Andrónico Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez, fueron acusados por supuestos favores judiciales pedidos a Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, para ganar una disputa legal con la municipalidad de Lima, que se oponía a la construcción de la planta de fideos en la zona de Pantanos de Villa, por razones medioambientales.

Uno de las pruebas de la acusación contra los ex ejecutivos es la declaración de Humberto Rozas Bonuccelli, almirante (r) y mano derecha de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) El militar dijo ante la Sala Especial de la Corte Suprema de Perú haber visto en el despacho de Vladimiro Montesinos un cheque de Lucchetti por US$ 250.000. Según el militar, "con ese dinero se compraron miles de cocinas que sirvieron para las promociones de la campaña de reelección de Fujimori”.

La empresa se ha defendido de dichas acusaciones indicando que el 2000 Lucchetti Perú adquirió de la empresa de servicios, importadora y distribuidora Pamela, "cocinas, ollas y utensilios valorizados en US$ 213.620", los que fueron entregados al gobierno en calidad de donación siguiendo los criterios de responsabilidad social que practica la empresa.

El proceso no ha estado exento de controversia debido a las acusaciones contra las juezas Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Rojas, responsables de ver el caso y a quienes se les imputa haber forzado su competencia a través de una manipulación de resoluciones; otorgar un trato discriminatorio contra ciudadanos chilenos por establecer la prescripción del caso en 8 años, cuando para ciudadanos peruanos dentro del mismo proceso, la misma sala ha otorgado prescripción de 6 años; y por algunas resoluciones de la sala que, a juicio de la defensa, muestran que las magistradas ya tienen una posición predefinida frente al caso, incluso antes del juicio.