El escenario inestable del gas plantea
una situación difícil para el mercado eléctrico:
por un lado, un alza de costos, debido al desabastecimiento
de gas natural desde Argentina, combustible que se ha
reemplazado por otros más caros; y por otro lado
una incapacidad de transferir estos costos a los usuarios,
ya que los precios se encuentran estrictamente regulados.
Así las cosas, las empresas eléctricas se
ven poco incentivadas a realizar nuevas inversiones.
La ley eléctrica pretende resolver este problema,
primero, permitiendo que las empresas de distribución
eléctrica liciten el suministro de electricidad
a un precio fijo por un período largo, a diferencia
del precio de nudo, que es fijado por períodos.
Un segundo aspecto es que amplía la banda de los
precios de nudo (generadora-distribuidora), de modo que
puedan moverse y subir adaptándose a la oferta
actual en el sector eléctrico. Esta norma elevará
los precios a los clientes regulados, pero no los de los
libres, que seguirían protegidos por sus contratos.
Por lo tanto, sólo los clientes regulados y las
generadoras absorberán los mayores costos de la
electricidad.
En tercer lugar, la normativa facilita que una empresa
compense a los usuarios para que reduzcan su consumo.
Lo que ha suscitado polémica, y uno de los puntos
de la ley que fue rechazado en su oportunidad por el Senado,
fue la imposibilidad para las empresas de abastecerse
de sólo una fuente energética en no más
de un 85%, por lo cual las compañías seguirán
siendo libres a la hora de asumir riesgos en sus inversiones.
Aún así el ejecutivo ha señalado
que reenviará esta propuesta en un nuevo proyecto
de ley.
