domingo, 18 de noviembre de 2012
Pablo Obregón y Camila Miranda
Economía y Negocios
Las entidades financieras chilenas se preparan jurídica y técnicamente para ver cómo cumplirán con esta exigencia de informar sobre las cuentas e inversiones de clientes estadounidenses.
El 18 de marzo de 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que pasó prácticamente inadvertida a pesar del impacto que tendrá en los próximos años para los mercados internacionales: la denominada ley FATCA ( Foreign Accounts Tax Compliance Act). Esta polémica norma extraterritorial permitirá al gobierno de ese país conocer las cuentas bancarias, depósitos e inversiones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros regidos por las leyes americanas, sin importar el país en el que se encuentren.
En la práctica, eso significa que la protección de datos privados y secreto bancario -piedras angulares del sistema financiero chileno, por ejemplo- ya no tendrán efecto cuando se trate de quienes se rijan por las normas tributarias estadounidenses (ya sea personas naturales o jurídicas).
Con esto, el gobierno de ese país pretende limitar las vías de financiamiento de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo, y asestar un golpe a la evasión tributaria, recuperando unos US$8 mil millones al año.
La norma afecta a todos los bancos, corredoras de bolsa y compañías de seguros que, en cualquier lugar de mundo, hagan operaciones por cuenta de clientes estadounidenses, extranjeros con doble nacionalidad y ciudadanos con green card (tarjeta de residencia permanente).
Además, la obligación de informar no sólo afecta a las personas. Una cuenta a nombre de una empresa, como puede ser una sociedad de inversión en la que un ciudadano americano tenga más del 10%, está sujeta a declaración para efectos de FATCA, grafica el socio de PwC Rafael Ruano.
Algunos estadounidenses residentes en Chile recién comienzan a interiorizarse sobre los alcances de la ley.
Lyle Sweeney vive hace 26 años en Chile, es casado con una chilena y ha visitado Estados Unidos sólo en dos ocasiones: "No veo por qué le importe al gobierno (norteamericano) si tengo una cuenta en Chile. Con lo del terrorismo han pasado todas las rayas. Además, pienso que ahora no es ni una ventaja la nacionalidad americana. Hace un mes fuimos a Turquía y mi señora no tuvo que pagar nada y yo sí", relata.
Una opinión distinta tiene Michael Grasty, socio de Grasty Quintana Majlis & Cia. El abogado de origen estadounidense recuerda que desde 1977 Estados Unidos dispone de leyes de alcance extraterritorial para perseguir actos de corrupción donde sea que estos ocurran y que, siguiendo esa línea, no es de extrañar que ahora impongan restricciones a los paraísos fiscales y que combatan la evasión tributaria de este modo.
Obligados
Más allá de cómo lo vean los ciudadanos estadounidenses, el tema es seguido con preocupación por el sector privado y por las autoridades chilenas.
Si un banco chileno -o de cualquier otro país- no informara a la IRS sobre las cuentas que tiene de las personas afectadas por esta ley, se expone a la retención de dineros que se encuentren en Estados Unidos. Por ejemplo, podrían retenerles dineros (el 30%) de los instrumentos financieros en que hayan invertido allá (acciones, bonos, etc.).
El primero que se acercó a las autoridades de gobierno para interiorizarse sobre los alcances de la ley fue el presidente de las AFP, Guillermo Arthur, quien recibió buenas noticias: estas entidades son las únicas del sistema financiero que no estarán sujetas a esta ley, puesto que a ojos de las autoridades americanas caben dentro de la categoría de "instituciones confiables".
Distinto fue para los demás actores de la industria financiera. Por ello, un equipo de la Asociación de Bancos y otro del Departamento de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda analizan, cada uno por separado, las fórmulas para implementar la ley.
Los plazos se estrechan. La ley ya está publicada en Estados Unidos, comienza a regir el 31 de diciembre de 2013 y el 15 de marzo de 2015 se hará exigible entregar el primer reporte de datos. La retención de dineros para aquellas entidades que no den cumplimiento a estas normas comienza en enero de 2017.
El gremio bancario en Chile ya trabaja con la asesoría del abogado constitucionalista y socio del estudio Fermandois, Evans & Cia., Arturo Fermandois, quien se reunió el 25 de octubre con Jesse Eggert, uno de los tres funcionarios que el gobierno norteamericano asignó al manejo del FATCA en el mundo. "Los bancos en Chile están muy dispuestos a colaborar, pero resguardando que se respete el ordenamiento jurídico chileno, los derechos y deberes de los que participan del sistema y que no se produzcan alteraciones de mercado que nos pongan costos de transacción muy altos", dice el abogado.
Fermandois tiene un amplio conocimiento de las autoridades y de la cultura estadounidense. Hizo un master en la Universidad de Harvard en 1994 y, entre 2010 y principios de 2012, fue embajador en ese país.
El profesional estima que en estas reuniones ha quedado claro que el objetivo del FATCA no es destruir el secreto bancario para los chilenos, sino identificar los casos excepcionales de las personas que deberían pagar impuestos en Estados Unidos.
La ley ofrece caminos para apuntar quirúrgicamente a esas personas. Fermandois explica que la opción que más acomoda en Estados Unidos son los acuerdos intergubernamentales (IGA). Hoy se encuentran en proceso de negociación con EE.UU., Italia, Francia, España y Alemania. Reino Unido ya lo suscribió.
