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Andrónico
Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez,
fueron acusados por supuestos favores judiciales pedidos
a Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia
del ex Presidente peruano Alberto Fujimori,
para ganar una disputa legal con la municipalidad de
Lima, que se oponía a la construcción
de la planta de fideos en la zona de Pantanos de Villa,
por razones medioambientales.
Uno de las pruebas de la acusación contra los
ex ejecutivos es la declaración de Humberto Rozas
Bonuccelli, almirante (r) y mano derecha de Montesinos
en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) El militar
dijo ante la Sala Especial de la Corte Suprema de Perú
haber visto en el despacho de Vladimiro Montesinos un
cheque de Lucchetti por US$ 250.000. Según el
militar, "con ese dinero se compraron miles de
cocinas que sirvieron para las promociones de la campaña
de reelección de Fujimori”.
La empresa se ha defendido de dichas acusaciones indicando
que el 2000 Lucchetti Perú adquirió de
la empresa de servicios, importadora y distribuidora
Pamela, "cocinas, ollas y utensilios valorizados
en US$ 213.620", los que fueron entregados al gobierno
en calidad de donación siguiendo los criterios
de responsabilidad social que practica la empresa.
El proceso no ha estado exento de controversia debido
a las acusaciones contra las juezas Inés
Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda
Rojas, responsables de ver el caso y a quienes
se les imputa haber forzado su competencia a través
de una manipulación de resoluciones; otorgar
un trato discriminatorio contra ciudadanos chilenos
por establecer la prescripción del caso en 8
años, cuando para ciudadanos peruanos dentro
del mismo proceso, la misma sala ha otorgado prescripción
de 6 años; y por algunas resoluciones de la sala
que, a juicio de la defensa, muestran que las magistradas
ya tienen una posición predefinida frente al
caso, incluso antes del juicio.
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