domingo, 05 de mayo de 2013
A. González, A. Sáez y C. Ramírez
Economía y Negocios
Los autores revelaron los puntos medulares de las medidas que presentarán el 17 de mayo.
Energía: explotar hidroelectricidad del sur y que línea de transmisión la haga un consorcio público-privado, al estilo del terminal GNL Quintero "Declarar de modo inequívoco el carácter estratégico de la gran hidroelectricidad del sur, coinvirtiendo en la línea de transmisión". Así de precisa es la propuesta que desarrollaron Jorge Quiroz y Andrea Tokman, bajo el diagnóstico de que la energía es un tema estratégico. "Perú tiene gas y lo explota; Venezuela, petróleo y lo explota; Estados Unidos, shale gas y lo explota. No explotar el potencial de la gran hidrología del sur equivaldría a tener yacimientos de petróleo y no explotarlos. En caso de no hacerse, el escenario es uno de gran estrechez de energía, y parte importante de esa oferta sería con carbón. En simulaciones que ha hecho el CADE (Consejo Asesor para el Desarrollo Eléctrico) se encuentra que en ausencia de HidroAysén, las emisiones de CO {-2} suben en 33% respecto del escenario base, por efecto de la sustitución de hidro por carbón", dice Jorge Quiroz, socio principal de Quiroz Consultores Asociados.
Su propuesta significa un apoyo implícito a la realización de HidroAysén u otros proyectos similares, considerando una serie de factores relacionados con la línea de transmisión. "Proponemos un consorcio público-privado que acometa la línea de transmisión. Los porcentajes de cada cual (empresas y Estado) son un tema a definir, pero lo importante es que ello constituya una señal de la importancia que el Estado le asigna al aprovechamiento racional de la gran hidrología del sur", detalla Quiroz.
La propuesta apunta a llevar a cabo la línea de transmisión con un esquema similar al que en su momento se hizo con el Terminal de GNL Quintero, poscrisis del gas, a mediados de la década pasada.
Para que sea políticamente viable, la propuesta considera que ese consorcio público-privado capte parte de la renta económica asociada al recurso agua. Y por otro lado, se considera otro paquete de iniciativas, con la idea de constituirse en una suerte de bases para un gran acuerdo nacional sobre el tema energía.
"No pensamos ni pretendemos que con esto se elimine toda oposición, pero entendemos -y lo decimos explícitamente- que lo que debe hacerse es buscar una gran acuerdo nacional que concite MAYORIA; en ningún caso, UNANIMIDAD, porque siempre va a haber oposición de algún grupo. Pero el desarrollo del país no puede ser capturado por la agenda de grupos extremos", plantea.
Esta iniciativa, junto a las demás propuestas, debiese, en un plazo razonable, hacer converger de nuevo al Sistema Interconectado Central (SIC), desde costos marginales cercanos a los US$ 200 el MW, a niveles más cercanos a los US$ 110; esto es, una rebaja de casi 50%", plantea.
Reforma al Sistema de Empresas Públicas: transformarlas en S.A. y entregar a privados un tercio de su propiedad El consultor Jorge Quiroz aborda una reforma al Sistema de Empresas Públicas (SEP) realizada en el marco del capítulo "Superando la trampa del ingreso medio: cómo crecer más", escrito junto a Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Economía, y Klaus Schmidt-Hebbel. La transformación apunta a que este sea un holding de las empresas del Estado, pero que las compañías se constituyan como sociedades anónimas, y que el 33% de su propiedad quede en manos privadas.
"El SEP ha funcionado relativamente bien (...), pero no hay mejor guardián de los recursos que el propio inversor y no hay mejor test de gobierno corporativo que la capacidad de levantar recursos en el mercado", explica.
¿Con qué mecanismos? "Uno es la apertura en bolsa y colocación en el mercado. Otra -aplicable cuando no sea posible la apertura en bolsa- sería licitar a privados su participación", precisa.
En la propuesta no se entró en detalles sobre la estructura y autoridades del holding estatal, pero Quiroz plantea que sería deseable un modelo de elección similar al del Consejo del Banco Central, con el doble propósito de buscar idoneidad técnica, junto con ciertos balances políticos.
