domingo, 29 de septiembre de 2013
Claudia Ramírez Friderichsen
Economía y Negocios Online
Desde hace tres años, la Minera Siglo XXI intenta instalarse en la zona donde tiene pertenencias mineras, pero los comuneros han presentado recursos judiciales para impedirlo. El máximo tribunal del país decidirá si el proyecto puede funcionar con los permisos que tiene.
Huentelauquén se ha transformado en una parada obligada de los veraneantes que viajan rumbo al norte. La zona -ubicada en la comuna de Canela, Cuarta Región- es conocida por la belleza de sus parajes, por sus quesos, pero hoy es epicentro de un conflicto que tiene enfrentados a tres actores.
La Minera Siglo XXI, en sus orígenes de capitales chilenos y brasileños, que quiere hacer un proyecto de extracción de metales. Por otro lado, hay comuneros, dueños de los terrenos de la zona, que se oponen al proyecto minero y reclaman para sí el uso del borde costero. Y también hay parceleros, familias de profesionales y famosos del mundo del espectáculo que han comprado sitios de 5 mil m {+2} para construir casas de veraneo y quieren asegurar esta inversión, manteniendo despejado el borde costero.
2010, arribo de la minera
Los problemas entre los comuneros y la Minera Siglo XXI empezaron en 2010, cuando esta última quiso entrar a una parte del sector de la Comunidad Agrícola Huentelauquén -que reúne a más de 300 propietarios que en conjunto poseen siete mil hectáreas- para extraer metales de la arena.
La minera es dueña de "pertenencias mineras" en ese sector, que le dan derecho a explorar y explotar en forma subterránea en sitios que pertenecen a los comuneros. En ese momento se inició un juicio en Los Vilos, con el que la minera busca ingresar a los terrenos y explotar los minerales. "La ley distingue a quien es propietario minero, que es dueño de lo que está abajo de la superficie, y al comunero, que es propietario de lo que hay arriba. El minero está obligado a indemnizar sobre los perjuicios al comunero", dice Román Muñoz, abogado de la comunidad.
La indemnización ofertada por la minera a los comuneros fue de $150 mil mensuales, indica Muñoz. "Dijimos, "a ese precio, de ninguna manera". Porque el daño que va a causar es mucho mayor y hay un daño ecológico que no tiene precio", señala Muñoz.
En la desembocadura del río Choapa y en los terrenos costeros de la comunidad hay humedales que los comuneros y un equipo de biólogos de la Universidad de La Serena quieren proteger, a través de la postulación del lugar como Sitio Ramsar. Esta declaración implica reconocer en primer término que la zona contiene "humedales de importancia para la conservación de la biodiversidad regional, nacional e internacional, particularmente para las aves migratorias y acuáticas", dice Carlos Zuleta, académico de la U. de La Serena. El Ramsar exige que actividades de elevada inversión o alto impacto ambiental, como la minería, se sometan al Sistema de Impacto Ambiental, explica Zuleta.
Procesos judiciales
En el juicio entre la minera y los comuneros se hizo parte el seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, luego que la comunidad le planteara a la autoridad que la minera estaba solicitando una concesión que involucraría a un bien nacional de uso público y que se ubicaría junto a humedales, playas y dunas, entre otros, cuenta Gonzalo Chacón, seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo.
La Seremi concordó con los comuneros y presentó un recurso que buscaba que se le negara a Siglo XXI el derecho a instalarse en la zona. Pero el tribunal lo rechazó, argumentando que el Consejo de Defensa del Estado debía presentarlo. "Ya oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que se hiciera parte, y este está evaluando si va a actuar para defender el bien nacional de uso público o debido a que se está afectando al medio ambiente", adelanta Chacón.
En tres años de litigio, los comuneros empezaron a tener conflictos entre ellos, y esto se reflejó en tribunales. En agosto de 2012 renunciaron al recurso legal que impedía a la minera instalarse, lo que permitió a la empresa llegar al sitio. Pero meses más tarde, una nueva directiva de los comuneros cambió de parecer, y a través de una demanda insistió en la paralización.
Esta acción judicial, que mantiene las faenas mineras paralizadas, escaló a la Corte Suprema y está a punto de fallarse. "La demanda dice que se está construyendo una obra que es nueva, que no cuenta con los permisos necesarios", indica Román Muñoz.
Consultada por "El Mercurio", Siglo XXI respondió a través de su gerente general, Haroldo Blanco, que el caso está por resolverse en la justicia, y "es de público conocimiento y acceso para cualquier persona". Sobre la información acerca de los socios de la minera, respondió que puede ser extraída de registros que son de acceso público.
Polémica por el borde costero
Los comuneros cuentan que han usado distintas "estrategias" para evitar que la mina se instale en el sector, incluidas protestas como la que protagonizaron el 21 de septiembre, cuando en pleno fin de semana largo bloquearon por horas la Ruta 5 Norte.
Otra estrategia fue comprar diez pertenencias mineras alrededor de la minera en el sector de la duna, "para protegernos", explica Ricardo Rojas, vicepresidente de la comunidad.
Los comuneros decidieron recurrir a una herramienta legal llamada "goces singulares", que les permitiría usar de manera individual los terrenos que poseen como colectivo comunitario. "Es para que cada comunero se haga responsable de su terreno", asegura Rojas.
Los "goces singulares" son para dos sectores: una franja que rodea a la Ruta 5 Norte y otra en el borde costero. Bienes Nacionales asesoró a los comuneros en la asignación de los goces y financió todo el levantamiento topográfico del sector, indica Ricardo Rojas.
Pero aquí entró el tercer actor al conflicto, los parceleros, dueños de varios sitios que compraron a los comuneros en un área cercana a la playa.
En 1998, los comuneros dividieron en parcelas parte del territorio costero que comparten. Así, el sitio se dividió en 343 terrenos de 5 mil m {+2} cada uno, para que los comuneros pudieran venderlos a título personal a particulares. Cerca de la mitad de las parcelas ya fue vendida, y algunos de los nuevos dueños hicieron sus casas para veranear.
Consultados por "El Mercurio", los parceleros dicen que no hay conflicto con los comuneros. Sin embargo, a través de una carta que enviaron al subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, evidenciaron diferencias con los comuneros. En el documento fechado el 25 de septiembre aseguran que los "goces singulares" que tramitan los comuneros "no cumplen derechamente con los requisitos que la ley exige, no se han constituido con las formalidades que los propios estatutos prescriben". Argumentan, además, que entregar los goces "afectará gravemente el valor de los terrenos de la comunidad".
Los comuneros dicen que su petición es legal y acusan a los parceleros. "Creen que vamos a poner puestos de papas fritas, de pan amasado y empanadas y les vamos a llenar la playa. Aquí hay que ser claro: hay un tremendo clasismo de la gente de las parcelas", dice Rojas.
La carta de los parceleros ya tuvo respuesta de la autoridad. El jueves, el seremi Gonzalo Chacón zanjó el tema y negó la tramitación de los goces en el borde costero. La autoridad aseguró que estos contravienen los estatutos de la comunidad, sin precisar detalles.
Ricardo Rojas aseguró que la decisión de la autoridad los sorprendió y al cierre de esta edición, los comuneros analizaban pasos a seguir. La ceremonia de entrega de los 343 goces está programada para el 14 de octubre. Pero por ahora, Bienes Nacionales solo entregará los que están hacia la carretera.
