Fondos Mutuos
La crisis de Curauma ya afecta a todos los ámbitos de la empresa. Si bien el 5º Juzgado Civil de Valparaíso acogió un requerimiento de la defensa de la firma que evitó, por el momento, que se declare su quiebra, sus acciones han caído 82% solo en lo que va de este año y 96% si se calcula desde diciembre de 2011.
Esto, en circunstancias en que la transacción de estos papeles ha sido suspendida por la SVS en al menos seis ocasiones en los últimos dos años. Actualmente, de hecho, están suspendidos.
Además de los accionistas minoritarios, también los trabajadores de la compañía de desarrollo inmobiliario ligada a Manuel Cruzat Infante han sido afectados por la falta de liquidez de la empresa. En septiembre se manifestaron y reclamaron por los sueldos y pago de cotizaciones que esta les adeudaba por más de tres meses.
La crisis se hizo pública en 2012 cuando la SVS detectó diferencias en la valorización del fundo Las Cenizas de Curauma que hicieron tanto la propia empresa como su entonces auditor externo, BDO, y EuroAmerica Seguros de Vida, que poseía este terreno como parte de un leasing financiero.
Además de registrar demoras al presentar sus estados financieros al cierre de 2012 y de junio pasado, la compañía ha pasado por la búsqueda de socios estratégicos, la venta de control que más tarde se canceló, y ha tenido numerosos asesores, entre los que se contó un Comité Financiero integrado por familiares y cercanos a Cruzat, y la asesoría de LarrainVial.
El trabajo de estos asesores no llegó a puerto: en julio pasado, el empresario retomó el liderazgo de las negociaciones, y cambió de asesores financieros y jurídicos.
Entonces se gestó lo que llevó a la firma a quedar ad portas de la quiebra. La firma propuso un convenio judicial preventivo que daba continuidad de giro —que fue revisado por el juez árbitro Diego Munita Luco—, pero el nuevo asesor externo, Inverfaz, liderado por Rafael Fazio, solicitó prórroga para presentar modificaciones a la propuesta y resolver un conflicto por la propiedad de los terrenos que están en poder de EuroAmerica, el que hoy está en tribunales.
La nueva propuesta no llegó a ser conocida por los acreedores —entre los que se cuenta la Tesorería General de la República—, ya que según Munita, tras varias prórrogas, la firma no presentó el convenio en los plazos establecidos, lo que es desmentido por Fazio. Esto derivó en que, tras la última junta de acreedores, y ante la falta de quórum y propuesta, el juez árbitro derivara los antecedentes a la justicia para que esta resolviera la quiebra.
A la espera de que los tribunales de Valparaíso resuelvan si se declara la quiebra o los antecedentes vuelven a manos de Munita, Fazio ha solicitado que se impugne al abogado y se designe a un nuevo árbitro, por supuestas irregularidades en el proceso de convenio judicial preventivo.
Respecto a Tesorería —a quien la firma adeuda US$ 130 millones y es el mayor acreedor—, Fazio agrega una nueva arista del caso: “Será esencial debatir la legitimidad de la totalidad de los créditos reclamados por el Estado (…). Los montos están artificialmente incrementados, mediante el uso de fórmulas de cobro, que terminan haciendo exigible valores que no corresponden a la realidad”, dice.