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El bullying que sufren los trabajadores que desafían a la "aristocracia" sindical
domingo, 05 de agosto de 2012
Economía y Negocios

Pablo Obregón Castro
Prácticamente todos los dirigentes nuevos que amenazan a las cúpulas terminan igual: sometidos a tribunales disciplinarios, expulsados o aislados en posiciones secundarias. Este 23 de agosto, Arturo Martínez (PS) irá por una quinta elección como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y de ganar -situación que hasta sus adversarios más enconados dan por hecho-, totalizará 16 años al mando. Todo, gracias a un fructífero pacto de colaboración mutua con un sector del Partido Comunista liderado por Guillermo Salinas, encargado por largo tiempo de las finanzas de la Central.

Ambos están entre los dirigentes que han logrado mantenerse por más tiempo en el poder, y según las nuevas generaciones de sindicalistas, representan algo así como la parte más alta de la "aristocracia" sindical chilena.

Esa aristocracia -coinciden dirigentes de todas las tendencias políticas- ha sido amenazada en sucesivas oportunidades por nuevas camadas de sindicalistas, y casi todos los intentos han terminado igual: trabajadores expulsados de la CUT, aislados en posiciones secundarias o, simplemente, creando nuevos referentes, como la UNT y la CGT.

"Se va a hacer la comedia de la elección, como siempre"
Bullying sindical es el término que han acuñado algunos de estos trabajadores para referirse a un fenómeno que se da a todo nivel: en las cúpulas y entre los sindicatos de base.

Durante la semana, la dureza de los mecanismos de control y disciplina interna de las cúpulas sindicales volvió a expresarse, y tres organizaciones históricas de la Central fueron prácticamente expulsadas del proceso eleccionario de agosto: la Confusam (salud municipalizada), la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los contratistas, dirigida por Cristián Cuevas, y los trabajadores metalúrgicos del mundo privado, representados por el militante comunista José Ortiz. Estas tres organizaciones son adversarias de la conducción de Martínez y de Guillermo Salinas, y pretendían desplazarlos.

El presidente de la CTC, Cristián Cuevas (PC), denunció el modus operandi de este fenómeno: "Cada organización vota de acuerdo al número de trabajadores afiliados. Nosotros tenemos 30 mil trabajadores, y cuando fuimos a inscribirnos para participar de la elección nos impugnaron 23 mil. En la práctica, el 75% de nuestros asociados no va a poder ser parte del proceso bajo el argumento de que no presentamos a tiempo los certificados de vigencia de esos afiliados".

"Se nos ha exigido una serie de documentos -agrega-, y cuando eso no ocurre con todas las organizaciones, es evidente que hay un proceso de obstrucción dirigido por el Consejo Nacional de la CUT, cuya responsabilidad política es de Martínez y de Guillermo Salinas", agrega.

El dirigente de la Confusam, Esteban Maturana (ex PS), también ha conocido los mecanismos con que la CUT impone disciplina entre sus afiliados. A mediados del año pasado adhirió a la denominada carta de los siete, que exigía adelantar las elecciones.

Hace unas semanas, su organización concurrió a inscribir su lista de trabajadores, y se encontró con que estaban excluidos del proceso: "Presentamos un padrón de ocho mil trabajadores, y nos dejaron fuera en un Consejo Directivo Ampliado. Se va a hacer la comedia de la elección, como siempre, aunque Martínez ya debe saber hasta cuántos votos va a sacar".

Otro de los adversarios históricos de Martínez es el militante del PC José Ortiz, cuyo sindicato también fue marginado: "Se nos acusa de no estar afiliados directamente a la CUT, pero lo estamos a través de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos. Se nos dejó afuera, aun cuando apenas teníamos 4.200 trabajadores, que no me alcanzaban para ser elegido".

El dirigente de la Fenpruss (profesionales de la salud) Claudio González (izquierda autónoma) también fue sacado del medio. Este asistente social fue quien leyó la carta de los siete en el Consejo Nacional de la CUT realizado el año pasado, y hasta hoy experimenta las consecuencias: "En la reciente elección de la directiva de la Fenpruss saqué la primera mayoría individual; esperaba ocupar al menos la vicepresidencia, pero ellos, principalmente militantes comunistas, se tomaron revancha, nos pasaron la máquina por encima, y conformaron el directorio nacional de otra forma. Quedé como coordinador de la Octava Región", relata.

"Imaginaba que los trabajadores éramos libres de discrepar, pero no es así"
En la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos también se han aplicado severas medidas disciplinarias. La presidenta del regional de Talca de esta organización, Juana Soto, fue destituida de su cargo por desistirse de participar de un recurso de protección que presentó el gremio para evitar los descuentos salariales por los días no trabajados durante el paro de funcionarios de 2010.

El presidente de esa organización desde 2008, Carlos Insunza (PC), reconoce la expulsión, y explica que la decisión no fue adoptada por la directiva, sino por un tribunal de disciplina autónomo que consideró que la funcionaria había quebrantado la unidad y había actuado contra la organización.

Juana Soto, que dice no militar en ningún partido, en cambio, advierte que la sanción se aplicó por razones estrictamente políticas y que la directiva nacional avasalló una decisión democrática que adoptaron los trabajadores de Talca: "Nosotros no firmamos el recurso de protección porque consideramos que no podíamos poner en riesgo las fuentes de trabajo de todos los asociados. Nos dijeron traidores, nos expulsaron, nos quitaron todos los bienes, cabañas, beneficios sindicales. Yo me imaginaba que los trabajadores éramos libres de pensar y discrepar, pero no es así".