Otra opción es que las entidades financieras suscriban acuerdos con IRS por separado.
La ventaja de los acuerdos intergubernamentales es que las instituciones financieras de esos países podrán hacer los reportes a través de sus oficinas de impuestos (los homólogos al Servicio de Impuestos Internos de Chile) y no directamente en el IRS. Y el monitoreo de las cuentas e inversiones se limitaría a aspectos más simples, como la nacionalidad de la personas y el domicilio.
El equipo de trabajo de la Asociación de Bancos está integrado por su gerente general, Ricardo Matte; por el fiscal Juan Pablo Araya y por el comité jurídico del gremio, que integran los fiscales del Banco de Chile, Nelson Rojas, y del BBVA, Rony Jara. Aparte, hay un equipo para hacer las modificaciones financieras e informáticas que exige el FATCA.
En el Gobierno, el tema lo lidera el encargado de Finanzas Internacionales de Hacienda, Ignacio Briones. Fuentes de la banca dicen que la próxima semana se realizará la primera reunión entre ambos equipos. Allí, los bancos presentarán estudios respecto al impacto del FATCA sobre la normativa interna, sobre todo en materias relativas a la protección de datos: "No sabemos si el gobierno chileno quiere entrar en acuerdos bilaterales. Aparentemente tienen cierto recelo con esto", señala un banquero de la plaza.
Sus aprensiones, dice, parten de la base de que Chile firmó el tratado de doble tributación con Estados Unidos hace ya varios años, pero todavía el Ejecutivo no envía ese texto al Congreso para su ratificación: "Lógicamente, al Gobierno le dificulta entrar en un nuevo acuerdo intergubernamental si tiene uno pendiente".
En el Ministerio de Hacienda sólo señalaron, por escrito, que "altas autoridades han tomado contacto con todos los actores relevantes de la industria chilena que se ven directa o indirectamente afectados por FATCA y, a partir de ahí, están analizando las distintas alternativas disponibles. Dada la naturaleza del mismo, estos diagnósticos son de carácter preliminar y reservados".
¿Qué pasaría si un banco chileno se resiste a someterse a estas normas? "Se termina marginado del sistema financiero integrado por Estados Unidos", dice Fermandois.
César Gacitúa, Senior Manager Tax & Legal de Deloitte, señala que la opción de mantenerse al margen de esta ley es prácticamente nula. "Incluso incide para que las entidades que suscriben el FATCA dejen de tener relaciones con las que no".
La ley entrega la responsabilidad de determinar qué personas están afectas al FATCA a las propias entidades financieras, lo que según Fermandois representa un costo importante para los bancos en la implementación de sistemas para identificar y reportar las cuentas de personas sometidas a esta ley.
"Cálculos internacionales indican que el costo podría ser de US$ 100 millones para bancos grandes", señala.
Según cifras de la Superintendencia de Bancos, las entidades chilenas tienen activos en el exterior por US$16.971 millones y, de ese total, el 50% estaría precisamente en Estados Unidos.
¿Renunciar o no a la nacionalidad o a la green card? El FATCA obliga a los ciudadanos norteamericanos a abrir sus cuentas. La abogada y experta tributaria, Lorena Gálvez -del estudio Barros & Errázuriz- cuenta que ya han recibido consultas de ciudadanos preocupados por esta ley.
Esta obligación se suma a otra vigente desde hace décadas, pero cuya fiscalización se ha activado últimamente: la declaración de impuestos. "El servicio de impuestos internos de Estados Unidos (IRS) grava a sus nacionales por sus rentas a nivel mundial, sin importar donde estén", explica Gálvez. Este deber también corre para los que tienen la green card (permiso de residencia que permite trabajar en EE.UU.)", agrega.
En todo caso, esto no implica necesariamente pagar impuestos, pero sí hacer una declaración anual. Sin embargo, existe una gran diferencia con el sistema chileno: en nuestro país en general se pagan impuestos por las rentas efectivamente percibidas, mientras que en Estados Unidos rige el principio de lo devengado (por utilidades generadas, pero no necesariamente retiradas).
En el último tiempo, el IRS, a través del consulado, ha estado mandando cartas a los ciudadanos norteamericanos o a los que tienen la green card para que hagan su declaración.
Ante esto, muchas personas han preguntado al estudio sobre qué deben hacer. "Lo que nosotros impulsamos es a regularizar la situación de la manera más eficiente y menos costosa, y después evaluar qué se hace". Entre las opciones para los que tienen doble nacionalidad, agrega, está renunciar a la norteamericana. "Antes ser ciudadano norteamericano era un privilegio. Hoy, al menos, las personas se preguntan si conviene o no, hacen un cálculo de cuánto les está costando tener la nacionalidad o tener la green card ", explica esta abogada que trabajó cinco años en un estudio de abogados en Nueva York, y que rechazó la green card, precisamente porque conocía las obligaciones que implicaba.
Eso sí, no es llegar y renunciar a la nacionalidad norteamericana. Hay que estar good standing ; es decir, no deberle nada al IRS y estar al día en las declaraciones, y tiene un costo no menor: entre el 10% y el 35% de la ganancia que se determine al simular la venta de todos los bienes que tenga la persona.
Si se cumplen ciertos requisitos, se puede evitar este pago, precisa Gálvez.
