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Más
allá de los encuentros en actividades sociales
que han protagonizado Andrónico Luksic y el presidente
Lagos, los cuales han sido interpretados como espaldarazos
del poder ejecutivo hacia el empresario, el Gobierno
ha procurado el mostrar que sigue atento el desarrollo
del caso Lucchetti y que los protagonistas del proceso
“no son unos delincuentes”, aunque afirmó
que no pretende intervenir y que es necesario que los
jueces hagan su trabajo.
El canciller Ignacio Walker ha admitido la preocupación
del Gobierno frente a la manera como transcurran los
acontecimientos y no descarta la influencia del sentimiento
antichileno, el que podría complicar las relaciones
entre ambos países, un vínculo que en
el último tiempo se ha visto deteriorado por
la ocurrencia de episodios como los grafiteros chilenos
en Cusco, el video exhibido en aviones de LAN, la delimitación
marítima, las elecciones en la OEA y la venta
de municiones a Ecuador en 1995.
El ministro de Relaciones Exteriores también
ha afirmado que Chile no renuncia a recurrir a la diplomacia
en favor de los ejecutivos de la planta Lucchetti juzgados
por la justicia peruana, una decisión que se
verá condicionada por el desenlace que tengan
las acciones legales que han presentado ambas partes
del caso.
Por parte del gobierno peruano, el escenario puede resultar
algo complejo para los tres ex ejecutivos chilenos,
debido a que ministro de Justicia peruano, Alejandro
Tudela, no ha descartado que en torno al juicio que
enfrentan Andrónico Luksic, Fernando Pacheco
y Gonzalo Menéndez exista una posible intencionalidad
en las intervenciones políticas que se han dado
en Chile.
"Esperamos que, pese a la carga
política que quieran o puedan darle al tema,
el proceso esté lo más 'descontaminado'
posible", ha aseverado el ministro Tudela, mostrando
su rechazo a que existan intervenciones de los gobiernos,
diplomáticas o políticas.
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