¿Qué persiguen con este cambio? "En igual orden de importancia: eficiencia, transparencia y resultados", dice Quiroz. "No es un tema de recursos, porque el Estado los tiene. Es un tema del gobierno corporativo y sus efectos", agrega.
¿Capital privado a todas las empresas? No. Por ejemplo, hay empresas donde no cabe la participación privada o esta es muy difícil, porque las mismas se han usado como instrumento para combatir externalidades negativas, como Metro. Hay otras donde quizás ya no tiene sentido que participe el Estado, como Enap, señala Quiroz.
También consideraron las empresas que, por diversos motivos, continuarán siendo del Estado, pero en las cuales una participación privada mejoraría su nivel de gobierno corporativo, como BancoEstado o Enami.
¿Codelco? "Uno podría considerarlo, pero es probable que no estén las condiciones políticas", dice.
Recetas para integrar las viviendas sociales a las ciudades ¿Cómo incentivar a los desarrolladores inmobiliarios para que incluyan viviendas sociales en sus proyectos habitacionales? ¿Cómo motivar a los vecinos y a los municipios a acoger a los nuevos moradores? Son algunas preguntas que responde el capítulo "Vivienda social integrada a la ciudad", escrito por Cristián del Campo, SJ, capellán de un Techo Para Chile, y Andrea Tokman, economista.
Los autores proponen que se desarrolle un programa específico sobre el tema, con incentivos para que las inmobiliarias incorporen viviendas sociales a sus proyectos y se promueva un trabajo conjunto de integración con los municipios y los vecinos. Para promover la movilidad de grupos vulnerables, proponen un subsidio de arriendo y destinar suelos públicos en desuso a viviendas sociales.
En su conjunto, la propuesta tiene un costo estimado de US$ 9 mil millones, que deberían ser desembolsados por el Estado. Una porción debería ser de manera inmediata, y otra en 20 años.
La idea tiene varios beneficios. El principal, dice Del Campo, hacer justicia. "Todos tenemos derecho al suelo y a un suelo que esté bien ubicado. La ciudad es el lugar donde están las oportunidades", señala.
Hoy, los inmobiliarios no tienen los incentivos suficientes para avanzar en esta línea. "El desarrollador inmobiliario no se acoge a un programa específico, sino que está trabajando con un decreto, un reglamento. Al final es como hacer "gasfitería reglamentaria", y eso difícilmente va a transformarse en un buen proyecto integrador y rentable", explica.
Una de las normativas que hoy están en marcha y que se pretende mejorar es el subsidio de localización, que, según los autores, ha sido laxo en la selección de cuáles son los mejores terrenos a subsidiar. "Proponemos que haya claridad, por ejemplo, definiendo un polígono con criterios objetivos y determinantes de las condiciones efectivas de conectividad, de servicios, etcétera, criterios fijados por un comité de expertos", dice.
Una buena alternativa son los terrenos fiscales hoy sin uso y que se pueden destinar a viviendas sociales o a proyectos de integración.
Como incentivos, se propone la posibilidad de construir más casas o departamentos por metro cuadrado. Para los municipios que acojan estas iniciativas, el Estado entregaría más recursos, puesto que deberán dar más servicios a los nuevos moradores.
En el caso de las familias residentes, se prevé un trabajo conjunto de conocimiento entre vecinos, de manera de derribar prejuicios sobre los nuevos moradores. "La evidencia internacional no sustenta la creencia de que los proyectos de viviendas sociales afecten el avalúo de las propiedades", indica. Los autores citan publicaciones de Pollakoswki, Ritchay y Weinrobe (2005) y de Gornstein y Verrilli (2006), que señalan que los proyectos de vivienda mixta (integración social) no han generado una caída en las plusvalías de las viviendas en los alrededores.
Los autores plantean que el Estado no sólo incentive la compra de propiedades nuevas, sino que también promueva la movilidad, por ejemplo, hacia centros laborales, dando subsidios para el arriendo.
Convertir Fonasa en un seguro de salud público y universal "Un sistema de salud para el siglo XXI" es el título del capítulo escrito por Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía, y Nicolás Figueroa, profesor del Instituto de Economía de la UC. Los autores proponen una reforma profunda de Fonasa, para transformarlo en un seguro público y universal.
