lunes, 03 de septiembre de 2012
Cecilia Arroyo A.
Economía y Negocios
La iniciativa sacó del sistema a más de 3 millones de personas. Desde entonces han entrado al registro 130 mil RUT promedio por mes, de los cuales la mayoría fueron eliminados en febrero.
A seis meses de aprobada la ley "No más Dicom", que borró de los distintos registros comerciales a quienes mantenían deudas vigentes por menos de $2,5 millones, las cifras comienzan a revelar el regreso de los malos pagadores.
Datos de Sinacofi -filial de la Asociación de Bancos que consolida los de datos existentes en el sistema, incluidos los del comercio-, muestran que tras la entrada en vigencia de la Ley 20.575, en febrero de este año, la lista de morosos se redujo de 4 millones a 1,1 millones de personas.
Sin embargo, en abril se sumaron al registro 240 mil usuarios; a julio la cifra llegó a 539 mil y, al 20 de agosto, 696 mil nuevos deudores aparecen en los registros. De estos, afirman agentes del sector, más del 90% corresponde a RUT de personas que estaban en el sistema antes del "borronazo".
La conclusión del gerente general de Sinacofi, Fernando Contardo, es clara: "los elementos permanentes de la ley cumplen un objetivo absolutamente necesario como es delimitar el uso de la información comercial en Chile. Sin embargo, el artículo transitorio de la ley que dio origen al "borronazo" fue una medida absolutamente populista. Ya veremos que al cabo de un año y medio, el 75% de los eliminados de los registros volverá a estar en las bases de datos de morosidad", sentencia.
El antecedente de 2002
Esta tendencia replica lo ocurrido en 2002, cuando se hizo un borrón similar al alero de la llamada "Ley Tuma", en referencia a su promotor, el entonces diputado y actual senador PPD, Eugenio Tuma. "Esa experiencia entregaba suficientes antecedentes técnicos y conductuales para anticipar que este tipo de medidas no beneficia a quienes supuestamente se quiere ayudar. Por el contrario, termina perjudicando a muchos de ellos", dice Contardo.
Esto, porque en períodos de falta de información sobre el comportamiento de las personas se elevan los requisitos para acceder al crédito, dejando fuera incluso a personas que no tenían morosidades". "Además suben los costos para los buenos pagadores, quienes injustamente deben financiar esta situación", explica.
En contraparte, el senador Tuma defiende el beneficio que permitió a miles de chilenos salir del registro y reacomodar sus deudas, asegurando que el reingreso de personas a las bases también es responsabilidad de las entidades que siguen dando créditos a sujetos con mala conducta de pago.
Mientras que para el diputado Felipe Harboe (PPD) -quien impulsó la ley aprobada este año-, los datos, lejos de ser alarmantes, confirman que la norma "funciona bien". "Es una cifra absolutamente normal", dice. De hecho estima que pronto esos 700 mil serán 1,5 millones, lo que no resta mérito al trasfondo de la ley, que prohíbe usar esta información para fines distintos al crédito.
El gerente de información comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, Francisco Arguello, comenta que los datos del boletín comercial e información de morosidad de grandes tiendas que ellos manejan, evidencian a julio una recuperación de datos de 57%, tras la caída de 73% que dejó el "borrón" de febrero.
Y agrega que las cifras reflejan el resentimiento de los consumidores a la cobranza y una tendencia mayor al endeudamiento, producto de la visión errada de la salida de los registros, como un "perdonazo" de deudas.
¿Qué es la Ley 20.575? Conocida como la ley "No más Dicom", entró en vigencia en febrero de este año y regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.
De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes. Dentro de sus artículos transitorios, se estableció la eliminación del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superaran los $2,5 millones.
Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido. A partir de la nueva ley, ninguna institución de crédito tiene acceso a las deudas borradas, ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Sin embargo, esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.
