domingo, 30 de septiembre de 2012
Azucena González
Economía y Negocios
La crisis internacional y la búsqueda de mejores horizontes laborales en Chile han acentuado el fenómeno de los pasajeros "inadmitidos". En la PDI confirman el alza, se han reunido con el gremio aéreo y monitorean la situación.
Hace justo 30 días, el 1 de septiembre, aterrizó en el aeropuerto de Santiago un vuelo proveniente de Europa. De sus ocupantes, 18 pasajeros portugueses fueron impedidos de entrar a Chile, y la aerolínea que los transportaba tuvo que gestionar su retorno en otro vuelo.
Como Iberia -la firma en cuestión- tiene un solo vuelo diario en la ruta a Madrid, el retorno de la totalidad de los portugueses tardó tres días, aunque la mayoría del grupo logró reembarcarse en los dos primeros.
Este es uno más de una discreta trastienda que recuerda la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Se trata en la vida real de pasajeros que quedan varados por horas o incluso días, a la espera de que la compañía aérea logre hacerle un cupo para el retorno, tras negárseles el ingreso a un país.
En Chile la situación se está volviendo un problema.
En el último año -dicen las aerolíneas- ha habido un aumento exponencial de los casos de pasajeros "inadmitidos discrecionalmente". De una situación infrecuente como era hasta el año pasado, señalan que se ha pasado a pasajeros inadmitidos todas las semanas.
"Y lo que es peor, a veces de un mismo vuelo se inadmiten a muchas personas", confirma la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), el gremio que agrupa a las aerolíneas que operan en Chile.
"Este problema lo visualizamos desde marzo y desde entonces hemos tenido conversaciones con Policía Internacional del Aeropuerto de Santiago. Les hicimos ver hasta dónde llegaba la responsabilidad de las líneas aéreas y que no teníamos obligación de devolver a los pasajeros inadmitidos ni de correr con gastos. (...) Creemos que la autoridad subestimó el problema", enfatiza Ítalo Guerinoni, presidente de Achila, quien plantea que han pedido entrevistarse con el Jefe Nacional de Extranjería y con el Ministerio del Interior.
"De no adoptarse medidas urgentes por parte de la autoridad, se reiterará la situación en otro fin de semana largo o en el período de vacaciones de diciembre a febrero", vaticina.
En la PDI, de quien depende Policía Internacional, reconocen el aumento de los casos.
"Ha ido en aumento desde 2010 a la fecha. Todo ha aumentado. La cantidad de pasajeros que han ingresado y también los que hemos tenido que rechazar al ingreso y reembarcarlos. Yo lo percibo y lo veo en el aeropuerto", dice Alfredo Chiang, jefe de la Prefectura de Policía Internacional del Aeropuerto.
En efecto, las cifras oficiales entregadas por la PDI muestran que mientras en 2010 se registraron 709 casos de pasajeros a los que se les rechazó el ingreso al país y fueron reembarcados, en lo que va del 2012 esa cifra ya alcanza los 3.894 casos. Sólo entre 2011 y lo que va de este año el aumento alcanza al 123% (ver gráfico).
Quién se hace cargo
El telón de fondo en muchos casos es la crisis en algunos mercados, que está haciendo que se haga más frecuente la llegada de pasajeros que llegan como turistas, pero vienen con el ánimo de buscar mejores horizontes. Coincidencia o no, desde el 1 de septiembre se impuso el requisito de visa para el ingreso de los dominicanos a Chile.
El problema es que ahora este tema está afectando a las aerolíneas, por los costos de esta situación, dado el mayor volumen.
Entre la policía y las aerolíneas no hay total coincidencia sobre en qué casos las compañías son responsables legalmente del retorno (ver recuadro). Pero más allá del reembarque hay problemas operativos que están asumiendo, y que no son obligaciones legales.
Porque si bien los pasajeros extranjeros que ingresan pueden tener su boleto de salida o retorno, no siempre las compañías pueden generar los espacios en los vuelos en forma inmediata, en un contexto en que los vuelos en general casi siempre están llenos. Generar estos cupos significaría una sobreventa artificial, y bajar a otros pasajeros que ya están contemplados en el nuevo vuelo.
