Una fuerte evidencia del frágil escenario eléctrico que vivió el país se vio en agosto de 2008, cuando las tarifas de la luz presentaron un alza de casi 40% respecto de doce meses previos. El impacto de esto para la población fue tan alto, que el Gobierno anunció un subsidio de $1.500 para el 40% más pobre del país.
Al alza de las tarifas se sumó la incertidumbre que enfrentaron más de 450 empresas nacionales por los cortes de gas natural - de hasta un 100% de la energía que recibían-, y el latente riesgo de desabastecimiento de gas y electricidad que hicieron frente los hogares chilenos.
Bajo un incierto suministro de gas, la utilización del diésel para la generación de energía hacia principios de año había aumentado en un 1.600%, en relación a 2007, convirtiéndose en una solución segura, pero costosa, debido al constante aumento en los precios del petróleo que se daba entonces.
Aunque a mediados de la década de los noventa se intentó enfrentar la vulnerabilidad eléctrica de Chile -determinada por la hidrología- pactando una interconexión gasífera con Argentina, el panorama del primer semestre demostró que depender de otros países puede ser tan o más riesgoso aún. Entre el primero de mayo y el 20 de agosto del año pasado, la disminución de los envíos de gas natural desde el país trasandino fluctuó entre el 90 y el 97%, según la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Varias, y de distinta naturaleza, fueron las medidas que permitieron que finalmente los chilenos no tuvieran que enfrentar un racionamiento.
Muchos aún tienen en la memoria lo ocurrido hacia fines de la década de los noventa, cuando hubo significativos cortes de energía que afectaron a comunas de todo el país. A casi diez años de estos hechos, el Gobierno manifestó su preocupación con una mediática campaña publicitaria de racionamiento energético durante el primer semestre de 2008, la que permitió que la ciudadanía en general se comprometiera con el problema de la estrechez energética.
Otras medidas que se tomaron fueron la flexibilización en el uso de aguas de embalses, baja de voltaje, cambio en el horario de verano e incentivos por ahorro de energía.
Actualmente hay más de 18.000 MW en proyectos en construcción, aprobados o en trámite ambiental, que deberían satisfacer la creciente demanda eléctrica.
Esto es relevante ya que proyecciones de distintas fuentes permiten adelantar que sólo en el Sistema Interconectado Central (SIC) se requerirá una capacidad adicional de entre 500 y 600 MW anuales. Algunos expertos incluso opinan que estas proyecciones son conservadoras, y que hacia 2016 la potencia adicional requerida superará los 1.000 MW.
De acuerdo al ministro de Energía, Marcelo Tokman, en 2009 se prevé mucho mejor que 2008. Asegura que no deberían existir problemas y que, incluso si fuera seco, sería posible resistir hasta que lleguen las lluvias. “Y si todo sale mal tenemos este año (2008) de experiencia respecto a las medidas que hay que utilizar”, afirmó Tokman en entrevista concedida a "El Mercurio", aunque precisó que prefería evitar referirse a un escenario seguro.