El diagnóstico es que hoy Fonasa termina siendo lo que el "conductor de turno decide que sea", y que se debiera avanzar hacia una ley especial de Fonasa, que defina explícitamente sus funciones, explica Ferreiro.
La reforma parte con la implementación de un gobierno corporativo, un directorio con grado de autonomía. Y, se basa en "un mandato claro de optimizar la costo- efectividad en salud, es decir, que los chilenos obtengamos cada vez más salud con la plata que gastamos", indica.
La idea es que Fonasa se transforme en una especie de "comprador inteligente" de servicios a prestadores privados y públicos. A su vez, los prestadores deberán cumplir con condiciones como acreditaciones de calidad. Así, Fonasa pondría presión a los prestadores.
"Si el Fonasa llegara a transformarse en este súper seguro público que ejerce una compra inteligente, bajo un gobierno corporativo que dé confianza, con un mandato legal claro, uno podría pensar en un seguro público, único, universal, estatal, y podría dejar a las isapres en una suerte de seguros complementarios", dice Ferreiro.
El financiamiento no provendría del actual 7% de cotizaciones de salud exigidas en los contratos laborales -que a juicio de los autores grava la contratación y puede incentivar la informalidad laboral-, sino que saldría de impuestos generales u otros a debatir.
Además, persistiría el copago con un precio "equilibrado", que permita racionalizar el uso de las prestaciones, pero con un valor accesible.
Combatir las "zonas saturadas de transporte" con menos autos y mejor sistema público Crear "zonas saturadas de transporte", que permitan aplicar medidas para inhibir el uso de vehículos particulares y a la vez incentiven una mejoría en el transporte público es la propuesta de Francisco Gallego y Juan Pablo Montero, profesores del Instituto de Economía de la Universidad Católica, contenida en el capítulo "En busca de la eficiencia y la efectividad en el transporte urbano".
La idea apunta a detectar zonas en las que los indicadores relacionados con el transporte -como el grado de saturación vehicular y la velocidad media actual y esperada- señalen que ese sector tiene un problema o un potencial de saturación.
La declaración de la zona saturada implicará que se alleguen recursos fiscales adicionales para el manejo del tema, es decir, más inversión en transporte público. Además, la posibilidad de echar mano a medidas que mitiguen o prevengan este problema: restricción vehicular, alza del impuesto a los combustibles y tarificación vial, un cobro especial para autos particulares que entren a un área saturada en hora punta, comenzando probablemente por Sanhattan.
"El punto clave es que hoy en día hay consecuencias negativas del uso de transporte (especialmente privado) que la gente no está internalizando. Estas consecuencias negativas se relacionan con congestión, contaminación y aumentos de la tasa de accidentes, entre otros", explican Gallego y Montero.
La idea va por dos carriles complementarios: por un lado, que las personas internalicen los reales costos de transportarse en auto por las ciudades y, por otro, mejorar el transporte público. Por ello proponen la creación de una autoridad que coordine las medidas en zonas saturadas, y de directorio o consejo del transporte público a cargo de evaluar la calidad de las políticas.
A su vez, la mejora del transporte público se financiaría en gran parte por el aumento al impuesto de los combustibles, que proponen tanto para la bencina como para el diésel, y provendría además de un manejo más eficiente de los recursos.
Gallego y Montero dicen que el impuesto a la gasolina es progresivo, o sea, le "pega" más fuerte a los que tienen más ingresos.
"Pero cuando se discute por qué poner este impuesto, se debería decir por qué se hace y destinar su recolección a mejorar el sistema de transporte público o a proponer otras medidas que ayuden a incentivar su uso", aseguran.
Descentralización regional, comenzando con la elección local de las autoridades Autoridades regionales elegidas por los habitantes de cada localidad, y no designadas por el gobierno de turno; que presenten programas de gobierno abiertos al escrutinio local y que sienten las bases de un sistema que les dé mayor autonomía. Todo, enmarcado en un proceso que se iniciaría en octubre de 2016, en conjunto con las elecciones municipales.