También hay un tema de estrés que generan los inadmitidos.
"Ha habido casos de pasajeros que se resisten a abordar, que insultan a la tripulación, que gritan y se muestran amenazantes. Y la Policía de Investigaciones no cuenta con personal como para acompañar a estos pasajeros. El riesgo recae en las compañías aéreas, lo que no es razonable ni está en la ley", enfatiza Guerinoni.
Plantea que los aeropuertos tampoco cuentan con instalaciones donde estos pasajeros puedan dormir o bañarse, y quedan a la deriva en las salas de embarque. Policía Internacional tampoco los puede transportar a recintos policiales, porque no están en calidad de "detenidos".
Algunas fuentes que prefieren la reserva, indican que un punto crítico se produjo los días previos al 18, cuando unas 25 personas inadmitidas estuvieron circulando por las salas de embarque, algunas de ellas por varios días antes de poder ser reembarcados.
"En algunos casos a algunas compañías se les ha solicitado que tengan guardias que cuiden a los pasajeros", dice el dirigente del gremio, quien no cuestiona el derecho del Estado de prohibir el ingreso, pero sí cree que el Estado debe asumir los costos de su decisión soberana.
"Hemos sugerido que controlen a los pasajeros en el sector de tránsito", dice Alfredo Chiang, y plantea que siempre han tratando de dialogar con las aerolíneas sobre cuál es el menor tiempo posible dentro de lo prudente y lo racional para lograr reembarcarlos, y verificar que los pasajeros estén bien, protegiendo el bien general del recinto y bienestar del resto de los pasajeros. Si no lo pueden hacer, no lo hacen", dice el Prefecto.
Fuentes de Iberia, en España, confirman el episodio en Arturo Merino Benítez de los 18 portugueses, y explican que incluso les tuvieron que repartir tickets de comida, a costo de la aerolínea, sin obligación legal.
En la Policía explican que este grupo de pasajeros venían con contratos de trabajo, a ejercer labores remuneradas al país, sin tener la visa y en condición de turista. "Ellos no venían de turismo, venían a trabajar y no tenían la visa que les habilitara para ejercer esa actividad en Chile", dice Chiang.
En el verano hubo otros episodios, vuelos que afectaron a LAN y Aeroméxico, con pasajeros mexicanos rechazados porque venían a trabajar al sector agrario.
Desde Aeroméxico detallan que en su caso se trató de dos vuelos en que en cada uno fueron rechazados una decena de pasajeros, pues Policía Internacional constató que venían con ropa de invierno y hasta herramientas de trabajo.
Dicen en la firma que afortunadamente no pasaron más de 14 horas hasta que pudieron ser reembarcados, pues en ese entonces la compañía disponía de seis vuelos a la semana. Pero como ahora disponen de cuatro vuelos semanales, explican que tendrían que endosarlos a LAN para el reembarque. Reclaman que la compañía no puede cuestionar a un pasajero por estas causales.
En LAN explican que si bien las aerolíneas deben conocer los requisitos de entrada al país para las distintas categorías de ingreso, "no se encuentran en condiciones de verificar la autenticidad e integridad de la documentación de viaje de los pasajeros".
Alfredo Chiang considera que pueden ser indicativo para una compañía aérea las fechas de regreso, porque -dice- es muy difícil que un turista venga a Chile por tres meses. "Eso les tiene que llamar a ellos la atención. Podrían ser más acuciosos".
La crisis y posibles soluciones
¿Qué está ocasionando este aumento de los inadmitidos?
"La crisis internacional y particularmente la europea ha influido. Se ha rechazado el ingreso de españoles y portugueses, lo que antes era impensado", dice Ítalo Guerinoni.
Chiang concuerda en que ha ido en aumento la cantidad de personas que viene a Chile con perspectivas laborales y el anhelo de mejorar su calidad de vida, dado que el país está representando un atractivo para otros países, no sólo de Latinoamérica sino de otras regiones, como Europa o Asia.
"Efectivamente nos han llegado algunos tipos de extranjeros que vienen a desarrollar actividades remuneradas, pero no cuentan con los permisos que los habilita. Más que antes. En el sector de la construcción, agrario", detalla.
