lunes, 26 de mayo de 2014
Constanza Rodríguez
Economía y negocios
Desde el gremio aseguran que las pymes del agro se verán más perjudicadas que las empresas de mayor tamaño con la reforma tributaria.
Un fuerte impacto en los agricultores más pequeños del país generará a juicio del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, la reforma tributaria que está impulsando el Gobierno.
“Las autoridades han insistido en que el proyecto de reforma tributaria no tendrá impactos negativos sobre la clase media. Sin embargo, nuestros análisis nos permiten concluir que las pymes del agro sí se verán afectadas, incluso en mayor medida que las empresas agrícolas más grandes”, asegura.
A juicio de Crespo, el principal impacto provendrá del cambio al régimen tributario de renta presunta que hoy acoge a unos 43 mil micro y pequeños productores. Según señala, la reforma propone dejar esta opción solo a micro-productores que venden menos de UF 2.400 (unos $46 millones al año, por ejemplo un cerealero de 70 ha) y/o a los que su capital efectivo no supera las tres mil UF (unos $71,7 millones), como el caso de un agricultor con un huerto frutal de 10 hectáreas.
Agrega que a ambos les aumentará entre 40% a 45% el impuesto de primera categoría, pero como sus ingresos personales son bajos, en la declaración del global el fisco deberá devolverles los impuestos pagados en exceso. “Estos impuestos, que no debieron haber sido pagados por los agricultores, habrán servido para financiar al fisco a un costo financiero cero. Más de 25 mil microempresarios estarán en esta situación”, afirma.
Crespo dice que otro grupo, cercano a las 20 mil pymes agrícolas, saldrán de presunta y pasarán a tributar por renta efectiva, pagando de cuatro a cinco veces más en primera categoría que lo que pagan hoy. Además, la carga de su global complementario se elevará de cuatro a nueve veces.
A lo anterior, dice Crespo, hay que sumarle el mayor esfuerzo que les supondrá a estas pymes financiar los déficit de caja, ya que no podrán utilizar el impuesto postergado para financiar su operación, al tener que pagar todo el impuesto; los pagos provisionales mensuales (PPM), y afrontar el costo y las dificultades prácticas que supone llevar una contabilidad completa en localidades donde hay escasa oferta de servicios contables de fiar.
“Al ser consultadas por este tema, las autoridades han señalado que los productores afectados podrán acogerse a un régimen intermedio, la contabilidad simplificada. Sin embargo, ésta no es una opción fiable para los productores pues no considera la confección de un inventario inicial que reconozca a valor comercial sus activos. En caso que un agricultor quiera vender su campo se vería obligado a pagar un impuesto a la ganancia de capital sobre el precio total (en un caso extremo), y no limitado solo a la diferencia efectiva de valor entre el momento de iniciar la contabilidad por renta efectiva y el momento de la venta. Siendo así, deberá pagar un impuesto al patrimonio con una tasa entre 25% y 35%”, dice Crespo.