Estas son algunas de las ideas contenidas en el capítulo "Chile descentralizado: más desarrollo, más democracia", escrito por Alejandro Ferreiro, abogado y ex superintendente de Valores y Seguros y de AFP.
"Hoy las políticas regionales duran lo que dura un intendente, el intendente dura lo que decide el Presidente y las regiones se sienten un poco alienadas, con muy poco que decir", señala Ferreiro.
Uno de los beneficios más importantes de la descentralización es un mayor calce entre las políticas y la gestión pública con las necesidades y prioridades locales, y mayores incentivos para participación local. También hay beneficios indirectos, como la renovación y oxigenación de la política nacional, lo que trae aparejado el surgimiento de líderes regionales, que luego pueden convertirse en referentes a nivel nacional.
La descentralización dependerá de un gran acuerdo marco sobre la materia -precisa Ferreiro-, para definir, por ejemplo, cuál será el grado de descentralización administrativa y fiscal de las regiones. El detalle de la nueva distribución de competencias -qué quedará en manos de las regiones y qué permanecerá en el gobierno central- debiera surgir del trabajo de una comisión especializada transversal, de carácter técnico y político, indica.
En materia de descentralización fiscal, la propuesta implica autonomía en el gasto para cada región; esto es, que cada localidad tenga más capacidad de definir cómo gasta sus ingresos.
La fuente de los ingresos regionales probablemente seguirá siendo en gran parte la transferencia desde el nivel central, con impuestos generales. Pero las transferencias regionales deben ser definidas por una ley de manera que no se presten para manipulaciones de los gobiernos centrales. "Esas transferencias deben contemplar criterios de redistribución que mitiguen el rezago económico o social de las regiones", precisa Alejandro Ferreiro.
Una fuente adicional de ingresos de las regiones puede ser, de manera acotada, el cobro de impuestos y el endeudamiento. Este último sería controlado, por ejemplo, por mecanismos de clasificaciones de riesgo permanentes, señala.
Mayor gasto en educación, pero con miras en los resultados Mayor gasto en educación, pero velando por mejores resultados es una de las propuestas que hacen Francisco Gallego, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, y Dante Contreras, director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en el capítulo "La madre de todas las batallas: asegurar el acceso a una educación de calidad integral".
En síntesis, proponen aumentar la subvención escolar, cerrando las brechas socioeconómicas y, a la vez, incentivando la realización de proyectos de escuelas "públicas", asociadas a actores privados o públicos, que integren niños de diferentes realidades y provean espacios de encuentro y disminuyan la segregación.
Gallego explica que la propuesta tiene tres puntos: aumentar la subvención escolar promedio para llegar al nivel de los países de la OCDE; aumentar fuertemente la Subvención Escolar Preferencial (para alumnos de hogares más vulnerables) y crear una subvención a la educación de características "públicas". Esta última medida implica un gasto de US$ 240 millones anuales.
La idea es ir aumentando el gasto promedio gradualmente en un horizonte de ocho a diez años hasta completar un gasto total de US$ 5.500 millones. Con esto, en promedio el gasto que haría el Estado por niño subiría desde los actuales $100 mil a cerca de $170 mil mensuales (en pesos de hoy).
Sobre la Subvención Escolar Preferencial, los autores proponen avanzar en criterios técnicos para determinar el valor del aporte; que este se entregue de manera permanente al alumno elegido (hoy se renueva año a año), y simplificar los criterios de elegibilidad de los estudiantes subvencionados. "Nuestra propuesta es definir vulnerabilidad de algún modo en educación preescolar y mantener dicha condición para el resto del ciclo escolar. Una opción es definir vulnerabilidad de acuerdo con la educación de la madre", explica Gallego. Por ejemplo, si la mamá llegó solamente a octavo básico, el niño debería recibir más subvención que si su mamá hubiera llegado a segundo medio.
Sobre la subvención a la educación con características públicas, Gallego explica que la sugerencia es que los colegios municipales y particulares subvencionados "que tomen este modelo y que demuestren que hay diversidad social en su interior reciban una subvención por alumno adicional". Es decir, no es algo garantizado, sino algo que los colegios deben demostrar.