Nicolás Torrealba, ex jefe del departamento de Extranjería del ministerio del Interior, atribuye parte del problema a que como la gran mayoría de los extranjeros no requiere visa de turismo, el resultado es que hay más posibilidades de rechazo en la frontera misma o el aeropuerto y no antes (en los consulados en el país de origen al tramitar visas como el caso de Estados Unidos).
"Es un poco de todo. Yo creo que la ley es poco clara, deja un margen de discrecionalidad más o menos amplio y no establece mecanismo para revisar esa discrecionalidad", plantea el abogado. Por ejemplo, detalla, la ley define la condición de turista como aquel que viene con fines de recreación, convenciones, visitas a familiares, pero la misma ley permite que una vez en Chile, esa persona pueda cambiar su condición.
Pero Alfredo Chiang pone paños fríos. "Ahora estamos en una condición especial, que a lo mejor es transitoria y no podemos reglamentar algo que en dos años más, o un año más, va a ser distinto. Hay que ir monitoreando la situación antes de tomar una decisión cuando las políticas chilenas son de puertas abiertas. (...) Adoptar medidas tan drásticas como exigirle visas a un determinado país, yo creo que en este momento no es prudente. Hay que ir evaluando cómo se va comportando la crisis económica en Europa o en otro país", estima.
A su juicio, una solución es que cuando las empresas quieran contratar extranjeros en Chile tiene que acercarse al consulado chileno y tramitar los permisos correspondientes.
Tratándose de pasajeros no admitidos discrecionalmente, legalmente no se genera responsabilidad alguna en la ley. No obstante, en los hechos las líneas aéreas se han visto expuestas a asumir costos, básicamente por motivos humanitarios".Ítalo Guerinoni, presidente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas. Las discrepancias e interpretación de las normas
Entre las aerolíneas y la policía no hay coincidencia sobre los alcances de las responsabilidades que deben asumir las trasportadoras, de acuerdo con las normas vigentes.
Es el Decreto Ley 1094, que data de 1975, el que regula en Chile las normas sobre extranjeros, su ingreso al país, su permanencia, expulsión y control.
Y éste se complementa con el Reglamento de Extranjería, de 1984.
En simple, el DL 1094 establece que las empresas de transporte no pueden aceptar pasajeros que no tengan la documentación exigida por el país y "estarán obligadas a reembarcar por su propia cuenta, dentro del menor tiempo posible y sin responsabilidad para el Estado, a los pasajeros cuyo ingreso sea rechazado por no contar con su documentación en forma".
Pero el mismo cuerpo legal también considera en otros artículos otras causales de rechazo, distintas al pasajero "indocumentado".
Entre las causales están desde prohibir el ingreso de extranjeros que propaguen doctrinas que tiendan a alterar o destruir el orden social; los que se dedican al comercio o tráfico de ilícito de drogas o armas; los que "no tengan o no puedan ejercer profesión y oficio o carezcan de recursos que les permitan vivir sin constituir una carga social", los que sufran enfermedades sobre las que la autoridad sanitaria ha establecido impedimentos, los expulsados de otras naciones, los menores de edad solos o sin autorización, entre otras múltiples causales.
"Muy distinto es el caso de los pasajeros "inadmitidos discrecionalmente", cuando a juicio de la autoridad de inmigración su intención es permanecer en Chile de manera ilegal. Respecto de estos pasajeros "inadmitidos discrecionalmente", el DL 1094 no les impone obligación alguna a las empresas de transporte", dice Rodrigo Hananías, gerente de la Achila.
Pero Alfredo Chiang retruca.
"Ellas tienen la responsabilidad del reembarque en ambos casos", dice, basándose en el Reglamento de Extranjería, en su artículo 19, inciso 2. "Nos faculta para ordenar el reembarque. No es discrecional. (Ellos) están basados en el artículo 11 que argumenta la parte de la documentación, pero no consideran el artículo 19, inciso 2. Esto es más imperativo, porque nosotros podemos ordenar el reembarque", enfatiza.
Hananías está en desacuerdo.
"El Reglamento sólo hace ejecutable la ley, no la modifica ni puede extender su aplicación a otras hipótesis. Los organismos públicos no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiera la ley", dice.