"Se rieron porque éramos una lista chica"
Para los dirigentes sindicales de derecha, la situación también es compleja. El diplomático y presidente de Adica (Asociación de Diplomáticos de Carrera), Francisco Devia (RN), presentó una lista en las recientes elecciones de la ANEF, y recuerda que apenas se hizo pública su candidatura, comenzaron los hostigamientos: "Un grupo de personas, por motivos políticos, quiso impedir nuestra candidatura. Hay una carta de 55 socios de Adica que dice que yo no represento a nadie. A mí me dijeron en asambleas que no iban a tolerar que alguien de derecha entrara al directorio de la ANEF como si ellos fueran una aristocracia sindical".

"Se rieron de nosotros -agrega- porque éramos una lista chica, pero fuimos a la elección, reclamamos a los tribunales electorales por una serie de irregularidades en el proceso y presentamos una denuncia criminal, una querella contra los que resulten responsables de fraude, porque hubo adulteración de firmas en algunas mesas y gente que votó sin ser funcionarios".

El 26 de junio, de hecho, el Tribunal Electoral se Santiago declaró nula la elección. Fuentes de la ANEF, en tanto, rechazan las acusaciones, y señalan que esa sentencia ya fue apelada en el Tricel de Santiago: "De tres mil mesas, Devia impugna cuatro. Además, es una sentencia de primera instancia. Nosotros apelamos, y se tiene que pronunciar el Tricel de Santiago, luego el Tricel Nacional, y también está la instancia de los tribunales ordinarios. La jugada de RN es igualar a la ANEF con la CUT".

Pablo Gutiérrez milita en la UDI y es presidente de Anfumin (funcionarios del Ministerio de Minería) hace un año. Fue parte de la lista que compitió contra el actual timonel de la ANEF, Raúl de la Puente (PS), y también acusa hostigamientos: "Desde cosas tan simples como compañeros que dejan de saludarte, hasta agresiones verbales, campañas de desprestigio. Incluso hay gente que prefiere no participar de actividades de camaradería que organizamos como una acción de rechazo a los dirigentes".

Ambos dirigentes de la Alianza hacen ver que De la Puente lleva siete periodos consecutivos al mando de la ANEF, con lo que totalizaría catorce años al mando.

Quieren el monopolio, no aceptan la existencia de otras centrales
Los choques también se expresan en la calle, señala Segundo Steilen, presidente de la Confederación Nacional Campesina, organización que es parte de la UNT, y que integra la mesa de diálogo agrícola que se conformó en 2007 entre trabajadores, gobierno y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Pese a los avances que muestra esta instancia de diálogo -dice el dirigente-, la CUT ha intentado permanentemente vetar a los representantes de la Confederación y levantar una mesa paralela: "Ellos quieren el monopolio, no aceptan la existencia de otras centrales", dice.

"A tanto llega la persecución, que una vez nosotros hicimos una marcha desde Mapocho, y queríamos entregarles una carta a la ministra y al Presidente. Cuando veníamos llegando se nos cruzaron cinco muchachos con un megáfono y con un cartel, y apareció en la tele que el acto era de ellos. Por primera vez la UNT hacía una marcha en Santiago, y salió que la habían hecho ellos", señala.

Alfonso Vera preside uno de los once sindicatos de la empresa de seguridad Securitas Chile -pertenece a la UNT, que se escindió de la CUT-, y también advierte que cada organización vela por sus propios intereses, dependiendo de la central a la que pertenecen: "Tuvimos una huelga que involucraba a 400 trabajadores, y ninguno de los otros sindicatos nos ofreció su solidaridad".

En octubre de 2008 esta situación tuvo una de las expresiones más recordadas entre los trabajadores del comercio. Esa vez, el entonces secretario de Conflictos de la CUT, Cristián Cuevas, patrocinó públicamente una estrategia de movilización de la Federación de Trabajadores de Ripley que encabeza el socialista Leandro Cortez, quien pretendía que doce sindicatos de esa multitienda negociaran en bloque -en los doce casos, los contratos colectivos vencían en la misma fecha.

En una reacción inédita hasta entonces, un grupo de consejeros de la CUT tomaron partido por la empresa, y entregaron una declaración desvirtuando la legalidad del proceso de negociación. Los dirigentes Noris Quezada y Horacio Bastías suscribieron esa declaración.

El 22% de todos los sindicatos del país adhiere a la CUT Aunque las tasas de sindicalización se han recuperado durante los últimos años, este fenómeno ha ocurrido al margen de la CUT: sólo el 22% de todos los sindicatos del país adhiere a esta organización.

Contra todo lo que podría suponerse, este fenómeno tampoco se ha traducido en un fortalecimiento de las otras centrales: de los 12.037 sindicatos activos en Chile, 279 adhieren a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y 270 a la Central Autónoma de Trabajadores (CAT).

Además, de un millón de trabajadores sindicalizados en Chile, más de 642 mil no pertenecen a ninguna de las tres centrales.

Y mientras las centrales se debilitan, las organizaciones intermedias se hacen más fuertes: en el comercio y la banca, por ejemplo, han surgido sindicatos a nivel de holding que buscan una mayor fuerza negociadora en materias laborales, pero que no adhieren a las centrales.
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