Ir a un régimen parlamentario permite gobiernos eficaces Transitar hacia un sistema parlamentario es la idea que Alejandro Ferreiro, abogado y ex ministro de Economía, y Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), proponen en el capítulo "Tres reformas de fondo para revitalizar el sistema político chileno".
Las ventajas de los sistemas parlamentarios son múltiples, a juicio de Ferreiro. En ese sistema, por definición, los gobiernos de minoría no existen, "lo que permite gobiernos eficaces, capaces de legislar con la fluidez que permite contar con las mismas mayorías que han hecho posible la formación del gobierno", señala.
Comparado con el sistema presidencial que actualmente tiene el país, un sistema parlamentario es superior en cuanto a gobernabilidad, estabilidad y representatividad, asegura Ferreiro. Además, evita los caudillismos que en algunos casos se dan en los sistemas presidenciales; los ministros son parlamentarios, lo que ayuda a una mejor fusión entre técnica y política; y favorece la formación de coaliciones, que para ser mayoría, incorporan sectores de centro, pues en este esquema es difícil formar mayorías desde los extremos políticos.
Sobre el actuar de los diputados y senadores en este nuevo sistema, Ferreiro dice que la obstrucción legislativa se elimina y que los parlamentarios se involucran en tratar con eficiencia los temas. "Cuando uno involucra al Parlamento y a los partidos en la gestión de gobierno, los lleva a funciones de mayor responsabilidad que obligan a un desempeño que tiende a buscar acuerdos y a hacerse responsables", explica.
Por las complejidades de su implementación, se contemplan plazos en torno a los 10 años para discutirlo, hacer las reformas constitucionales que correspondan, e implementarlo. La medida no supondría mayores gastos fiscales.
Catorce medidas para cambiar el Código Penal; incorporar delitos ambientales y cuando hay administración "desleal" del patrimonio Dada la antigüedad del Código Penal chileno (139 años), Eugenio Guzmán y Klaus Schmidt-Hebbel plantean cambios concretos para arribar a un nuevo Código Penal, subsanando la dispersión, superposición e insuficiencias de varias normas. Todo lo sistematizaron en 14 cambios.
De partida, explica Guzmán, proponen eliminar anacronismos que aún existen en la ley, como la figura de "duelo" o que la sodomía mantenga el carácter de delito. El experto asegura que se abordan también otras materias de carácter económico ambiental: incluir como delito la administración desleal del patrimonio en la empresa o tipificar figuras delictuales, como la vulneración del secreto empresarial, comercial o industrial.
En la propuesta plantean revisar si es conveniente ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas -una norma que en Chile rige para solo tres delitos: lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo- para hacerla también aplicable a estafas, delitos tributarios y la apropiación de cotizaciones previsionales de los trabajadores.
Guzmán recalca que el trabajo se centró en proponer modificaciones que les parecieron pertinentes para responder a la realidad del mundo actual, y teniendo presentes propuestas ya hechas por expertos jurídicos -como Juan Domingo Acosta, Rodrigo Aldoney, Jean Pierre Matus-, pero no profundizaron ni se enfocaron en proponer los cambios desde el punto de vista jurídico-técnico.
Sí incluyeron otras 11 medidas que van en línea con la llamada "reforma a la reforma", como se ha denominado la idea de introducir cambios tanto al código como al Sistema Procesal Penal. Por ejemplo, se incorporaron ideas como que se pueda leer en el juicio oral las declaraciones que los imputados ya hicieron ante la policía, de modo de refrescar su memoria o poner en evidencia sus contradicciones. O que existan instancias para que las víctimas puedan reclamar de decisiones del fiscal, cuando no hay formalización.
Guzmán menciona otros cambios: "Hoy el despliegue territorial de Carabineros hay que reestructurarlo", dice. Tomando la experiencia de Japón, vieron la figura de policías comunitarias -las "koban"-, que son unidades territoriales muy pequeñas para atender necesidades de barrios, en contraste con el "plan cuadrante" de Carabineros, que tiene unidades más grandes.
Repetto-Contreras: cambios para que dueños de empresas paguen impuestos por utilidad generada La reforma tributaria alternativa fue escrita por Andrea Repetto y Dante Contreras. Lo que se propone es que el impuesto que pagan los dueños de empresas se realice sobre base devengada, es decir, al momento en que la empresa genera las utilidades y no al momento en que se realizan los retiros, como hoy.
