domingo, 02 de febrero de 2014
Claudia Ramírez
Economía y Negocios
El viernes, la SVS formuló cargos contra siete ejecutivos de cuatro firmas distintas. La arremetida se suma a la acusación de septiembre contra Julio Ponce y tres profesionales ligados a las sociedades "aguas arriba" de SQM.
El viernes pasado, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) remeció nuevamente a la plaza financiera local. Formuló cargos contra siete ejecutivos de cuatro firmas distintas por el caso Cascadas, las sociedades que controlan SQM.
Esta resolución de la SVS se suma a la que ya había tomado en septiembre pasado por el mismo caso, y que involucró a otros cuatro ejecutivos.
El viernes, fue el turno de Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Leonidas Vial y Alberto Le Blanc, todos de LarrainVial. De Cristián Araya, ex ejecutivo de Banchile Corredores de Bolsa; de Citigroup Markets y su representante legal, Fabio Gheilerman; y de Linzor Asset Management, y su representante legal, Canio Corbo Atria.
En septiembre, el organismo formuló cargos contra Julio Ponce, controlador de SQM; Aldo Motta, gerente general de Norte Grande; Patricio Contesse Fica, gerente general de Potasios; y Roberto Guzmán Lyon, asesor legal de Julio Ponce.
La SVS tiene un plazo de hasta seis meses para resolver sobre los cargos conocidos el viernes. Y para los primeros, que datan de septiembre, tiene como fecha límite marzo. Así en el papel, antes del cambio de mando, el superintendente Fernando Coloma, podría pronunciarse, al menos sobre la "primera parte" del caso Cascadas.
Los primeros "formulados"
El primer "remezón" lo dio la SVS el 10 de septiembre del año pasado, justo cuando cundía la ansiedad de los accionistas minoritarios, que un año atrás habían solicitado al organismo regulador investigar operaciones de las sociedades cascada ligadas a SQM. Ese día, el organismo formalizó a los primeros cuatro ejecutivos ligados al caso.
El organismo señalaba que los cargos se circunscribían "a la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM".
La formulación del viernes contra cuatro firmas y siete ejecutivos señala operaciones que en este caso "habrían afectado el normal funcionamiento del mercado bursátil".
En septiembre pasado, el Ministerio Público decidió abrir la arista penal del caso y radicarlo en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte.
Los ejecutivos sobre quienes se habían formulado casos, arriesgaban penas por hasta 10 años de presidio, según diversos abogados. Y, a esa altura ya se hablaba entre las AFP de la posibilidad de que se sumaran más ejecutivos sobre quienes la SVS formularía cargos.
En paralelo corría en tribunales una pugna entre Julio Ponce y Moneda, que se había iniciado en abril, cuando Ponce presentó una acción legal contra la administradora de fondos por entrega o inducción de información falsa al mercado.
Surgen las "sociedades instrumentales"
A principios de octubre se conoció en detalle el informe que firmó Coloma, y en el que el organismo describe el modus operandi por el cual había formulado cargos a Ponce y los tres ejecutivos. Básicamente consistía, según la SVS, en realizar operaciones bursátiles que beneficiaron a Ponce a costa de perjudicar a los accionistas minoritarios de las Cascadas. En el informe, el regulador hablaba además de "sociedades instrumentales", de propiedad de Leonidas Vial, presidente de LarrainVial, de Roberto Guzmán y de Alberto Le Blanc.
La relación que estableció en su informe la SVS cayó como un balde de agua fría en LarrainVial, lo que llevó a su gerente general a defender tanto a la compañía como a su presidente. Fernando Larraín, socio de la firma, dijo a "El Mercurio" el 20 de octubre de 2013: "Como LarrainVial jamás hemos formado parte de ningún esquema u operación que tenga un objetivo, por así decir, perverso, o de esa naturaleza. Nuestro rol se limitó a ser intermediario". Agregó: "Pongo las manos al fuego por los tres: León Vial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz", ejecutivos sobre los cuales la SVS formuló cargos el viernes.
La réplica de Ponce
La réplica de Julio Ponce vino a fines de octubre, cuando solicitó a través de sus abogados la inhabilitación del superintendente Fernando Coloma, por su relación de subordinación al Presidente Piñera, quien tuvo acciones de las Cascadas.
De paso, el abogado de Julio Ponce, Raimundo Labarca deslizó la tesis de que el mandato del fideicomiso ciego no implica que las acciones que tenía el Presidente Sebastián Piñera en las Cascadas se hayan vendido. "De acuerdo al texto de esos contratos de mandato, las sociedades vinculadas al Presidente solo habrían entregado esas acciones en administración, conservando la propiedad de las mismas, al extremo de que si no son vendidas antes de marzo próximo, le deben ser restituidas", dijo Labarca.
El 25 de octubre el intendente de Valores, Hernán López, desestimó el requerimiento de inhabilitación del superintendente y los abogados de Ponce insistieron con un nuevo requerimiento a mediados de noviembre. De hecho, presentaron una querella contra el superintendente Coloma y su intendente Hernán López y contra Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado. El superintendente contrató a Paula Vial, ex defensora nacional, para que lo defendiera.
La bolsa hace comité ad hoc
A esas alturas, la controversia salpicaba al resto de la bolsa, a la que se pidió más transparencia. El organismo reaccionó formando un comité ad hoc que trabajaría en varias etapas, con tareas como "develar las eventuales debilidades regulatorias, ver cómo se resuelven estas en otros mercados, preparar un borrador de referencia de nuevas reglas, consultarlas con los corredores para conocer sus eventuales observaciones (de qué manera pueden producir efectos no deseados) y finalmente formular la propuesta regulatoria", según resumió el abogado y miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio, Enrique Barros.
A comienzos de enero de este año, el SII también "golpeó la mesa" y reveló que está investigando antecedentes sobre el caso Cascadas. El foco estaría puesto en las transacciones de compra y venta de acciones de la estructura de la cascada.
