La necesidad de diversificar la matriz eléctrica para asegurar un abastecimiento permanente no es un tema nuevo en Chile. La amenaza de quedarnos a oscuras tiene sus antecedentes en las decisiones del pasado, que han mantenido al país en un estado de vulnerabilidad durante la última década.
Luego de que 1997 fuera el año más lluvioso desde principios del siglo XX - con el fenómeno de “El Niño”-, 1998 se pronosticaba como un buen año hidrológico. Así fue como, al igual que en otras épocas de bonanza, se gastaron recursos sin pensar en el futuro. Los embalses fueron vaciados por el costo que significaba mantenerlos con una cantidad de agua que superaba lo óptimo.
Sin embargo, lejos de lo que se preveía, 1998 resultó ser un año marcado por una sequía que puso a prueba las políticas energéticas y enfrentó al país al peor escenario hidrológico en 30 años.
La central Nehuenco – generadora de ciclo combinado de Colbún – que debía comenzar a operar entre marzo y abril de 1998, era la apuesta del Gobierno para enfrentar la posible crisis. Pero su tardía puesta en marcha y la prolongada confianza en el proyecto, que finalmente entró en funcionamiento al año siguiente, agudizaron el problema.
A lo anterior se sumó la falla de la central termoeléctrica San Isidro de Endesa y la mantención de Ventanas 2, de AES Gener.
El sistema no pudo hacer frente a esta contingencia y el 11 de noviembre de 1998 se rompió el precario equilibrio del Sistema Interconectado Central (SIC).
Como consecuencia se dictó el decreto de racionamiento, herramienta legal para administrar la crisis por la vía de restringir y racionar el suministro eléctrico. Así fue como los habitantes de la III a la X Región se enfrentaron a los temidos cortes de electricidad.
Tal como explicó en esos momentos el ex secretario ejecutivo de la CNE Sebastián Bernstein (1984 - 1990), el Gobierno “confió en que Nehuenco iba a entrar en operaciones y que no iban a fallar las centrales térmicas. Si hubiese tomado medidas en el momento adecuado, el problema habría sido menor”.
Argumentos como éste ponían a las autoridades del Estado como las principales responsables de la crisis hasta ese momento. No obstante, éstas apuntaron sus críticas al Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central, integrado por todas aquellas empresas eléctricas de transmisión y generación.
Quien era entonces la secretaria ejecutiva de la CNE, María Isabel González, aseguraba que “ha habido información contradictoria entre las propias generadoras (…) Por razones comerciales cada cual maneja sus propios antecedentes. Por lo tanto, nadie tiene una idea global de lo que es la situación del sistema”.
Esta desinformación al interior del CDEC provocó un uso indiscriminado de los recursos de los embalses, lo que agravó el escenario de crisis. Tal como opinaba Bernstein, “hay que considerar el desorden que hay en el CDEC, lo que se traduce en un problema institucional (…) Cada empresa se la juega para su lado y esto ocasiona un uso de los embalses mayor”.
A principios de 1999, "El Mercurio" señalaba: “(la crisis) indica que es el mejor momento para que el país aborde sin demoras una discusión profunda respecto a la adecuada organización de sus recursos hídricos”.
Consecuencias
- Modificación de la legislación, lo que se concretó con el cambio a la Ley General de Servicios Eléctricos. En concreto, se eliminó del artículo 99 bis la exención de sequía como causal de caso fortuito o fuerza mayor y, por lo tanto, eximente de responsabilidad frente al pago de compensaciones por déficit de suministro.
De acuerdo a la generadora Endesa, con la eliminación de la sequía como causal de fuerza mayor “se incorporó un cambio estructural a la industria eléctrica de Chile. Se modificó el concepto bajo el cual originalmente fue diseñada la legislación eléctrica e incorporó nuevos riesgos que han afectado las decisiones de inversión para adaptarse a la nueva obligación de dar suministro a todo evento”.
- A partir del 12 de junio de 1999, las empresas quedaron obligadas al pago de compensaciones a sus clientes regulados (distribuidoras) por cada kilowatt-hora de déficit que los hubiera afectado, determinado sobre la base de sus consumos normales a un valor igual a la diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía.