¿Las razones? el sistema como existe hoy busca incentivar el ahorro y la inversión, sin embargo, se generan dos problemas prácticos fundamentales: Uno, hay inequidad horizontal, porque asalariados no pueden diferir el pago de impuestos a través de la formación de sociedades; y, dos y lo más grave, es que en los segmentos altos este mecanismo se utiliza para la evasión y elusión de impuestos.
Según argumenta el capítulo, hay evidencia de que existen varias maneras de retirar utilidades del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) sin pagar los impuestos correspondientes. Para evitar que esta propuesta genere efectos negativos sobre la inversión y el ahorro, lo planteado puede complementarse con la deducción (o depreciación) inmediata de los gastos en inversión en activos físicos al interior de la empresa.
De acuerdo a estimaciones de Claudio Agostini, citadas en el documento, estas propuestas -en conjunto con una unificación de los tratamientos para la pequeña empresa (regímenes 14bis, ter y quáter y renta presunta)- generarían un aumento de recaudación de US$ 4.524 millones o 2,18% del PIB.
En este planteamiento no hay pronunciamiento explícito sobre los niveles de las tasas de impuestos a las empresas. Esos niveles dependerán de la recaudación que se requiera para financiar las obligaciones del Estado.
También se propone eliminar una serie de tratos preferenciales al ahorro que hoy existen, reemplazándolos por una política general que deje exento del pago de impuestos a los retornos de los activos financieros que estén por debajo de una tasa normal de retorno, definida por el Banco Central.
El objetivo fundamental de esta propuesta es elevar la contribución de los sectores de mayores ingresos al financiamiento de los bienes públicos y demás servicios provistos por el Estado.
El riesgo de afectar la inversión y el ahorro es acotado con las propuestas complementarias que permiten la deducción (o depreciación) inmediata de los gastos en inversión en activos físicos al interior de la empresa y el tratamiento tributario propuesto para el retorno del ahorro de las personas.
La creación de un Servicio Juvenil Voluntario que podría reclutar 15 mil jóvenes al año y que fomentaría la integración social Vicente Espinoza, profesor de la Universidad de Santiago, se abocó junto a Klaus Schmidt-Hebbel al desarrollo de la propuesta de un Servicio Juvenil Voluntario, que canalice la participación de los jóvenes en actividades de interés público, tales como la preservación del patrimonio natural o cultural o la colaboración con grupos específicos de la población. Un antecedente que tomó el Grupo Res Pública Chile fue que, después del incendio que afectó al Parque Torres del Paine en 2010, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) hizo un llamado a la inscripción de voluntarios para participar en la reforestación: en menos de 48 horas postularon 10 mil 166 jóvenes de todo el país. Hoy existen instancias para que los jóvenes participen, pero tienen un alcance limitado en el número de jóvenes y otras son esporádicas.
La propuesta consiste en un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes participan de forma voluntaria en planes de servicio social y ambiental por tres a seis semanas, hasta un máximo de doce semanas. Se trataría de una actividad no remunerada, aunque a los participantes se les daría una asignación de gastos. Además, los jóvenes recibirían una inducción que les habilitaría para el desempeño la actividad voluntaria y su participación quedaría certificada oficialmente.
Hay un requisito central de este programa: "Debe enfocarse a bienes públicos. No puede estar destinado a subsidiar intereses particulares ni sustituir el trabajo remunerado", opina Espinoza.
El Servicio fomenta la cooperación entre los participantes e integrará a jóvenes con distintas experiencias de vida, regiones de residencia, nivel de escolaridad, creencias y origen social. "De este modo, se transforma en un aporte a la construcción de una personalidad cívica", dice Espinoza.
El programa en régimen puede alcanzar a 15 mil jóvenes (a modo de referencia, el servicio militar recluta cada año a 11 mil jóvenes). El Estado registra a los voluntarios y los organismos participantes, garantiza el carácter de interés público de las iniciativas propuestas y financia la implementación de este servicio. La red es mucho más amplia que el Estado e incluye a los jóvenes, las comunidades y organizaciones sociales.
