12/10/2005: Andrónico Luksic presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lucchetti. Las gestiones son realizadas por abogado chileno Claudio Grossman.

A fin de año, o a comienzos de 2006, debiera decidirse si la Comisión acoge o rechaza la demanda, en la que los abogados de la empresa acusan la violación de varios derechos fundamentales, entre ellos el principio de no discriminación, en este caso, por nacionalidad.

El fallo de la Comisión demoraría unos dos años en llegar. De ser favorable a los ex ejecutivos de Lucchetti -Andrónico Luksic Craig, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez-, sin ser acatado por el Estado de Perú, se recurre a la Corte Interamericana, que demoraría otro par de años en dar sentencia.

Lucchetti presentó una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en la cual exigen al Estado peruano que pague a la empresa una indemnización por unos US$ 200 millones, derivados de la orden de cierre de la planta en el año 2001.

29/09/2005: En un dictamen, la Primera Sala Penal Especial de Lima, rechazó las ausencias de Andrónico Luksic Craig, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez, citados a declarar, acusados de instigación al tráfico de influencias. Los tres ex ejecutivos de la empresa Lucchetti fueron declarados "reos contumaces" (en rebeldía). El tribunal pidió su captura internacional. En consecuencia, esta determinación impide que los mencionados personeros puedan salir de Chile.

La defensa de Lucchetti formuló una "recusación" contra las magistradas de la Primera Sala Penal Especial, Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Rojas Piedra, "por existir motivos fundados de discriminación y parcialidad en el proceso". Además, acusaron la "manipulación" de resoluciones judiciales para forzar la competencia de esta sala en el caso.

Fue presentada a la Corte Suprema peruana un recurso de "Excepción de Naturaleza de Acción", que busca establecer que las acciones investigadas no constituyen delito. La jurisprudencia peruana ha mostrado que instancias como citaciones a juicio oral no pueden seguir adelante, mientras exista éste bajo tramitación, lo que según la defensa refleja una acción discriminatoria.