La auspiciosa inauguración del primer gasoducto transandino, que los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz- Tagle y el argentino Carlos Menem realizaron en agosto de 1997, pretendía abrir un camino para la diversificación de nuestra matriz.
Sin embargo, esta promesa, que implicó una millonaria inversión, comenzó a amenazar al sistema sólo cinco años después de su entrada en funcionamiento: un corte momentáneo en el servicio, poco trascendente para la situación energética del momento, se transformó en una alerta que demostró la vulnerabilidad que traía consigo esta alianza.
Luego de que trabajadores argentinos interrumpieran el suministro durante unas horas para demostrar su molestia con el ex presidente argentino Eduardo Duhalde en febrero de 2002, surgieron las primeras evidencias del peligro que significaba depender del abastecimiento argentino.
Frente a la alarma que provocó el corte de gas, ex autoridades gubernamentales y empresarios energéticos de la época aseguraron que se hacía urgente diversificar la matriz: “Chile debe pensar en crear fuentes de energía propias”, sostenía el entonces gerente general de GasAtacama, Rudolf Araneda.
El gobierno argentino, de todas formas, aclaró que el corte de gas sólo se debía a un hecho aislado y que en el futuro no existiría racionamiento desde el país trasandino. Esto dio tranquilidad al Gobierno chileno, el cual confió en la política energética más importante de los últimos años.
