Más allá de los encuentros en actividades sociales que han protagonizado Andrónico Luksic y el presidente Lagos, los cuales han sido interpretados como espaldarazos del poder ejecutivo hacia el empresario, el Gobierno ha procurado el mostrar que sigue atento el desarrollo del caso Lucchetti y que los protagonistas del proceso “no son unos delincuentes”, aunque afirmó que no pretende intervenir y que es necesario que los jueces hagan su trabajo.

El canciller Ignacio Walker ha admitido la preocupación del Gobierno frente a la manera como transcurran los acontecimientos y no descarta la influencia del sentimiento antichileno, el que podría complicar las relaciones entre ambos países, un vínculo que en el último tiempo se ha visto deteriorado por la ocurrencia de episodios como los grafiteros chilenos en Cusco, el video exhibido en aviones de LAN, la delimitación marítima, las elecciones en la OEA y la venta de municiones a Ecuador en 1995.

El ministro de Relaciones Exteriores también ha afirmado que Chile no renuncia a recurrir a la diplomacia en favor de los ejecutivos de la planta Lucchetti juzgados por la justicia peruana, una decisión que se verá condicionada por el desenlace que tengan las acciones legales que han presentado ambas partes del caso.

Por parte del gobierno peruano, el escenario puede resultar algo complejo para los tres ex ejecutivos chilenos, debido a que ministro de Justicia peruano, Alejandro Tudela, no ha descartado que en torno al juicio que enfrentan Andrónico Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez exista una posible intencionalidad en las intervenciones políticas que se han dado en Chile.

"Esperamos que, pese a la carga política que quieran o puedan darle al tema, el proceso esté lo más 'descontaminado' posible", ha aseverado el ministro Tudela, mostrando su rechazo a que existan intervenciones de los gobiernos, diplomáticas o políticas.