domingo, 30 de diciembre de 2012
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios
Inversión total para cubrir la falta de camas para pacientes críticos ascendería a US$150 millones, pero el problema adicional es que no existen los especialistas necesarios para usar ese equipamiento.
Martes 18 de diciembre, ocho de la mañana. Rosa Elena Ríos ingresa al Hospital Parroquial de San Bernardo. Tiene 90 años y sufre una isquemia intestinal severa. Pese a la evidente gravedad del cuadro, es derivada a una sala de camas comunes. Sus familiares preguntan si hay espacio en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) o Intensivos (UTI). La respuesta es no.
Comienza una frenética búsqueda en el sector público y privado. Sus familiares llaman a los hospitales del sector sur, al Hospital de la Universidad de Chile, a las clínicas Indisa, Dávila, Santa María y la respuesta es siempre la misma: las camas UCI y UTI están todas ocupadas y si se desocupa una hay un protocolo que prioriza a los pacientes con mayores posibilidades de sobrevida. La avanzada edad de la señora Ríos le juega en contra.
El problema es que, si fuera más joven y las complicaciones fueran menores, tampoco tendría una cama asegurada. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsal) correspondientes al año 2012, el sector público cuenta con 560 camas UCI y 838 UTI, muy por debajo de los estándares de los países desarrollados.
En los países de la OCDE, por ejemplo, existen seis camas UCI y doce camas UTI por cada cien mil habitantes. En Chile, en cambio, existen seis camas UCI por cada 177 mil habitantes y doce camas UTI por cada 237 mil habitantes.
Estimaciones del Minsal indican que las camas críticas del sector privado son el 20% del total país (unas 350 unidades) por lo tanto, tampoco son una solución real para paliar el déficit.
La meta del Gobierno, según el subsecretario de Redes, Luis Castillo, es llegar a 720 camas UCI y 1.180 camas UTI en el sector público (1.900 en total) una vez que esté listo el plan de reposición y construcción de nuevos hospitales. Esto implica sumar 502 camas adicionales (equivalentes al 35% de la actual capacidad) lo que representaría una inversión de US$150 millones.
Con ello, el sistema se vería bastante más holgado que ahora, aunque todavía estaría por debajo de los estándares de los países OCDE.
¿Se puede avanzar más rápido? Definitivamente, no. Según Castillo, habilitar una cama de esta complejidad tiene un costo de entre US$250 mil y US$300 mil, considerando un monitor, un respirador, bombas de infusión de drogas y, al menos, 16 metros cuadrados de espacio. "En ningún lugar del mundo se ha hecho de la noche a la mañana", señala.
Sin embargo, agrega que el problema en el caso de Chile no pasa, necesariamente, por el costo de las camas propiamente tales, sino por la falta de personal especializado: "Necesitamos un médico especialista, ocho enfermeras y dieciséis auxiliares de jornada completa por cada seis camas. Eso significa un costo mensual, sólo en sueldos, superior a los 20 millones de pesos para cada equipo".
El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, estima que en el país faltan 250 intensivistas, situación que se hará más visible una vez que entren en operaciones los hospitales que están en fase de reposición o construcción: "En algunos hospitales han tenido que mantener cerradas algunas unidades críticas por falta de especialistas. Además, están a cargo de médicos generales", señala.
Comprar a privados
El problema, a su juicio, es que los incentivos económicos para dedicarse a esta especialidad no son los adecuados: "Estas unidades de hospitalización son extremadamente caras y requieren profesionales de dedicación exclusiva que no pueden complementar sus ingresos con el trabajo de consultas. Por eso no hay muchos candidatos a trabajar en esto. Vamos a tener un problema, porque una vez que estas unidades estén habilitadas (en los hospitales nuevos), no podrán dejar de utilizarse", señala.
La posibilidad de comprar los servicios de camas UTI en el sector privado tampoco es una solución de fondo. Por cada cinco camas críticas que existen en el sector público, el sector privado dispone de una. "La complementariedad entre ambos sectores existe, pero en las clínicas las camas de pacientes críticos son muy escasas. Hay zonas como Aysén, Punta Arenas y Arica, donde casi la totalidad de la oferta de camas críticas es del sector público", señala Castillo.