Legalizar todas las drogas en tres a diez años, pero no la pasta base La propuesta de Eugenio Guzmán (decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo) y Klaus Schmidt-Hebbel consideran "legalizar todas las drogas" en un plazo de tres a 10 años.
Guzmán dice que la legalización significa, en simple, darles a las drogas un tratamiento equivalente al que hoy tienen el alcohol y el tabaco, y que estén reguladas, pudiendo controlar que no se vendan a menores de edad. Recalca que no se trata de una posición moral, sino de reconocer los perjuicios de la prohibición.
El diagnóstico de esta propuesta -detalla Guzmán- es lapidario: la batalla contra las drogas ilegales se ha perdido en Chile y el mundo; la ilegalidad de las drogas conlleva costos que son mayores que los beneficios, y su ilegalidad influye en la delincuencia en general. Por ello, relata el académico, el mundo lentamente está transitando hacia una gradual legalización.
La propuesta se divide en dos etapas. La primera, de corto plazo, debería tomar uno o dos años. En ella, el país debería impulsar cambios que puede adoptar unilateralmente. Por ejemplo, desarrollar estudios de los beneficios, comenzar la coordinación internacional en la materia, desarrollar una política de regulación y tributación del consumo y producción de drogas, y ampliar programas de salud pública para prevenir el consumo y las adicciones.
En esta etapa se legalizaría un grupo limitado de drogas, como la marihuana. Luego vendría una segunda etapa, que iría de tres a diez años. En este período se acometería la revisión internacional de los tratados internacionales sobre drogas suscritos por Chile y otros países, de modo de converger entre los países a la legalización de todas las drogas, otorgándoles una regulación y resguardos de salud pública similares a los que hoy se aplican con el alcohol y el tabaco. Así, por ejemplo, se gravan con impuestos específicos a todas ellas y se permite su comercio internacional. La única excepción serían los derivados de tóxicos de las drogas, como la pasta base.
Si bien el objetivo no busca un beneficio fiscal, el resultado neto tendría un saldo positivo. La menor represión y persecución genera ahorros, aunque suben los gastos, por la mayor prevención y tratamiento de adicciones. ¿El saldo? Un ahorro fiscal de entre 0,2 y 0,7% del PIB.
Aumentar fuertemente los subsidios que incentiven el trabajo, en especial en mujeres Repensar cómo se entregan a la población las transferencias en dinero, o subsidios monetarios, fue tarea de Andrea Tokman, Dante Contreras, Vicente Espinoza y Andrea Repetto. El resultado de esta labor se transformó en una de las cinco propuestas del capítulo "Más y mejor empleo para combatir la pobreza y la desigualdad".
Los autores identificaron tres pilares que agrupan las transferencias en Chile: el llamado pilar asistencial, que engloba las transferencias que se entregan a las familias pobres para complementar sus ingresos por el solo hecho de estar en una frágil situación social; el pilar pro empleo, que se compone de transferencias a personas pobres y vulnerables en la medida que el destinatario se incorpore al empleo formal y que se va retirando conforme la persona sea capaz de generar más ingresos a lo largo de su vida; y un tercer pilar, que no se aborda en esta propuesta, que es el previsional.
En 2012 el pilar asistencial contempló $361 mil millones; $856 mil millones el pilar previsional y $411 mil millones el pilar pro empleo. La propuesta sugiere aumentar fuertemente los fondos del pilar pro empleo, de manera que, proporcionalmente, se lleve la mayor cantidad de recursos. Los otros dos pilares no se reducen ni se debilitan, solo se aumentan los recursos que irán a las transferencias agrupadas en este pilar pro empleo.
¿Por qué se realiza este reforzamiento del pilar pro empleo? Hay experiencia internacional, en Estados Unidos, y también en Chile, que muestra que dar subsidios por entrar y permanecer en el mercado del trabajo es clave para superar la pobreza.
"El eje de la salida permanente de la pobreza se centra en el ingreso laboral y la empleabilidad. Su impacto en las oportunidades de ascenso social y en la valoración subjetiva del trabajo por parte de las personas y sus familias justifican darle un protagonismo especial dentro de las políticas sociales", opina Tokman.
