lunes, 20 de enero de 2014
Azucena González
Economía y Negocios
Acción legal incluye daño moral, que los patrocinantes estimaron en $30 millones por cada uno de los minoritarios que son parte de la acción.
"Me impactó mucho un caso. Hubo una señora que hacía aseo en el aeropuerto, tenía un millón de pesos ahorrados, que eran para el pago de la educación de su hija. La corredora le hace la sugerencia de por qué no los invierte en acciones de La Polar. Esa señora compró a $1.800 y hoy la acción cuesta menos de $70”, cuenta la abogada Bárbara Salinas.
Como ese caso, la abogada reunió a 250 accionistas minoritarios de La Polar, quienes este martes concurrirán a la justicia y estamparán una demanda de indemnización de perjuicios tras el escándalo de las repactaciones unilaterales de la multitienda.
Los demandantes son personas naturales, de los cuales del orden del 50% sigue siendo accionista de la compañía de retail, mientras la otra mitad ya vendió sus títulos tras el escándalo.
Por el lado de los demandados, la acción la ejercerán contra 15 personas naturales y jurídicas involucradas en el caso. Contra Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Santiago Grage, Nicolás Ramírez, Martín González, Ismael Tapia, Pablo Fuenzalida, Marta Bahamondes, las clasificadoras Feller Rate y Fitch Chile (y sus respectivos representantes legales), la auditora PwC y Alejandro Joignant (quien lideró el equipo auditor de la multitienda).
Los 250 accionistas buscan que se les indemnice por los daños patrimoniales sufridos a raíz del escándalo de las repactaciones unilaterales que surgieron a la luz pública en 2011. En total buscan una indemnización que sumaría una cifra equivalente a unos US$ 37 millones.
Esta indemnización la desglosan en tres grandes ítemes. El primero es el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial derivada de la caída en el valor de las acciones tras el escándalo, que estima Bárbara Salinas corresponde a una cifra conjunta de unos US$ 11,8 millones. Esto, al computar la diferencia entre el precio al que cada accionista compró los títulos previo a estallar el caso, y el valor al que quedaron después (o al que vendieron, en el caso de los que ya enajenaron sus títulos).
El segundo ítem es el lucro cesante, es decir, el daño económico derivado de estar en una compañía que tiene pérdidas, en circunstancias que estos accionistas entraron a la propiedad con la creencia de que la firma tenía utilidades, y en vez de haber invertido en otros instrumentos que sí les hubieran dado los retornos que esperaban.
En este punto la acción legal apunta a obtener el 10% del valor de cada acción al precio al que la adquirieron. O sea, unos US$ 10 millones.
El tercer ítem es el daño moral, que en la acción legal está consignado como una cifra fija de $30 millones por accionista, un estimado de US$ 15 millones entre todos. “Hay gente que invirtió todos sus ahorros en esta compañía, y que ha tenido un sufrimiento tremendo. Gente joven que iba a dar el pie para su vivienda. O se han generado problemas más íntimos de carácter familiar, matrimonial...”, cuenta la abogada.
Los plazos corren
Salinas —quien patrocina la causa en conjunto con el abogado José Ignacio Urrutia, del estudio Peralta Soto Urrutia— explica que la acción legal ingresará este martes a la justicia civil, timing que dice relación con conjugar dos factores: por un lado, que la arista penal del caso estuviera “más madura” (ya está presentada la acusación por parte de la fiscalía) y, por otro lado, ya no podían seguir esperando el inicio ni menos el término del juicio penal para concretarla.
Los abogados estiman que el escenario probable de esta arista penal es que el próximo 27 de enero la justicia acepte ampliar la investigación y dé más plazo a las defensas de los imputados —tal como lo han solicitado—, para presentar nuevas diligencias. Y si eso ocurre, los plazos del juicio penal se alargan hasta el punto de no hacerlo compatible con los plazos que tienen los afectados para demandar civilmente.
“Podemos estar fácilmente dos años más con una causa penal abierta con respecto al caso La Polar. Y desde el punto de vista civil, tenemos un plazo de prescripción, que son cinco años que se cuentan a partir de los hechos, el 9 de junio de 2011. Podríamos correr el riesgo de estar muy en el límite”, explica la abogada. Y estima que los antecedentes existentes, con las sanciones administrativas ya cursadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la de Bancos (SBIF), les dan un buen sustento para presentar la demanda y creer que puede llegar a buen puerto.
—¿Por que la acción es contra personas y no contra La Polar?
“Porque representamos a un porcentaje de accionistas que todavía tiene esa calidad y, por lo tanto, son dueños de la compañía. Demandar a Empresas La Polar no sería otra cosa que demandarse a sí mismos. Además, y con franqueza, hay un criterio de realidad. La Polar, con la nueva administración, es una compañía que está como el ave fénix tratando de resurgir de las cenizas y tenemos que ser realistas en cuanto a que, si estamos buscando la reparación económica, tenemos que buscarla donde encontremos que tenemos posibilidades ciertas de que se responda. De lo contrario, nos quedaríamos con una linda sentencia, un triunfo moral, sin poder ejecutarlo”.
—¿Cómo debiera prorratearse entre los demandados la indemnización, en el caso de que la justicia les dé la razón? Hay grados de responsabilidad: involucrados penalmente, y otros, negligentes.
“Dejamos la puerta abierta para que el tribunal pondere y determine de qué manera, en qué porcentaje y de qué forma, si es que llegan a ser condenadas estas personas, van a tener que concurrir al pago de las indemnizaciones”.
—¿Por qué no se incluyó a las corredoras en la demanda?
“Esta es una demanda seria, no es al boleo. Para poder tener cierto grado de posibilidades de éxito, es necesario establecer el nexo causal entre el hecho y el daño. Nosotros pedimos al ministerio público la separación de la investigación, a lo cual accedió. Esta (la de las corredoras) es una arista distinta, que está separada del juicio principal, no sigue los mismos tiempos, ni los mismos ritmos. Además, también tenemos pendiente el pronunciamiento de la SVS. El año pasado concurrimos formalmente a entregarle el peritaje que encargamos a la Usach y le pedimos que investigue desde el punto de vista administrativo a las corredoras en el caso La Polar. Esa investigación administrativa sigue abierta, no se ha cerrado (…) Por esa razón no están incluidas ahora. Si encontramos antecedentes a propósito de esta investigación administrativa que haga la SVS, o bien en la causa penal, sí vamos a evaluar y presentar acciones de carácter civil”.
—¿Cómo se compatibiliza esta acción con la de las AFP?
“Tenemos intereses contradictorios. La última fue la demanda de AFP Capital, contra La Polar. El hecho de que demanden a La Polar es una situación que afecta el interés de los accionistas minoritarios que nosotros representamos, porque los están demandando indirectamente a ellos. Además, nos estamos refiriendo a los mismos hechos, y el primer fallo que salga en uno de estos juicios civiles, de alguna manera va a tener cierto impacto en los juicios que vengan. Las AFP, en el caso La Polar, no han estado a la altura de la situación. Son muy efectistas y eficientes a la hora de destapar, hacer ruido y levantar un tema, pero una cosa es eso y otra cosa es sostenerlo en el tiempo, pelearlo y llegar hasta el final. Están tremendamente ausentes”.
