Aprobado por comisión de la Cámara de Diputados:

Proyecto busca regular el mercado de la tierra de hoja y penalizar la extracción ilegal

martes, 15 de agosto de 2017
Maximiliano Chávez
Nacional
El Mercurio

La iniciativa faculta a la Conaf para realizar fiscalizaciones y aplicar sanciones, pero no le da recursos extras para ello.

Según el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), el 78,6% de los suelos productivos del país presentan grados de erosión que van desde moderado a grave. Y uno de los procesos que erosiona el suelo es la extracción de tierra de hoja, una actividad que con el tiempo se ha transformado en una actividad económica que, según se estima, extrae 60 mil metros cúbicos cada año.

Por ello, legisladores de la comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 20.283, sobre bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja.

El diputado Cristián Campos (PPD), presidente de la citada comisión -que la semana pasada aprobó la iniciativa y la envió a la sala de la Cámara-, afirma que "hay mucha gente que comercializa la tierra de hoja, la distribuye y esto se hace sin ningún tipo de regulación". Agrega que "lo que se busca con este proyecto no es eliminar la actividad, sino que regularla, tener penas cuando no existan las autorizaciones correspondientes y cuando los planes de manejo no sean los correctos".

Según el texto, quienes deseen dedicarse a extraer tierra de hoja deberán estar registrados y haber sido autorizados por la autoridad competente, en este caso la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a la cual se le asigna el rol de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Para quienes extraigan este recurso sin haber obtenido antes un plan de manejo por parte de Conaf, la norma contempla penas de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 a 540 días) y una multa de 50 a 500 UTM (de $2 millones a $23 millones).

Kay Bergamini, experto ambiental, asegura que "en Chile no existe la tipificación de un delito ambiental; entonces, todo lo que se avance en nuevas tipificaciones son buenas medidas para resguardar los recursos".

No obstante, uno de los problemas que plantea esta iniciativa es el nuevo rol fiscalizador de Conaf, ya que a pesar de que se le entregan nuevas facultades y deberes, el presupuesto de la institución no cambia.

Al respecto, el diputado Campos afirmó que la Conaf "tiene que solicitar más recursos, para que tenga una fiscalización mucho más certera, cercana y no tan distante, como hoy". Añade que "cualquier respaldo que necesite en la tramitación de mayores recursos, la comisión va a estar disponible para que así sea".

Aprobación
Proyecto fue votado por unanimidad en la comisión del Medio Ambiente.