lo que se contempla recaudar son US$ 62,4 millones al 2018. De esta manera, los ingresos anuales suman US$ 15,6 millones, que resultan de aplicar dichos valores a 120 millones de toneladas.
Según un análisis que circula en el sector portuario, con dicho gravamen al transporte de carga sumado a compensaciones asumidas por las firmas portuarias —principalmente privadas— tras las movilizaciones de abril del año pasado y enero de 2014, “el sector se verá obligado a incurrir en una serie de gastos no contemplados en sus contratos de concesión. Estos, en promedio, equivalen a 45% de las utilidades registradas en 2013”, señala el documento.
El desglose de esa cifra parte con la compensación que desde abril de 2013 comenzó a pagar el rubro a cambio de que los trabajadores hicieran efectiva su media hora de descanso para colación al final de cada jornada. Esto corresponde a $3.600 por turno de 7,5 horas. Ese costo equivale a 9% de las ganancias.
A lo anterior se añade el pago a cada trabajador de un bono de $1,5 millones por fin de conflicto tras la paralización de enero pasado. Esto equivale al 25% de las utilidades de los terminales concesionados del ejercicio pasado. El 11% restante está ligado al impuesto a la transferencia de carga. El análisis consideró los resultados de los ocho principales puertos concesionados del país y se extrapolaron los costos a toda la industria.
Las cifras se dan a conocer a la espera de que mañana se analice en la comisión de Trabajo del Senado el proyecto de “Ley corta” portuaria, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que se tramita con carácter de suma urgencia. En las empresas temen que la iniciativa se apruebe en el Senado sin las correcciones que pretende la industria y en medio del mayor foco de atención que se ha generado por la discusión de la reforma tributaria.
De todos modos, el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Jorge Marshall, confía en el criterio de los senadores y sostiene que existen varios puntos que perfeccionar, como el pago del impuesto y la organización del descanso.
Inconstitucional
Según comentan en el sector, un estudio encargado por la Camport concluye que el gravamen a la carga es inconstitucional, vulnerando la exigencia de que los tributos no tengan un fin específico. Al interior de las compañías indican que al otorgar media hora de colación, como indica la ley, se reduce de 45 a 42 horas semanales la jornada. También alegan que ese descanso o colación se está pagando hoy a un valor $3.600, por lo cual esto se estaría cancelando tres veces si se considera que el tiempo se imputa a la jornada laboral actual.
Actores del rubro añaden que el sindicato Unión Portuaria de Chile pretende que la media hora de colación se ejecute al mismo tiempo por todos los trabajadores, y no de manera alternada. Esto, agregan, implicaría que en la realidad el tiempo de descanso sea de 45 minutos, lo que equivale a un mes sin producción al año.