La rentabilidad social de esta medida es, según Tokman, muy alta, pero para lograr esa rentabilidad se requiere avanzar en otros cambios pro empleabilidad y de mayores salarios: educación, capacitación, regulación laboral y acceso de calidad al cuidado de menores, discapacitados y adultos mayores.
En Chile lo que ya existe es el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer. Una propuesta concreta para usar los nuevos recursos del pilar pro empleo sería subsidiar el ingreso laboral de las mujeres mayores de 25 años y sin tope de edad. Este subsidio se pagaría individualmente con montos fijos por cada trabajador, una parte para el empleado y otra para el empleador. Para recibir este subsidio se deberá pertenecer al 50% más vulnerable. Una vez que se alcancen mejores niveles de ingresos, el bono deberá ser retirado de forma gradual.
Laboral: evitar los multi-RUT y potenciar la negociación colectiva Andrea Repetto y Dante Contreras fueron los encargados de redactar la propuesta que implica cambios profundos al Código del Trabajo.
Repetto explica que el diagnóstico inicial parte del hecho de que Chile se caracteriza por bajas tasas de empleo. Es decir, -comparado con otros países- es poca la gente que trabaja estando en edad de hacerlo. Hay baja participación laboral en mujeres y jóvenes, y la mayoría de los sueldos son insuficientes: "De acuerdo con la Casen 2011, el 50% de los trabajadores recibe salarios menores a los $306 mil mensuales por el equivalente a una jornada completa. El 75% no alcanza los $555 mil mensuales", explica la economista.
"Parte de estos problemas guarda relación con la legislación laboral", dice Repetto. "De hecho, existe un razonable nivel de acuerdo en el país sobre la necesidad de realizar reformas profundas al código laboral", opina. Las necesidades de cambios han sido abordadas en 160 proyectos presentados al Congreso sobre temas laborales. "Ninguno de estos proyectos aborda la regulación laboral como un todo. Al no proveer una mirada integral a los problemas laborales, reducen su posibilidad de ser aprobados", opina Repetto.
Las transformaciones se basan en dos ideas centrales. Uno, avanzar a una revisión integral del Código del Trabajo. Dos, permitir condiciones laborales distintas, cuando sean resultado de la negociación y del consenso. "Se propone una negociación con acuerdo expreso de las partes y con compensaciones explícitas, y la posibilidad de negociar nuevas materias dentro de márgenes más amplios, pero definidos y respetando los derechos adquiridos.
Las propuestas son:
- Actualizar el concepto de empresa para evitar la práctica del "multi-RUT", que es el uso de múltiples razones sociales para efectos de la negociación colectiva (a más rut de las empresas habría menor poder de negociación de los trabajadores).
- Establecer nuevos mecanismos para la constitución de sindicatos y afiliación: mayor formalidad para su constitución, exigencia de informar a nuevos trabajadores, afiliación automática inicial y permanencia con solicitud explítica.
- Modernizar la Dirección del Trabajo mediante la creación de agencias de dedicación exclusiva para cada función: fiscalización, interpretación de la ley, solución alternativa de conflictos y certificación de buenas prácticas laborales.
- Jornadas laborales y gratificaciones negociadas con mayor flexibilidad, dentro de márgenes prestablecidos, entre trabajadores (de preferencia sindicatos) y empresa.
- Potenciar la negociación colectiva como instrumento principal de diálogo para mejorar la productividad y las condiciones laborales: mayor cobertura e información del proceso de negociación, limitación de la contratación de reemplazantes en caso de huelga con mediación obligatoria luego de cierto plazo.
- Sustitución de indemnizaciones por años de servicio por un sistema de indemnización a todo evento, para contratos temporales e indefinidos, financiado con aportes del empleador a una cuenta individual.
- Avanzar hacia un financiamiento solidario de las salas cuna, reconociendo que hombres y mujeres trabajadoras requieren de estos servicios.
Las propuestas, dice Repetto, nacen tanto de las discusiones del Grupo Res Publica Chile como otros planteamientos hechos por la OCDE, la Comisión Presidencial Asesora de Trabajo y Equidad, el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, y académicos de la Escuela de Gobierno de la UAI.
