domingo, 15 de diciembre de 2013
Claudia Ramírez
Economía y Negocios
Bienes Nacionales está licitando inmuebles a privados para diversos fines como el turismo y la industria, lo que ha acarreado críticas de sectores que estiman que estos predios podrían destinarse a familias que viven en campamentos. El ministro asegura que los cuestionamientos son “desinformados e ideologizados”.
Antes de llegar al sector público, el ministro de Vivienda era conocido en el mundo privado por su nombre completo, Rodrigo Pérez Mackenna. Ese nombre hoy “es parte de la historia”, dice el propio ministro. Se convirtió en Rodrigo Pérez cuando arribó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y priorizó la promoción de subsidios para la clase media y para los sectores emergentes.
Hoy, el ministro Pérez es otra persona. Si bien sus planes profesionales para después del cambio de mando aún no están definidos, le gustaría mantener “una pata” en el sector público. No tiene claro de qué forma e incluso evalúa la opción de participar en la fundación que formará el Presidente Sebastián Piñera. A la vez, no descarta volver al sector privado, donde participó en firmas como Deutsche Bank y Essbio. “Si bien he tenido algunas ideas y acercamientos, voy a decidir en marzo”, señala.
En sus últimos tres meses en el ministerio quiere concretar la primera entrega de los subsidio de arriendo “Chao suegra”, que se realizaría en enero; ojalá finalizar la reconstrucción post 27-F, que dice tiene el 99% de las obras terminadas o en proceso, y avanzar en la agenda legislativa relacionada con la cartera.
Al momento de los balances, en materia habitacional, el ministro Pérez destaca el nuevo subsidio para los sectores vulnerables, que según comenta “ha permitido un giro en materia de calidad y ubicación de las viviendas”.
Paños con distintas vocaciones
Pero, justamente la política habitacional del Gobierno ha levantado críticas en las últimas semanas.
El Ministerio de Bienes Nacionales, repartición que también encabeza Pérez, lanzó la semana pasada el plan de licitación para 2014 que involucra la venta de siete mil hectáreas y otras 13 mil hectáreas en concesiones. Este plan generó inmediatas críticas de parte de Iván Poduje, socio de Atisba y ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial de la Nueva Política de Desarrollo Urbano. Cuestiona la venta de predios fiscales a privados y no cederlos a familias más vulnerables para la erradicación de campamentos y relegar las viviendas sociales a la periferia. Poduje puso el ejemplo de Antofagasta, donde señaló que 1.146 familias viven en condiciones muy precarias.
Pérez refuta estas críticas y asegura que son desinformadas y altamente ideologizadas. “Bienes Nacionales ha estado en una estrategia de un plan de licitaciones que es integral, tiene distintas vocaciones de uso, hay un tema habitacional, uno industrial, de energía, de conservación y turismo muy importantes. Son los cuatro ejes principales”.
“Las necesidades del país son múltiples y no necesariamente compiten. Un terreno que tiene aptitud para desarrollo industrial no necesariamente tiene posibilidades de usarse para vivienda. ¿Cuál es la obligación de Bienes Nacionales con esos terrenos? Ponerlos a disposición del desarrollo industrial del país y que se puedan realizar las inversiones necesarias para que sea un país competitivo. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la energía y el turismo.
Entonces, llegar y decir que esta licitaciones impiden el traslado de los campamentos es realmente no haber hecho un estudio profundo del plan de licitaciones y de la vocación de Bienes Nacionales”, estima.
¿Viviendas sociales en el centro?
Bienes Nacionales es dueño del 51% del territorio nacional, por tanto, lo que haga o deje de hacer no es indiferente.
Un mecanismo para fomentar las viviendas sociales es que esta cartera traspase a los distintos servicios de Vivienda y Urbanización, Serviu, terrenos para construir los inmuebles.
Con números en la mano, el ministro indica que en los últimos cuatro años Bienes Nacionales ha transferido a los Serviu 71,3 hectáreas para viviendas sociales, mientras que en el gobierno anterior se trasfirieron 19 hectáreas.
Agrega que si en 2008 y 2009 el 36% de las familias beneficiadas con los
subsidios del Fondo Solidario de Vivienda y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda estaban localizadas en el anillo de Américo Vespucio, ese porcentaje creció entre 2010 y 2012, y el 45% las familias estaba en ese sector.
¿Es posible usar los terrenos de Bienes Nacionales para construir viviendas sociales en el centro? “Bienes Nacionales no tiene terrenos cercanos al centro de la ciudad. Puede que haya retazos o algunos departamentos o viviendas aisladas, pero Bienes Nacionales no tiene grandes fajas de terreno en los sectores céntricos de la ciudad (....) Si uno analiza el plan completo de licitaciones se puede ver que los terrenos destinados a desarrollo inmobiliario representan menos de un 2% del plan de licitaciones completo en términos de hectáreas”, responde el ministro.
¿Por qué el plan de licitaciones solo destina el 2% a viviendas? ¿No se puede destinar un porcentaje mayor para viviendas sociales? Pérez responde: “Los terrenos que se están vendiendo no son aptos para viviendas sociales o el desarrollo de las mismas (en su mayoría son industriales y rurales)”.
Agrega: “Dentro del plan de licitaciones, también se está poniendo énfasis en reservar terrenos para viviendas sociales que se enmarquen dentro del concepto de desarrollos integrados de viviendas, donde se puedan desarrollar en forma integrada con otro tipo de viviendas”. Y pone como ejemplo lo que ocurre con el sector de Playa Blanca, en Iquique, un terreno fiscal de Bienes Nacionales, de aproximadamente 120 hectáreas, en el que se están licitando 30 hectáreas para privados y el Estado se está reservando 90 hectáreas para eventuales desarrollos de viviendas sociales.
Otro ejemplo es el sector de la Chimba, en Antofagasta, donde, según Pérez, se está reservando una parte importante de superficie para el Serviu. “De hecho, ya se han transferido (al Serviu) 20 hectáreas”, indica.
Un cuestionamiento adicional, pero desde el mundo inmobiliario, es que el alza de los precios de los terrenos y de la mano de obra han vuelto menos atractiva la construcción de viviendas sociales. Pero el ministro señala que este fenómeno ha venido aparejado de un incremento del monto de los subsidios. “El promedio el monto del subsidio pagado para las familias vulnerables ha aumentado en 34% respecto de la administración anterior, 570 UF para viviendas sociales, contra 430 UF”.
Hay un avance sustantivo en materia habitacional, recalca. “Por pago de obras ejecutadas en vivienda este gobierno habrá gastado US$ 8 mil millones solo en vivienda, un 75% más que el gobierno anterior. Es la realidad”.
