La agenda legislativa está aún
por definirse, especialmente en un año
electoral. Probablemente la reforma al sistema
previsional, en la que coinciden ambos candidatos
presidenciales, con distintos matices, se verá
el segundo semestre, según anticipan en
el Congreso. La reforma al sistema tributario
también podría ser iniciativa, con
más diferencias si el proyecto viene de
uno u otro candidato.
Pero a la hora de pensar en las leyes que serán
discusión el próximo año
no todo es incierto, pues hay proyectos que llevan
tiempo, que son esperados y que, según
los analistas, serán los protagonistas
de 2006.
1. Tribunales tributarios independientes
Lleva 3 años en legislación y recién
a mediados de diciembre la Cámara de Diputados
la aprobó y la despachó al Senado.
En lo medular, contempla la creación
de tres instancias donde los contribuyentes podrán
reclamar si entran en conflicto con el Servicio
de Impuestos Internos, las que cuentan con atribuciones
y plazos acotados. Habrá una vía
administrativa, una vía judicial y una
tercera instancia con recursos que pueden ser
apelados en salas especiales de la Corte de Apelaciones.
Habrá 16 tribunales tributarios en el
país, que se implementarán en 3
años, partiendo por Valparaíso,
Concepción, San Miguel y Santiago.
La iniciativa es esperada por abogados tributarios
y contribuyentes con juicios pendientes, ya que
pone término al actual sistema donde el
Servicio de Impuestos Internos es “juez
y parte”. Además el régimen
vigente está colapsado porque los jueces
que llevan estos juicios no son tales, sino profesionales
nombrados por los directores regionales del SII,
que han sido declarados inhabilitados por la Corte
de Apelaciones, por lo que no pueden fallar y
por eso son miles los casos que se acumulan.
Existe expectativa de cuán independientes
serán estos tribunales y cuán ágiles
serán para dar solución a los pendientes.
2. Reforma al mercado de capitales II
La segunda reforma al mercado de capitales (MK2)
ingresó al Congreso en 2003 y ha tenido
mala suerte; siempre pasa algo externo que la
frena, como Inverlink, el royalty o la segunda
vuelta presidencial. Además se complicó
excesivamente porque se metieron otros temas anexos
que complicaron el debate.
La ley incluye fomento al capital de riesgo,
al otorgar mayores facultades a Corfo para invertir
en cuotas de fondos de inversión, con un
límite de 40% en cada fondo, lo que daría
garantía a privados para entrar en este
tipo de negocios. Plantea incentivos tributarios
para promover la inversión; se promete
eximir de impuestos a la ganancia de capital a
quienes hayan invertido en fondos de capital de
riesgo; busca aumentar los requisitos de integridad
y solvencia para otorgar licencias bancarias,
de compañías de seguros y AFP; amplía
los instrumentos que conservan el crédito
fiscal del IVA en facturas irregulares, y limita
los créditos otorgados a un solo banco
de 5 a 10%.
Este proyecto podría sufrir cambios que
alargarían su tramitación. Sea uno
u otro el gobierno que asuma en marzo, como la
iniciativa tiene mucho detalle se podrían
hacer nuevos planteamientos y modificaciones significativas.
3. Gobierno corporativo y empresa pública
Se separó del MK2 y está en el Senado.
Plantea el cambio del actual esquema de gobierno
corporativo, tanto de empresas públicas
como privadas. En empresas privadas ha habido
discrepancias y el Gobierno ha debido flexibilizar
su postura, como por ejemplo en la exigencia a
los directores de las AFP de declarar patrimonio
y la obligación de que algunas sociedades
anónimas debían tener, a lo menos,
dos directores independientes.
Respecto a empresas públicas, se han
alcanzado acuerdos en el aumento de directores
independientes, salida de los representantes gremiales
de los directorios y presencia de los representantes
de los trabajadores en firmas donde ya participan.
Está en duda qué pasará
durante la tramitación de este proyecto
este año, porque el permitir directores
independientes en empresas públicas y someter
a éstas a las normas de las sociedades
anónimas abiertas, implica una pérdida
de poder del Gobierno y eso podría cuestionarse
y retrasar la tramitación de la ley, dependiendo
de quién llegue a la Moneda.
4. Fondo para la innovación tecnológica
En el Senado, en una comisión especial,
presidida por el senador Fernando Flores, está
el proyecto de ley del Fondo de Innovación
Tecnológica que reglamentará de
qué manera se entregan los dineros del
Royalty, el nuevo impuesto a la minería.
Este mes comenzó a aplicarse este tributo
y según está establecido en el presupuesto
2006, este año el fondo recaudará
US$80 millones, lo que irá subiendo hasta
recolectar US$140 millones en pleno funcionamiento.
La discusión se ha centrado en tres puntos:
cómo se define innovación y si se
favorecerán proyectos de ciencia pura o
los que tendrían alguna aplicación
industrial; cómo se distribuirá
el dinero entre regiones mineras y el resto del
país y quiénes formarán parte
de la comisión que asignará los
dineros.
Existe la promesa de aprobar esta ley a principios
de 2006. Parlamentarios anticiparon que será
aprobada antes de abril.
5. Responsabilidad fiscal
El 13 de diciembre la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad esta iniciativa y
la despachó al Senado.
Establece que el Presidente deberá definir
dentro de los 90 días siguientes a su llegada
al Gobierno las bases de la política fiscal
que aplicará en su administración,
así como sus principales metas económicas.
La idea es que si el programa no fuere congruente
con los equilibrios macroeconómicos, esta
normativa obligaría al Gobierno, al menos,
a sincerarlo desde el inicio, y a incurrir con
ello en los consiguientes costos en confianza,
imagen y crecimiento económico. Si, por
el contrario, el programa fuere prudente en lo
macroeconómico, pero el nuevo gobierno
no lo llevare a la práctica, ello podrá
representársele públicamente, con
los costos que ello implique.
Incluye la formación de un fondo de reserva
de pensiones, cuyos aportes anuales de al menos
siete millones de UF (unos 33,6 millones de dólares)
serán destinados a cubrir las futuras necesidades
de pago de pensiones mínimas.
Además busca dar carácter permanente
al programa de Contingencia contra el Desempleo,
dándole un objeto, requisitos y financiamiento
de carácter igualmente permanente.
Hay analistas que cuestionan por qué
hay que rayarle la cancha al próximo Gobierno
en materia fiscal y por qué este intento
de perpetuar las políticas que hoy se están
siguiendo. Como recomendaciones son razonables,
pero transformarlas en ley parece exagerado.
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